(Infobae). El interbloque de diputados de Juntos por el Cambio se reúne para analizar qué postura tomará frente a algunas iniciativas del oficialismo, incluida la situación formoseña.
El pedido opositor para intervenir el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la provincia de Formosa no prosperará en el Congreso. Tampoco los reclamos para que algunos funcionarios se presenten a dar explicaciones ante el Parlamento nacional. Sin mayoría en ninguna de las dos cámaras la Coalición Cívica, que presentó la iniciativa, necesitaría no sólo el acompañamiento de Juntos por el Cambio (lo que se descuenta) sino también de diputados de otras bancadas. Según el sondeo que hizo Infobae, no habría apoyo suficiente. Además en el periodo de sesiones extraordinarias sólo pueden debatirse propuestas del Presidente y esta no está obviamente en los decretos de Alberto Fernández.
El camino institucional en sesiones ordinarias sería el análisis en comisión y luego la puesta en debate en el recinto. En caso de que un Presidente disponga una intervención provincial, puede hacerlo ad referendum de la aprobación del Congreso. Este no sería el caso.
Por ahora el interbloque opositor continuará con la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y analizará los pasos a seguir en una reunión que tendrá lugar hoy y en la que conversarán sobre todos los temas que agitan la agenda parlamentaria: la política energética, la situación de YPF, la ley de Biocombustibles y la suspensión de las PASO, entre otros.
“Por la grave situación de la nación es necesaria la oración por nuestra Patria, de todas y todos. El único pecado mortal que uno no puede cometer es no alzar la voz cuando todo sucede”, escribió en sus redes sociales Elisa Carrió, líder de la CC. Fue su bloque, con la firma de todos sus integrantes, el que solicitó la intervención del Ejecutivo y del Judicial formoseños “con el fin de garantizar la forma republicana de gobierno” tras las denuncias por la situación de las personas aisladas en un centro de COVID-19 y la detención de dos concejalas.
Tras el planteo opositor se sucedieron una serie de apoyos. Primero del Consejo Nacional del PJ y luego de varias figuras oficialistas, entre ellos el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, que es formoseño.
El miércoles pasado la Coalición Cívica presentó un proyecto de ley para intervenir por 180 días la provincia de Formosa, y denunciaron violaciones de derechos humanos cometidas por la gestión del gobernador Gildo Insfrán que endureció las restricciones sanitarias para evitar contagios por COVID.
El proyecto fue impulsado por Juan Manuel López y Mónica Frade, y acompañado por el resto de los legisladores: Marcela Campagnoli, Paula Oliveto, Alicia Terada, Maximiliano Ferraro, Carolina Castets, Lucila Lehmann, Rubén Manzi, Hécotr ‘Toty’ Flores, Leonor Martínez Villada, Mariana Stilman, Mariana Zuvic, y también Gabriela Lena, de la UCR, y Graciela Ocaña.
La iniciativa impulsa la intervención, la caducidad del mandato del gobernador y de su vicegobernador, Eber Solís y declara, en caso de aprobarse, “en comisión” a los funcionarios judiciales, además de la designación de un interventor que debería convocar a elecciones en un plazo de 180 días, prorrogables por una vez.
“El régimen que Gildo Insfrán ha instaurado en la provincia de Formosa no puede ser sostenido por el gobierno federal sin hacerse cómplice de la violencia institucional que utiliza ese gobernador para mantener bajo su puño de hierro a los habitantes de ese estado local”, denunciaron los diputados y diputadas de la CC al tiempo que reclamaron por “un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos”.
La respuesta llegó el fin de semana desde el PJ nacional que preside el sanjuanino José Luis Gioja, también diputado nacional. Con sello del partido y las firmas de Gioja y de los vicepresidentes Daniel Scioli, Lucía Corpacci, Leonardo Nardini, Rosana Bertone y Antonio Caló, no solo se defendió la gestión formoseña sino que se la destacó “por los indicadores sanitarios logrados en defensa de su población”. “La política sanitaria desplegada por el gobierno provincial logró tener la menor cantidad de contagios y la menor cantidad de muertes por COVID-19 en la República Argentina”, indicó el comunicado. Efectivamente según las cifras oficiales Formosa tiene hasta ahora nueve muertos, 807 casos confirmados de contagio y uno sólo registrado en el día de ayer.
“La feroz campaña política y mediática desatada nuevamente en contra de esa provincia no puede tener como verdadero fundamento, por ende, una preocupación sanitaria, ni mucho menos un interés por el bienestar del pueblo formoseño”, apuntaron desde el peronismo y consideraron “insólitos” los pedidos de intervención. ”Se dicen democráticos y republicanos, pero buscan, con estas artimañas, lograr los espacios que el voto popular de los formoseños les niega contundentemente”, agregaron en respuesta a la oposición.
Durante este lunes hubo fuertes cruces. Por un lado el senador Mayans defendió la estrategia sanitaria y en una entrevista con La Nación apuntó a Luis Naidenoff, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado. “Horacio Rodríguez Larreta tiene seis mil muertos y nadie le reclama por los derechos humanos. Estamos hablando de dos Torres Gemelas, pero nadie se queja”, subrayó.
De inmediato le contestó el también senador Martín Lousteau. “Mayans tiene una confusión importante, igual que cuando trata de dar clases de mayorías y minorías desde una provincia que viene abusando de la mayoría para modificar las instituciones y perpetuarse en el poder”, sostuvo. Y continuó: “El Jefe de Gobierno no tiene reclamos porque no viola los derechos humanos como está probado que se hace en Formosa, ni mete en prisión a dirigentes opositores como ocurrió con las recientes detenciones de las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz”.
Por el otro el diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR Formosa), junto a legisladores del interbloque de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto para interpelar a la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla. Les piden que informen públicamente sobre diversas cuestiones respecto a la situación que viven los formoseños en los denominados “Centros de Aislamiento” y sobre la denuncia por supuestas violaciones a los Derechos Humanos.
También Maximiliano Ferraro, de la CC y cercano al gobierno porteño, salió al cruce del senador Mayans: “Deje de mentir y decir disparates. En la provincia que Ud. representa no hay democracia, ni instituciones que protejan los derechos humanos y libertades de los formoseños. No son dueños y señores de la dignidad de las personas”. (Infobae).
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