El STJ de Río Negro dictó una medida cautelar para frenar un acuerdo del Ejecutivo provincial con China para producir alimento en esa provincia. De esta forma la Justicia respondió a las quejas de varios legisladores y habitantes que se opusieron frontalmente.
Inconstitucional, no ajustado a derecho, cuestionable. Así calificó al acuerdo agroalimentario la procuradora general de Río Negro, Liliana Piccinini, en octubre de este año, cuando trascendió que las negociaciones llevadas a cabo entre el país asiático y el Estado provincial estaban avanzadas. A partir de entonces se despertó la polémica, con diversos planteos realizados tanto por legisladores como por ciudadanos.
Luego de esta incursión de parte del Poder Judicial en el asunto, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro dictó una medida cautelar para frenar el accionar de la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang, que preveía invertir más de 1.500 millones de dólares en territorio rionegrino para producir alimentos.
Esta decisión provocó que la empresa decidiera retirar de nuestro país a los 12 técnicos que estaban abocados a realizar el proyecto que establecía la irrigación de hasta 300.000 hectáreas con la idea de que los productos producidos sean exportados exclusivamente a China.
La decisión de elaborar una medida cautelar de parte del STJ surgió como respuesta a un recurso de amparo presentado por la diputada del PJ Silvia Horne.
Durante un debate suscitado en la Cámara Baja, la legisladora aseguró que “la sociedad rionegrina no va a permitir que estos convenios avancen sin siquiera un tratamiento en la Legislatura y en los órganos de planificación como corresponden porque se contraponen con nuestra propia Constitución y con nuestra propia ley de procedimientos administrativos que no permite obviar el concurso público”.
La medida del STJ, firmada por Víctor Hugo Sodero Nievas, planteó que deben realizarse los estudios ambientales que sean necesarios y dar intervención previa a los municipios involucrados y "a los demás organismos provinciales e interjurisdiccionales competentes", como precisa el escrito judicial.
Además, desde el STJ consideraron que el decreto elaborado por el gobernador rionegrino, Miguel Saiz, ratificando las negociaciones, era un instrumento "muy precario" y "ni siquiera tiene el rango de preacuerdo". De esta forma echó por tierra las pretensiones de la empresa china que planeaba concretar su negocio con el cual permanecería en territorio argentino por más de veinte años.
De todas formas, según trascendió en distintos medios locales y nacionales, el nuevo gobierno electo en octubre pasado no está interesado en avanzar sobre el acuerdo entre el país asiático y la provincia. (Diario Judicial).
Inconstitucional, no ajustado a derecho, cuestionable. Así calificó al acuerdo agroalimentario la procuradora general de Río Negro, Liliana Piccinini, en octubre de este año, cuando trascendió que las negociaciones llevadas a cabo entre el país asiático y el Estado provincial estaban avanzadas. A partir de entonces se despertó la polémica, con diversos planteos realizados tanto por legisladores como por ciudadanos.
Luego de esta incursión de parte del Poder Judicial en el asunto, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro dictó una medida cautelar para frenar el accionar de la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang, que preveía invertir más de 1.500 millones de dólares en territorio rionegrino para producir alimentos.
Esta decisión provocó que la empresa decidiera retirar de nuestro país a los 12 técnicos que estaban abocados a realizar el proyecto que establecía la irrigación de hasta 300.000 hectáreas con la idea de que los productos producidos sean exportados exclusivamente a China.
La decisión de elaborar una medida cautelar de parte del STJ surgió como respuesta a un recurso de amparo presentado por la diputada del PJ Silvia Horne.
Durante un debate suscitado en la Cámara Baja, la legisladora aseguró que “la sociedad rionegrina no va a permitir que estos convenios avancen sin siquiera un tratamiento en la Legislatura y en los órganos de planificación como corresponden porque se contraponen con nuestra propia Constitución y con nuestra propia ley de procedimientos administrativos que no permite obviar el concurso público”.
La medida del STJ, firmada por Víctor Hugo Sodero Nievas, planteó que deben realizarse los estudios ambientales que sean necesarios y dar intervención previa a los municipios involucrados y "a los demás organismos provinciales e interjurisdiccionales competentes", como precisa el escrito judicial.
Además, desde el STJ consideraron que el decreto elaborado por el gobernador rionegrino, Miguel Saiz, ratificando las negociaciones, era un instrumento "muy precario" y "ni siquiera tiene el rango de preacuerdo". De esta forma echó por tierra las pretensiones de la empresa china que planeaba concretar su negocio con el cual permanecería en territorio argentino por más de veinte años.
De todas formas, según trascendió en distintos medios locales y nacionales, el nuevo gobierno electo en octubre pasado no está interesado en avanzar sobre el acuerdo entre el país asiático y la provincia. (Diario Judicial).
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