Voces a favor y en contra de la 'iniciativa popular' '. Control zeta' para la reforma judicial. Por Santiago Pérez.

Los abogados Daniel Sabsay e Iván Cullen presentaron una 'iniciativa popular' para juntar un millón de firmas y así derogar las leyes de creación de cámaras de Casación, la nueva Magistratura y la regulación de cautelares. Opiniones cruzadas a Diario Judicial de los juristas Sabsay, Félix Loñ y Eduardo Barcesat.

“Firmemos por la Justicia. Sin Justicia no hay derechos”, es el nombre de la iniciativa llevada a cabo por los abogados constitucionalistas Daniel Sabsay e Iván Cullen. En ella pretenden juntar más de un millón de firmas para que se deroguen tres leyes del paquete enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo: la de reforma del Consejo de la Magistratura, la de creación de nuevas cámaras de Casación y la de regulación de las medidas cautelares contra el Estado.

En la presentación de la propuesta, Sabsay destacó que “estas leyes generan una enorme dificultad para el funcionamiento de la Justicia”, a la vez que manifestó que para que su idea sea llevada a cabo y estas cuestiones sean discutidas nuevamente en el Congreso se necesita el 1.5% del padrón electoral, es decir, 433.775 firmas. Esto es parte de lo que se conoce como “iniciativa popular”.

Según explicó Sabsay a Diario Judicial, este es un recurso válido para cualquier ciudadano y desde su lugar, junto a Cullen, ya cuentan con el aval de la Defensoría del Pueblo. “Estamos en la largada, como ya obtuvimos la autorización el jueves pasado para comenzar a juntar y llenar los formularios, todo está comenzando, por eso ya nos largamos con ‘bombos y platillos’”, afirmó el letrado.

En la presentación de la semana pasada, Cullen aclaró que el planteo es sobre las tres leyes señaladas porque son las que pueden perjudicar al Poder Judicial de forma concreta. Por eso no dudó en asegurar que las otras propuestas del Ejecutivo representaban un “maquillaje”.

Pero vale recordar de qué van los proyectos elaborados desde el Gobierno nacional y presentados ante el Congreso: la reforma del Consejo planteaba la elección de sus integrantes a través del voto popular. Los jueces, abogados e integrantes de la pata académica serían selectos a través de este sistema. Además se ampliaba el número de miembros y se podía suspender o designar a un juez con la mayoría simple. De todas formas, la Corte Suprema dictaminó la inconstitucionalidad de la medida.

En tanto, la regulación de las medidas cautelares contra el Estado implica nuevos plazos para los magistrados: las cuestiones que tengan que tratar a través de las acciones de amparo no pueden tardar más de seis meses en ser resueltas. La presidente Cristina Fernández había afirmado en abril de este año que muchos jueces “interrumpen la aplicación de leyes y decretos dictados por autoridades elegidas legítimamente” al no pronunciarse en plazos menos extendidos.

Finalmente, la ley que prevé la creación de nuevas cámaras de Casación para los fueros Contencioso Administrativo, del Trabajo y la Seguridad Social y Civil y Comercial, todos ellos, con competencia en lo Nacional y Federal.

Sabsay consignó a Diario Judicial que “las tres leyes que hemos elegido para llevar a cabo nuestro proyecto entendimos que las tres leyes seleccionadas son todas igual de dañinas porque componen un sistema. Porque al funcionar en conjunto generan un mismo perjuicio genérico para el Poder Judicial. Por ejemplo, la reforma del Consejo de la Magistratura hace que todo quede en manos del Poder Ejecutivo”.

En este orden de ideas, el abogado manifestó que “la combinación entre la modalidad de elección, el incremento de la cantidad de integrantes y el uso de una mayoría simple hacen que sea imposible e improbable que el oficialismo de turno no domine a la Justicia. Es tan simple como que se cercena la independencia del Poder Judicial. Porque si el Consejo decide quién ejerce como juez, nadie va a querer dictar una sentencia en contra del Gobierno de turno”.

Al mismo tiempo, el letrado aseguró que la ley que regula la presentación de medidas cautelares contra el Estado deja indefensos a los particulares y hace que el Gobierno de turno sea “un privilegiado” a salvo de cualquier acción que pueda interponerse contra “todo acto arbitrario que se cometa”.

Sabsay también criticó que con la creación de cámaras de Casación lo que se pretende es alejar “aún más” a la Corte Suprema de su función dentro del Poder Judicial. “Buscan tomar parte de la competencia para dilatar la llegada al” Máximo Tribunal nacional.

Eduardo Barcesat, al ser consultado por Diario Judicial, salió al cruce de la iniciativa de Sabsay y Cullen y afirmó que no la apoya. “Hay que distinguir las explicaciones y circunstancias que se tuvieron en consideración para elaborar los proyectos de ley. La de medidas cautelares tiene algunas hipótesis de aplicación, como la económica, donde los reclamos pueden hacer pesar la solvencia del Estado”. Al respecto, afirmó que “trabar medidas cautelares que inmovilicen activos aparece como una medida innecesaria”.

El abogado también remarcó la importancia del ejercicio del contralor de los jueces en las cuestiones que involucran problemas como el desatado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, donde él mismo participó como letrado. “La jurisprudencia del CIADI es profundamente anticonstitucional”, destacó.

Barcesat también se encargó de “aclarar” que siempre se hace una lectura errónea del artículo 114 de la Constitución nacional, esto en relación al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura: “Estoy totalmente de acuerdo con el principio de representación popular, porque el artículo mencionado no habla de los representantes de los jueces, abogados y académicos sino que dice, textualmente, que la representación será en la forma y proporción que la ley determine”.

Esto significa, según explicó el letrado, que “hay una delegación específica del legislador constituyente hacia el Congreso de la nación, por lo que de ninguna manera la norma que dicten los diputados y senadores, cuando hay una delegación explícita como esta, puede ser considera inconstitucional”.

El abogado agregó que la espera para que la Corte resuelva un caso hace necesaria una instancia de casación. “De 11.000 casos que le llegan a la Corte solo 1.000 son resueltos. El Máximo Tribunal nacional debería convertirse en un Tribunal Constitucional y resolver solo esas cuestiones de fondo”.

El colega de ambos, Félix Loñ, defendió la iniciativa de Sabsay al asegurar que “es una iniciativa loable, se trata de convocar a la ciudadanía, es la voluntad de la gente y yo creo, personalmente, que van a reunir ese millón de firmas que pretenden. No son necesarias tantas para que se atienda el reclamo parlamentario, pero igual lo van a lograr y el Congreso tendrá que expedirse nuevamente. Apoyo firmemente la propuesta”.

Pero a diferencia de sus pares, Loñ no dudó en afirmar que la reforma al Consejo de la Magistratura le parecía la “más grave” de las propuestas. “El Consejo se convierte de esta forma en un apéndice del Poder Ejecutivo de turno. Si el Gobierno tiene los dos tercios, ¿qué juez va a dictar una sentencia en su contra? La estabilidad del magistrado va a depender del gobernante de turno, es una cosa horrenda”.

También precisó que “en materia previsional, la creación de cámaras de Casación representa un verdadero trato inhumano a los miles de jubilados que verán los procesos que llevan a cabo prolongados mucho tiempo más, como si les sobrara. Agregar una instancia más para esta gente no es correcto”.

Finalmente, en relación al nuevo régimen de medidas cautelares, Loñ aseveró que “el Estado queda colocado en una situación de privilegio, mientras que los particulares están indefensos y cuentan con menos herramientas para afrontar situaciones de vulnerabilidad”. (Diario Judicial).