Mientras se incrementan los casos de distintas enfermedades como sífilis y gonorrea, y uno de cada cinco portadores de HIV tiene menos de 20 años, se registran recortes presupuestarios, desfinanciamiento y subejecuciones de partidas en programas destinados a fortalecer la prevención y la educación sexual. El llamado de atención del Comité de Derechos del Niño de la ONU, por las dificultades en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, sigue siendo desatendido por el Estado argentino.
Desde hace casi una década, cada 4 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual que tiene por objeto promover aquella labor social vinculada a reafirmar que los derechos sexuales son también derechos humanos fundamentales y universales. Esta fecha, que se celebra desde hace casi una década, fue instituida por integrantes de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) y por profesionales de todo el planeta.
Este año el lema es: “Educación sexual para todos/as/es: un puente hacia la salud sexual”. En este contexto, adquiere particular importancia lo que sucede en nuestro país con la instrumentación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), una norma que pese a haber sido sancionada en 2006 (el próximo 4 de octubre se cumplirán 13 años), aún no termina de implementarse cabalmente en nuestro país.
Cabe preguntarse, entonces, cuáles son los esfuerzos que se está haciendo desde el gobierno nacional para el efectivo cumplimiento de esta ley y el cumplimiento de los derechos que le asisten, principalmente, a todos los niños, niñas y adolescentes.
En ese sentido, si tenemos en cuenta los recursos asignados, evidentemente no parece ser una prioridad de la actual gestión, a punto tal que se le aplicó un recorte de más de $2 millones a las partidas asignadas al Fortalecimiento de la Educación Sexual Integral, iniciativa dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Se trata de un programa que, tanto en 2018 como en lo que va de 2019, registró una marcada subejecución de partidas.
Otra de las trabas del acceso a la educación sexual en la Argentina se encuentra en la propia normativa. La Ley 26.150 establece que la ESI debe alcanzar a todas las escuelas, tanto públicas como privadas. Pero el artículo cinco otorga una solapada discrecionalidad a las comunidades educativas para adaptar los contenidos en función de las convicciones de sus miembros. Ese es el paraguas legal al que recurren los responsables de algunos colegios de gestión privada para modificarlos, de forma arbitraria, en consonancia con sus creencias o directamente para no aplicarlos.
Programas de prevención
Si bien los datos epidemiológicos muestran una estabilización de la incidencia de VIH (el 20% de los varones y el 22% de las mujeres con VIH tienen menos de 25 años), en Argentina se viene registrado un alarmante aumento de distintas enfermedades de transmisión sexual tales como sífilis, gonorrea y la infección por clamidia. Este fenómeno las ha vuelto a posicionar entre los principales problemas de salud pública que necesitan especial atención, y más si se tiene en cuenta que entre los principales afectados se encuentran niños, niñas y adolescentes.
En lo que se refiere a sífilis, en 2017 (último dato oficial), se registró un importante salto en el reporte de casos, que alcanzó una tasa de 35,2 personas por 100.000 habitantes. La tasa se duplicó en apenas cinco años. Asimismo, la tasa de notificación de esta enfermedad, por grupo de edad, alcanza su pico en el intervalo 15 a 24 años y va descendiendo conforme aumenta la edad, lo que da cuenta del fuerte impacto que está teniendo entre adolescentes y jóvenes adultos.
En ese contexto, genera profunda preocupación las distintas medidas de ajuste, recortes y desfinanciamiento en programas nacionales que resultan claves no solo en lo que refiere a la prevención de estas patologías, sino también en tareas de investigación y vigilancia epidemiológica.
Un claro ejemplo es lo que viene sucediendo con el programa “Lucha Contra el SIDA y enfermedades de transmisión sexual e infecto contagiosas”, cuyo presupuesto asignado por ley viene registrando recortes desde hace tres años. En lo que va de 2019, se le aplicó un recorte de más de 93 millones de pesos, que suman a los 201 millones que se le quitaron el año pasado.
Entre sus objetivos, según consta en la Ley de Presupuesto 2019 aprobada por el congreso nacional, este programa está destinado a “fortalecer las políticas públicas nacionales y provinciales en VIH/SIDA, infecciones de transmisión sexual y hepatitis virales”. También se propone “disminuir la incidencia de la infección por VIH/SIDA y fortalecer la asistencia a las personas viviendo con VIH/SIDA; disminuir la incidencia de las infecciones de transmisión sexual y fortalecer el diagnóstico y tratamiento de las mismas; y fortalecer el Sistema de Vigilancia Epidemiológica; disminuir el estigma y la discriminación”.
A los recortes se le suma la subejecución presupuestaria, es decir, no utilizar la totalidad de los recursos asignados. En el caso del programa “Lucha Contra el SIDA y enfermedades de transmisión sexual e infecto contagiosas", las partidas no ejecutadas ascendieron a más de 325 millones de pesos solamente durante 2018.
Según el último boletín elaborado por la Dirección de Sida, ETS, Hepatitis y Tuberculosis, dependiente de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, “sigue siendo preocupante la situación de los varones de entre 25 y 29 años (con HIV), que no solo son quienes más casos concentran, sino que además han incrementado sus números en términos relativos”. De esta forma, en Argentina, se advierte una continúa masculinización de la epidemia, lo que se evidencia en el aumento de la cantidad de varones diagnosticados y en la caída del número de mujeres
La subejecución presupuestaria también está impacto en el programa “Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable”, a punto tal que solamente se ejecutó el 23,6% de los recursos asignados en lo que va del año. Este programa cuenta con una “canasta” de insumos que son distribuidos a alrededor de 5.000 efectores (centros de salud y hospitales) o a depósitos centrales de las jurisdicciones, en botiquines exclusivos de salud sexual.
Las dificultades que encuentran niños, niñas y adolescentes en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, y a la educación en ese ámbito, motivaron un llamado de atención al Estado argentino por parte del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. En su observación sobre Argentina, realizada en 2018, el Comité también alertó por “la elevada incidencia de embarazos entre las adolescentes y el alto riesgo de mortalidad materna entre las madres adolescentes, así como el acceso insuficiente a métodos anticonceptivos modernos y de planificación familiar”.
El Comité pidió garantizar que la educación sobre salud sexual y reproductiva forme parte del plan de estudios escolar obligatorio, y que en su formulación participen adolescentes de ambos sexos, y se preste particular atención a la prevención de los embarazos precoces y de las infecciones de transmisión sexual. También solicitó asegurar que los adolescentes dispongan de información sobre los métodos de planificación familiar y los anticonceptivos modernos en formatos accesibles y confidenciales y en las lenguas indígenas.
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