El Gobierno prohibió despidos y suspensiones.
La decisión fue oficializada por decreto luego de que en las últimas
jornadas Alberto Fernández haya retado públicamente a los empresarios
que decidieron echar trabajadores en medio de la pandemia de coronavirus
y el parate económico producto de la cuarentena obligatoria.
En el marco de la situación de emergencia que se encuentra la Argentina, el Poder Ejecutivo decretó que se prohíben “las suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo por el plazo de 60 días”. Con
respecto a despidos y suspensiones que se hayan efectuado “en violación
de lo dispuesto en el presente decreto, no producirán efecto alguno,
manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus
condiciones actuales”, se anunció.
“La crisis económica en que se encontraba el país se vio agravada por
el coronavirus”, justificó el Gobierno en los considerando donde
manifestó que el aislamiento social, preventivo y obligatorio “impacta
directamente sobre la actividad económica del país y en el sistema de
producción de bienes y servicios”. En ese sentido, se explicó el paquete
de medidas para pequeñas y medianas empresas para que puedan afrontar
el pago de salarios mientras persista la cuarentena.
Ante la posibilidad latente de una lluvia de despidos masivos producto
del parate prolongado hasta el 12 de abril, el Ejecutivo determinó la
prohibición de despidos y suspensiones: “En esta
instancia corresponde tutelar en forma directa a los trabajadores y a
las trabajadoras como correlato necesario a las medidas de apoyo y
sostén para el funcionamiento de las empresas, en este contexto de
emergencia”. “Esta crisis excepcional conlleva la necesidad de adoptar
medidas de idéntica índole asegurando a los trabajadores y a las
trabajadoras que esta situación de emergencia no les hará perder sus
puestos de trabajo, ya que el desempleo conlleva a la marginalidad de la
población”, se agregó en el decreto.
Por otra parte, se hizo mención a que la Organización Internacional del
Trabajo emitió un documento el pasado 23 de marzo donde revela la
preocupación mundial “y alude a la necesidad de que los gobiernos
implementen medidas dirigidas a paliar los efectos nocivos en el mundo
del trabajo, en particular en lo referido a la conservación de los
puestos de labor”.
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