MALVINAS ARGENTINAS: DIGNO DE UNA PELICULA. SESIÓN EN EL CONCEJO DELIBERANTE CON INCIDENTES Y ALGO MÁS. Por Carlos Pogonza.

MALVINAS ARGENTINAS, Abril 25, (PUNTO CERO) Se realizó una sesión en el Concejo Deliberante malvinense, que a su término origino una gresca entre concejales opositores y público que no compartía la postura por ellos presentada de constituir una comisión investigadora a raíz del pedido del juez Lucas Oyhanarte, que solicita a la Cámara de Apelaciones, para ser sometido a juicio oral y público al intendente Jesús Cariglino.
Este sector de concejales vio frustrada su intención de armar una comisión investigadora, moción que por mayoría quedo deshechada.
Esto llevó a que la discusión se trasladara a la televisión, y anoche, estuvieron en el programa televisivo Informe Central, en los estudios, los concejales Julio Alegre, Carlos Viana y Elizabeth Farese y desde un móvil, el intendente Jesús Cariglino.
Allí la concejal Farese expreso entre otras cosas que “Hoy tuvimos sesión en el Concejo Deliberante, los concejales del Frente Para la Victoria solicitamos que se cree una comisión investigadora. Lo pedimos y fue mandado a archivo. Cuando estábamos saliendo nos agredieron, agredieron al concejal Alegre, a su hija”.
Carlos Viana por su parte manifestó que “es la segunda vez que me agraden”.
Ante una consulta del conductor, Alegre dijo que “ellos cuentan con la mayoría en el Concejo Deliberante, lo que entra por el Frente de la Victoria se manda a archivo”. A su turno el periodista Rolando Graña le dice… “Bueno, pero eso forma parte del juego político, estamos hablando de algo más grave, de una acusación en la justicia”.

ACUSACION
Seguidamente Julio Alegre se descargo con una acusación al Intendente… “La señora de él, es dueña del 36 por ciento de la empresa de basura de Malvinas Argentinas”.
Rolando Graña. -¿Es verdad lo qué dice el concejal, qué su señora es dueña del 36 por ciento?-
Jesús Cariglino: -Es una falacia total, una mentira de las tantas que estos sujetos han venido diciendo permanentemente.
Hace nueve años que tengo una persecución de la justicia y de hecho esta comprobado, que hay una máquina adulterada (Ver más adelante), hay fiscal procesado, tres policías bonaerenses procesados.
Este es el primer medio que viene y me da la oportunidad de decirlo.
Nosotros hemos presentado todas las pruebas, y cada uno de los asfaltos contratados, se han realizado, que fue por la causa por lo que se inicio esto.
Lo que quiero decirle Graña, la justicia que me investigó a mi, que son dos o tres fiscales de acá, de San Martín, están procesados, están en la causa, hay una investigación, con peritos oficiales, con peritos de policía federal, peritos de la Provincia de Buenos Aires.
Rolando Graña: -Pero hay un pedido de elevación a juicio-
Cariglino: -Si, perfecto, la misma causa que eleva el fiscal de Quilmes a juicio oral y público a los denunciantes, a los policías y también al fiscal (N. de R.: Por fraguado de pruebas).
Que quiero decir con esto? Estos señores que usted tiene sentado ahí, son los que han endeudado a General Sarmiento y que hoy, once años de creado (Por Malvinas Argentnas), estamos pagando la deuda. Estos señores son los mismos funcionarios que tenían en General Sarmiento, para defender el patrimonio de la gente y la endeudaron y por dieciséis años vamos a estar pagando esa deuda.-
Graña: -¿Usted respeta la justicia?-
Cariglino: -¿Cómo no voy a respetar la justicia?, Fui el primero que me puse a disposición.-
Graña: -Está procesado… ¿No tendría que dar un paso al costado?-
Cariglino: -Porqué lo tengo qué dar? ¿No tengo el derecho de defensa? Y máxime cuando hay una investigación que dice que el fiscal trucho las pruebas, que la computadora fue cargada (adulterada) y esto fue (se demostró) ante peritos de partes, inclusive con los fiscales de San Martín presentes.
Esta causa es una patraña.
En Malvinas Argentinas, hay más de seis mil cuadras de tierra, nosotros hemos asfaltado más de tres mil, de las seis mil que quedan, figuran todas asfaltadas.
Sabe a quien deberíamos preguntarle esto?
A los señores que usted tiene sentado ahí y a otros que se esconden y mandan a estos muchachos a hacer denuncias públicamente.
A Alegre acá lo conoce todo el mundo, no camina las calles libremente. Del concejal Viana… ¿Qué voy a decir de él? Que lo juzguen sus vecinos, la población. Es un tema político y confío en la justicia para que la justicia, de una vez por todas, termine con esto.
Nueve años de persecución Graña. Usted cree que el vecino me voto, porque le gustaba? Me voto, porque trabajamos.
Graña: Respeto la decisión de la gente.-
Cariglino: -Si respeta la decisión de la gente, no me juzgue por adelantado. Y otra cosa que quiero desmentir, ya, públicamente, mi señora no tiene absolutamente nada que ver con la función pública, ni es dueña de absolutamente de nada. Y no inventemos más cosas por favor.-
Hasta aquí los tramos fundamentales de lo acontecido en el programa televisivo, pero cuál es la trama que hay atrás de todo? Cuáles son las hipótesis que se pueden manejar?
Hay a lo mejor una historia oculta?

DE QUE SE TRATA TODO?
Todo nace a partir de la famosa causa de la cooperativa 2 de Abril y obras de pavimentación realizadas y que según los denunciantes se le debían honorarios. Y quienes conocen la intimidad del intendente, recuerdan que en aquel momento, a los más allegados les comentaba: “La patria contratista se termino, se terminó aquello de aquello de vivir a costillas de hacerle juicios al estado y al final, sacarle la plata a la gente. Pagamos lo realmente hecho, ni un peso más, ni un peso menos y si tenemos que ir a juicio, iremos a juicio. Pero no podemos seguir permitiendo que esquilmen a la gente”.
Y al poco tiempo, se hizo notorio y público el juicio iniciado por los empresarios Carlos Pascual Rombolá y Carlos Alberto La Torre, estos habían acusado al jefe comunal y al secretario de gobierno por un supuesto incumplimiento en el pago de una obra de pavimentación. Para el municipio está probado que ésa deuda nunca existió, que tuvo un sinfín de vaivenes, incluyendo la detención del intendente Jesús Cariglino y del secretario de gobierno, Miguel Harari.

OBJETIVOS CRUZADOS
Hasta aquí, la parte pública y la que está continuamente en el candelero. Pero hay otras aristas, de las que muy poco se animan a hablar, vaya uno a saber los motivos.
No queda lugar a dudas, que en este juicio hay un contenido económico y donde la justicia debe dictaminar quien tiene la razón.
Pero hay otros matices, que les dan una relevancia particular a los actores de estos acontecimientos…
Por un diversos factores, más allá del juicio en si, no es nada ilógico decir que Jesús Cariglino no es bien visto por muchos funcionarios judiciales de los Tribunales de San Martín.
El intendente, desde sus primeros pasos en esa función, ha sido un permanente crítico de la lenta burocracia de la justicia con sede en San Martín y ha sido un ferviente impulsor de la descentralización de los mismos y que estos estén más cerca, más accesible a los vecinos. Y ese desguace no era o es bien visto por todos.

DENUNCIAS MOLESTAS
Tampoco es iluso poner en el terreno de las hipótesis que mucha gracia a los magistrados sanmartinianos les haya causado leer en Clarín y Crónica una solicitada que hablaba de direcciones de delincuentes buscados y donde se hizo una acusación directa cuando en un párrafo la solicitada expresaba “como el horroroso caso Gallo, donde la inacción directa de la Fiscalía de San Martín derivó en la muerte predecible y evitable de un joven honesto, y en las lesiones vitales de su madre”.
En Diario Popular y El Día, hubo una nueva arremetida contra el Ministerio Público de San Martín… “Luego de la muerte de Axel, y de las multitudinarias marchas ante el Congreso, la mujer del Oso, Analía Peralta, supuestamente prófuga, seguía viviendo en el mismo lugar. Gracias a los vecinos, desde el Municipio se entregó la información al Ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien inmediatamente ordenó el procedimiento con la Prefectura obteniendo la detención.
Al día de hoy, NO HAY CITACIONES POR LOS CASOS DENUNCIADOS. Sin embargo, la suegra del Oso Peralta realizó una falsa denuncia contra un vecino trabajador, y a las 24hs. la Fiscalía citó al vecino en carácter de acusado.(¡!)
Si se hubiera hecho lo que se debía, escuchar a los vecinos, protegerlos, investigar y apresar a los criminales, no habría que lamentar tantas vidas inocentes.
Hoy, la Justicia parece proteger a los delincuentes”.
Luego de tantas purgas policiales, ¿Cuándo comenzarán las purgas en la Justicia?
¿Cuándo comenzarán los fiscales a investigar y detener a las bestias en vez de aparecer como estrellas de TV en “Ser urbano”?
Sr. Fiscal Chichizola: ¿Cuántos Axel, cuántos vecinos anónimos deberán sufrir siendo que la Fiscalía dispone de las denuncias y los testimonios de los vecinos?No me importa la intimidación ni las operaciones en los medios.
Nadie va a callarme, porque lo que está en juego es la vida de nuestros hijos.
Téngalo por seguro”.
En otra solicitada entre otras cosas se expresó… “Desde la aparición de la primera solicitada, donde se señalaron la ubicación de diferentes bandas, la Fiscalía de San Martín a cargo del Fiscal Luis María Chichizola no ordenó ni un allanamiento o detención relacionada a lo publicado.
Pero sí realizó operaciones en los medios buscando desacreditar las denuncias mediante una campaña de desprestigio contra mi persona. Es necesario recordar que la Fiscalía de San Martín pidió mi detención en 2003 mediante argumentos falaces (que han llevado a la solicitud del Juicio Político a los involucrados), y que como creyente que soy de la Justicia, a tal me he sometido como corresponde”.

DEL ARCHIVO A LA LUZ
Decenas de causas que habían sido archivadas, por apelaciones presentadas por el municipio en representación de los vecinos, fueron aceptadas y obligo a los fiscales a reabrirlas y reanudar la investigación.

LA CONTRADENUNCIA
Oportunamente, los letrados del Intendente y el Secretario de Gobierno, presentaron una denuncia para que sea investigado el proceder de los fiscales de San Martín y de esa investigación se hizo cargo el Ministerio Público de Quilmes. Y en ese momento, muchos pensaron que era un ardid legal para demorar las cosas en la causa original de San Martín que perjudicaba al Intendente, al Secretario de Gobierno y los de más imputados.

LA SORPRESA
Sin embargo sorprendió a muchos, cuando se supo que el l Fiscal Luis Armella, a cargo de la UFI N° 2 de Quilmes, pidió la elevación a juicio en la causa seguida a los denunciantes del intendente de Malvinas Argentinas Jesús Cariglino. También denunció ante la Procuración General Bonaerense al fiscal Edgardo Ledesma, titular de la UFI Nº 9 de San Martín que habría acusado a Cariglino usando pruebas falsas aportadas por los denunciantes.
El requerimiento de elevación a juicio alcanza a Carlos Pascual Rombolá y Carlos Alberto La Torre al comprobarse que eran falsas las pruebas que ellos y el fiscal de la UFI N° 9 de San Martín, Edgardo Ledesma habían usado contra Cariglino.
La causa de Quilmes fue iniciada por encargo de la Procuración General Bonaerense luego de la detención que en Noviembre del 2003 sufriera Cariglino.
De las pericias realizadas por el fiscal Armella de Quilmes surgió la adulteración de una computadora ofrecida como prueba por los denunciantes Rombolá y La Torre y utilizada por el fiscal Ledesma como base de su acusación.
Lo sorprendente es que la computadora mientras estuvo bajo la custodia de la fiscalía de San Martín, también fue objeto de adulteración. Para ejecutar esta maniobra los denunciantes contaron con la complicidad de dos policías bonaerenses, encargados de custodiar la CPU.

LA FRUTILLA DEL POSTRE
El fiscal general de San Martín, Dr. Luis María Chichizola no quería ruidos y alejarse lo más discretamente posible, pero el diario El Sol de Quilmes, lo expuso, por lo siguiente:
La noticia sobre la presentación de la renuncia al cargo de fiscal general del Departamento Judicial San Martín de parte de Luis María Chichizola causó una rotunda sorpresa y comentarios de todo tipo en los ámbitos más altos del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y de la política bonaerense.Como lo adelantó EL SOL, el doctor Chichizola presentó su renuncia, según lo fundamentaron fuentes inobjetables a las que este matutino tuvo acceso, con el objetivo de no ser sometido a juicio político por las gravísimas irregularidades que se corroboraron desde la UFI (Unidad Funcional de Instrucción) Nº 2 quilmeña cuando era conducida por el entonces fiscal Luis Armella, quien en la actualidad se desempeña como juez federal de Quilmes.
La causa penal que desembocó en la dimisión de Chichizola comenzó cuando fue denunciado el intendente de Malvinas Argentinas, Chichizola, por un supuesto incumplimiento en el pago de una obra.
Sin embargo, tras la investigación del doctor Chichizola (designado en lugar de los investigadores de San Martín, sobre los que pesaban y pesan fuertes sospechas) los denunciantes -Carlos Rombolá y Carlos La Torre- terminaron como imputados y en poco tiempo serán juzgados en un debate oral acusados de haber utilizado pruebas falsas en contra del jefe comunal del oeste bonaerense.
Además, trascendió que cuando el doctor Chichizola presentó su dimisión como jefe de los fiscales de San Martín habría argumentado que lo hacía por una cuestión de edad, tal circunstancia incluso era comentada con sutiles ironías por parte de varios profesionales del Derecho.
Estos consideran que ese argumento aparece cuando se ciernen sobre él (y no se descarta a otros representantes del Ministerio Público bajo la misma situación) la alternativa de un juicio político.

Irregularidades
Vale recordar que el propio juez de garantías de la causa, Oscar Quintana -actual camarista del Departamento Judicial San Isidro-, sentenció a EL SOL que dentro de todas las irregularidades que detectó Armella desde Quilmes sobresalió la que se encontró en la CPU de una computadora, la que fue secuestrada el 7 de julio de 2000 por el fiscal de San Martín que estuvo en un comienzo a cargo del proceso y a pesar de esto le siguieron ingresando datos para "armar" pruebas.
El doctor Quintana recalcó que las maniobras eran "muy groseras" resaltando que "es lamentable cuando lo hace quien debe llevar una investigación y viola los derechos constitucionales. Llevo 30 años en el Poder Judicial y jamás había visto algo así, como el hecho de 'truchar' una prueba". (PUNTO CERO).