En diálogo con Info Región, el diputado nacional del FIT Néstor Pitrola relató los hechos por los cuales dos dirigentes de ATE y uno de SITEA fueron acusados en el marco del artículo 194 del Código Penal, que implica prisión de tres meses a dos años. “El protocolo de Bullrich y Macri es represivo, intimidatorio y criminalizador”, advirtió el legislador.
Aunque hace poco más de dos semanas decenas de miles de trabajadores se movilizaron a lo largo y ancho del país durante la jornada de paro nacional de ATE, en Mendoza tres dirigentes fueron imputados en el marco del artículo 194 del Código Penal, que establece penas de hasta tres años.
“La penalización por artículo 194, tal cual indica el protocolo de (la ministra de seguridad, Patricia) Bullrich y (el presidente Mauricio) Macri, viene en este caso del día del paro del 24 de febrero. Fue un paro nacional en el que en Buenos Aires hubo 25 mil personas, 15 mil en Neuquén y otras 15 mil en Mendoza movilizadas. Fueron grandes marchas. Sin embargo, Raquel Blas, Roberto Macho (dirigentes de ATE) y Federico Lorite (de Sitea), que fueron los oradores del acto de cierre frente a la Casa de Gobierno de Mendoza, están acusados como referentes y responsables de una movilización de masas”, detalló el diputado nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) Néstor Pitrola a Info Región.
Ayer, referentes del partido y del movimiento obrero se movilizaron frente a la Casa de Mendoza en la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por la situación. “Estamos ante un paso emblemático, ejemplificador, del comienzo de la aplicación del Protocolo. Hay una campaña de solidaridad, de pronunciamiento y de reclamo por lo que está sucediendo”, apuntó el dirigente.
Y denunció que el sábado, Macho, junto a otros seis trabajadores estatales, “fueron atacados por una patota” cuando repartían folletos al público del Hipódromo de la ciudad mendocina “porque hay 80 despidos de estatales en el Casino de la ciudad”. “Vino una patota de cincuenta personas, que está filmada, donde hay punteros del gobernador (mendocino, Alfredo) Cornejo, que atacó brutalmente a los compañeros y algunos debieron ser hospitalizados”, aseguró.
Además, repudió que durante la movilización masiva del 24 de febrero, se aplique el protocolo sobre tres personas “sólo por ser oradoras en un acto”. “Son usados como referentes. Es el comienzo de una penalización a dirigentes sociales y/o políticos porque no es contra una persona que está incurriendo en un presunto delito, sino contra referentes de una movilización social por el artículo de la circulación”, advirtió.
Respecto de esto último, Pitrola hace referencia al artículo 194 del Código Penal, que se aplica como pena en el marco del Protocolo Antipiquete. El mismo establece que "será reprimido con prisión de tres meses a dos años" el que "impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas".
“Es un artículo que fue hecho para salteadores de caminos, de trenes, que no tiene nada que ver con la manifestación popular. Como coacción o usurpación de propiedad cuando los obreros ocupan una fábrica. Es decir, los artículos del Código Penal que están hechos para delitos comunes, el protocolo insta a utilizarlos contra la manifestación popular”, analizó.
Y señaló que “esto es un paso más en la criminalización de la protesta social”. “El protocolo de Bullrich es represivo, intimidatario y criminalizador porque habilita a las fuerzas policiales a filmar a los manifestantes, lo que tiene luego por objeto armar un proceso penal”, fustigó y repudió que también tenga en su espíritu “excluir a los periodistas”.
Es que el Protocolo también advierte, en su Capítulo III, que “la participación de los medios de comunicación se organizará de modo tal que, los periodistas, comunicadores y los miembros de sus equipos de trabajo desarrollen su labor informativa en una zona de ubicación determinada” para que “no interfieran con el procedimiento”.
“Hay mucha inquietud en el gremio de prensa. Vamos a tener una iniciativa aquí en el Congreso de la Nación con el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y gremios de todo el país contra el Protocolo de seguridad, que incluye una restricción a la libertad de prensa, que va en favor de la arbitrariedad policial y represiva”, sentenció. Cintia Vespasiani. (Inforegión).
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