Una de los debates de estos días es cuánto afectará a Macri la confirmación del procesamiento que hizo la Cámara Federal por el caso de las escuchas telefónicas en la opinión pública, y las consecuencias políticas que eso podría traer acarreado.
Cuando el juez Oyarbide dictó el procesamiento, previo a los festejos del Bicentenario, no hubo costos para Macri, logrando usufructuar su rol de víctima. En ese momento, el 39 % de los porteños creía que era inocente, contra el 37 % que lo veía culpable, y el 24 % no tenía opinión formada: sacaba un empate. El 44 % aprobaba su gestión a mediados de mayo, comparado con el 40 % de marzo. El 47 %, en mayo, pensaba que la ciudad iba por el buen camino, vs. el 42 % en marzo. Por otro lado, su intención de voto para presidente era estable, manteniéndose segundo en la zona metropolitana, varios puntos por debajo de Kirchner.
Por qué no afectaba? 1) no quedaba claro que sea culpable del delito que le imputan; 2) Oyarbide tiene mala fama, lo cual puede generar sospechas respecto a que en realidad forma parte de una operación política del gobierno.
Pero la realidad es dinámica. Al confirmar la Cámara el procesamiento sí se puede empezar a deteriorar la imagen de Macri, ya que la sociedad tenderá a pensar que “entonces algo hay de cierto” en la acusación. Como se trata de un procesamiento, y no de un juzgamiento, la cuestión no se definirá de la noche a la mañana, pero lo someterá a la presión de tener que responder por la causa todo el tiempo. Es decir que le teñirá toda su instalación como candidato en los próximos meses. En ese contexto, el macrismo decidió no apelar a la Cámara de Casación, ante la posibilidad de no exponerse a una tercera derrota jurídica, que también sería política.
La cuestión es: la victimización en política tiene un límite. Así como el omnipotente siempre corre el riesgo de ser visto como autócrata, la víctima corre el riesgo de ser percibido débil, sin fuerza, impotente. Pocos creen que De la Rúa haya sido víctima de un “golpe civil”, más allá de que haya existido o no. Por lo tanto, el jefe de gobierno porteño debería haber previsto un contraataque en donde le duela a sus supuestos victimarios, de manera de politizar la cuestión al máximo. Parece que recién ahora el oficialismo de la ciudad de Buenos Aires se dispone a devolver golpe con golpe.
Ninguna estrategia política puede quedarse en lo discursivo, ya que en esta actividad los hechos son esenciales. El haber acusado al gobierno nacional de ser el victimario tenía sentido para el primer round, no para los siguientes. La Argentina, y América Latina en general, estima más a los que pueden imponer su lógica política, ya que cualquier alternativa a eso hace pensar a la sociedad que el protagonista no tiene la suficiente habilidad política para sobrevivir en un mar de tiburones. Y este es el principal riesgo que corre el jefe de gobierno.
Al desarrollar hechos para responder políticamente, el adversario pensará dos veces lo que hace, temiendo por los costos. Si un dirigente no muestra los dientes oportunamente, puede animar a que lo vapuleen. La fuga hacia adelante del auto pedido de juicio político es una buena idea, pero harán falta más herramientas, ya que la cuestión legal va por otro curso.
Por otro lado, es cierto que el tema de las escuchas no es fundamental para la gente (como no lo es ninguna noticia sobre corrupción en el medio de la recuperación económica). Sin embargo, los hechos políticos y sus derivaciones pueden convertirse en un dolor de cabeza insolucionable.
Si no aparecen pruebas contundentes que impliquen a Macri, y si no existe masa crítica política para que lo destituyan, el jefe de gobierno puede zafar. Pero no necesariamente saldrá fortalecido.
Una vez que le quitan el poder a un dirigente o funcionario, ya sea por destitución, pérdida de elección, o simple renuncia, su peso político al día siguiente empieza a valer mucho menos. Solo basta poner dos ejemplos de fácil recordación: Ibarra y Redrado. Yrigoyen y Perón aparecen una vez cada varias décadas.
Cuando el juez Oyarbide dictó el procesamiento, previo a los festejos del Bicentenario, no hubo costos para Macri, logrando usufructuar su rol de víctima. En ese momento, el 39 % de los porteños creía que era inocente, contra el 37 % que lo veía culpable, y el 24 % no tenía opinión formada: sacaba un empate. El 44 % aprobaba su gestión a mediados de mayo, comparado con el 40 % de marzo. El 47 %, en mayo, pensaba que la ciudad iba por el buen camino, vs. el 42 % en marzo. Por otro lado, su intención de voto para presidente era estable, manteniéndose segundo en la zona metropolitana, varios puntos por debajo de Kirchner.
Por qué no afectaba? 1) no quedaba claro que sea culpable del delito que le imputan; 2) Oyarbide tiene mala fama, lo cual puede generar sospechas respecto a que en realidad forma parte de una operación política del gobierno.
Pero la realidad es dinámica. Al confirmar la Cámara el procesamiento sí se puede empezar a deteriorar la imagen de Macri, ya que la sociedad tenderá a pensar que “entonces algo hay de cierto” en la acusación. Como se trata de un procesamiento, y no de un juzgamiento, la cuestión no se definirá de la noche a la mañana, pero lo someterá a la presión de tener que responder por la causa todo el tiempo. Es decir que le teñirá toda su instalación como candidato en los próximos meses. En ese contexto, el macrismo decidió no apelar a la Cámara de Casación, ante la posibilidad de no exponerse a una tercera derrota jurídica, que también sería política.
La cuestión es: la victimización en política tiene un límite. Así como el omnipotente siempre corre el riesgo de ser visto como autócrata, la víctima corre el riesgo de ser percibido débil, sin fuerza, impotente. Pocos creen que De la Rúa haya sido víctima de un “golpe civil”, más allá de que haya existido o no. Por lo tanto, el jefe de gobierno porteño debería haber previsto un contraataque en donde le duela a sus supuestos victimarios, de manera de politizar la cuestión al máximo. Parece que recién ahora el oficialismo de la ciudad de Buenos Aires se dispone a devolver golpe con golpe.
Ninguna estrategia política puede quedarse en lo discursivo, ya que en esta actividad los hechos son esenciales. El haber acusado al gobierno nacional de ser el victimario tenía sentido para el primer round, no para los siguientes. La Argentina, y América Latina en general, estima más a los que pueden imponer su lógica política, ya que cualquier alternativa a eso hace pensar a la sociedad que el protagonista no tiene la suficiente habilidad política para sobrevivir en un mar de tiburones. Y este es el principal riesgo que corre el jefe de gobierno.
Al desarrollar hechos para responder políticamente, el adversario pensará dos veces lo que hace, temiendo por los costos. Si un dirigente no muestra los dientes oportunamente, puede animar a que lo vapuleen. La fuga hacia adelante del auto pedido de juicio político es una buena idea, pero harán falta más herramientas, ya que la cuestión legal va por otro curso.
Por otro lado, es cierto que el tema de las escuchas no es fundamental para la gente (como no lo es ninguna noticia sobre corrupción en el medio de la recuperación económica). Sin embargo, los hechos políticos y sus derivaciones pueden convertirse en un dolor de cabeza insolucionable.
Si no aparecen pruebas contundentes que impliquen a Macri, y si no existe masa crítica política para que lo destituyan, el jefe de gobierno puede zafar. Pero no necesariamente saldrá fortalecido.
Una vez que le quitan el poder a un dirigente o funcionario, ya sea por destitución, pérdida de elección, o simple renuncia, su peso político al día siguiente empieza a valer mucho menos. Solo basta poner dos ejemplos de fácil recordación: Ibarra y Redrado. Yrigoyen y Perón aparecen una vez cada varias décadas.
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