La reglamentación de la ley de prepagas igualó en controles a ese sistema con el de las obras sociales sindicales. Jorge Iapichino, titular de la Federación Médica Gremial de Capital Federal, propuso un fondo entre todos los sectores de la salud para financiar los tratamientos más costosos. Sería la propuesta de Cristina para eliminar el APE, otro motivo de disputa con los gremios.
La reglamentación de la ley de regulación de medicina prepaga alimentó los rumores sobre la inminente creación de un sistema único de salud de alta complejidad, que reemplace a la Administración de Programas Especiales (APE) controlado por la CGT y desfinanciado por el Gobierno.
Extrañamente, la demorada reglamentación de la norma sancionada en mayo incorporó a la regulación a las cooperativas y obras sociales sindicales, que habían sido excluidas mediante una aclaración incorporada en el Senado por el propio Frente para la Victoria.
De esta manera, el Ministerio de Salud podrá evaluar las posibilidades reales de las prepagas para financiar un tratamiento de alta complejidad, motivo de queja de las prestatarias, pero también hacer lo propio con las obras sociales sindicales, que derivan esa tarea en APE.
El futuro de ese organismo es un misterio. En la CGT reclaman por una deuda ascendería a 12 mil millones de pesos mientras que, por la cantidad de causas judiciales que afronta por desvío de fondos, sus funcionarios no se atreven a firmar expedientes.
En este escenario, Jorge Iapichino, titular de la Federación Médica Gremial de Capital Federal, propuso un esquema de salud integral para alta complejidad en un costoso dossier especial publicado en el diario Clarín.
Habló de un “fondo nacional de financierito de la salud” creado con aportes de los tres sectores del sistema: el público, las obras sociales sindicales y las prepagas. Así dejaría de tener sentido el APE y se acallaría el reclamo de los agentes de medicina prepaga, que aseguran no contar con recursos para afrontar a pacientes con enfermedades costosas.
El Gobierno, mediante este nuevo órgano, financiaría pero también auditaría con mayor rigor el cumplimiento de los tratamientos complejos y su correspondiente provisión de medicamentos en todos los niveles de la salud.
“Los sistemas de alta complejidad los tiene que manejar el Estado porque para las obras sociales son muy caros. Es lo que corresponde”, sostuvo ante LPO el diputado Ismael Passaglia, médico y ex director del hospital San Felipe de San Nicolás, e intendente electo de San Nicolás.
Passaglia señaló además que APE “no está funcionando como debería. Hay muchos casos en que las obras sociales están muy complicadas en recibir reintegros. Está claro que todo esto es parte de la pelea entre el Gobierno y la CGT”. (La Política OnLine).
La reglamentación de la ley de regulación de medicina prepaga alimentó los rumores sobre la inminente creación de un sistema único de salud de alta complejidad, que reemplace a la Administración de Programas Especiales (APE) controlado por la CGT y desfinanciado por el Gobierno.
Extrañamente, la demorada reglamentación de la norma sancionada en mayo incorporó a la regulación a las cooperativas y obras sociales sindicales, que habían sido excluidas mediante una aclaración incorporada en el Senado por el propio Frente para la Victoria.
De esta manera, el Ministerio de Salud podrá evaluar las posibilidades reales de las prepagas para financiar un tratamiento de alta complejidad, motivo de queja de las prestatarias, pero también hacer lo propio con las obras sociales sindicales, que derivan esa tarea en APE.
El futuro de ese organismo es un misterio. En la CGT reclaman por una deuda ascendería a 12 mil millones de pesos mientras que, por la cantidad de causas judiciales que afronta por desvío de fondos, sus funcionarios no se atreven a firmar expedientes.
En este escenario, Jorge Iapichino, titular de la Federación Médica Gremial de Capital Federal, propuso un esquema de salud integral para alta complejidad en un costoso dossier especial publicado en el diario Clarín.
Habló de un “fondo nacional de financierito de la salud” creado con aportes de los tres sectores del sistema: el público, las obras sociales sindicales y las prepagas. Así dejaría de tener sentido el APE y se acallaría el reclamo de los agentes de medicina prepaga, que aseguran no contar con recursos para afrontar a pacientes con enfermedades costosas.
El Gobierno, mediante este nuevo órgano, financiaría pero también auditaría con mayor rigor el cumplimiento de los tratamientos complejos y su correspondiente provisión de medicamentos en todos los niveles de la salud.
“Los sistemas de alta complejidad los tiene que manejar el Estado porque para las obras sociales son muy caros. Es lo que corresponde”, sostuvo ante LPO el diputado Ismael Passaglia, médico y ex director del hospital San Felipe de San Nicolás, e intendente electo de San Nicolás.
Passaglia señaló además que APE “no está funcionando como debería. Hay muchos casos en que las obras sociales están muy complicadas en recibir reintegros. Está claro que todo esto es parte de la pelea entre el Gobierno y la CGT”. (La Política OnLine).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario