Buenos Aires vs. Interior, nuevo capítulo del conflicto más antiguo. Por Daniel Galvalizi.

Una de las grietas más viejas de la historia argentina es la lucha entre el interior y el puerto, pleito nacido en los tiempos en que constituíamos las despobladas Provincias Unidas del Sur.
Batallas de Caseros y de Cepeda mediante, tras una masiva inmigración, la existencia de un proceso de industrialización y la conversión de la urbe portuaria de Buenos Aires en una megalópolis jurídicamente exótica (dividida en dos estados y una treintena de municipios), hoy en día esa vieja grieta no tiene tanto el eje en la Ciudad Autónoma, cuna del poder central, sino en la cabeza de Goliat: la provincia de Buenos Aires.
Desfinanciada y corroída por años de mala gestión, víctima de los narcisismos belicosos de sus gobernadores y los presidentes, hoy la provincia que produce el 35 por ciento del PBI argentino (y que contiene al 38 por ciento de los habitantes del país) tiene un hecho inédito: una alianza estratégica y simbiótica entre su gobernadora y el Presidente que, para quienes conocen las menudencias del Pro, es una alianza sin fecha de vencimiento.
En ese marco se cuela el debate por la coparticipación, regida por una ley sancionada en los 80 que desfinanció a Buenos Aires y que tuvo un acto de reparación (política, de Menem para con Duhalde) con el Fondo del Conurbano en 1992.
La Casa Rosada y el oficialismo y la oposición bonaerenses apoyan la decisión de corregir los desajustes que María Eugenia Vidal graficó con números sencillos: “La Provincia aporta el 35 por ciento del Producto Bruto pero recibe menos del 18 por ciento de los recursos coparticipables”.
El próximo 2 de agosto en Puerto Madryn, el ministro Rogelio Frigerio reunirá a todos los gobernadores para firmar el denominado Acuerdo de Fortalecimiento del Federalismo, que busca unificar criterios de gasto, inversión y transparencia en obra pública. Además, firmará bilateralmente la devolución del famoso 15 por ciento de coparticipación con los mandatarios que ya cuenten con el aval de sus respectivas Legislaturas. Pero en esa cumbre se espera también que la gobernadora lleve sobre la mesa su pedido de un nuevo pacto para actualizar el Fondo del Conurbano.
Es que desde la ley de 1992, ese fondo se compone del 10 por ciento de la recaudación del Impuesto a las Ganancias, pero luego, en 1996 (en el contexto de la disputa de poder entre Menem y Duhalde), se aprobó un tope nominal de 650 millones de pesos para Buenos Aires y se definió que el excedente de recursos sobre dicho tope debía ser repartido entre las demás provincias.
Esa proporción fue arrasada por los años de inflación: en 2015 el Fondo totalizó 37.805 millones de pesos pero Buenos Aires solamente percibió los 650 millones y el resto se repartió entre las provincias. “Nos perjudicamos porque recibimos el 1,5 por ciento del fondo: cada bonaerense recibe 5.000 pesos, mientras que el resto de los ciudadanos del país reciben 20.000 pesos per cápita”, afirmó Hernán Lacunza, ministro de Economía bonaerense, quien debe lidiar con un déficit de 25.000 millones.
La apropiación pactada del total del fondo por parte de Buenos Aires es una utopía porque las provincias terminarían cediendo fondos no solo en términos directos sino que se mantendría la restricción a la masa coparticipable (por el 10 por ciento que se extrae). En Cambiemos parecen no pedir tanto pero sí anhelan un acuerdo político que vaya en dirección de la devolución gradual de fondos a La Plata, sin que resquebraje la cooperación táctica que se ve en el Congreso entre muchos gobernadores peronistas y el Gobierno nacional.
La otra vía es la judicial. Un convenio de palabra con los gobernadores haría menos mella en sus arcas que un fallo de la Corte Suprema a favor de Buenos Aires. La demanda fue ingresada a principios de mes por parte de la gobernación, y si bien puede demorar muchos meses, las provincias no pueden calibrar con exactitud el daño de un fallo que busque subsanar la injusticia.

La cooptación Pro
La cúpula del macrismo puso el pie en el acelerador para sumar dirigentes peronistas. En estos días, Frigerio eligió la sobriedad de Twitter para anunciar que se quedaba con Eduardo Varela, excandidato del FR en Merlo, luego de que Gustavo Menéndez abandonara el massismo y disputara la interna (que terminó ganando) contra el histórico Raúl Othacehé.
“Veníamos charlando hace dos meses y se definió el tema con Rogelio y Emilio [Monzó]”, explicó uno de los funcionarios que participó en las negociaciones, y recordó que ya en mayo pasado habían sumado a Aníbal Asseff, también candidato a intendente del massismo en Moreno.
Desde el Pro destacaban que tanto Asseff como Varela “salieron segundos” en sus distritos, aunque en realidad eso está más relacionado a la buena performance de Massa en el segundo cordón del Conurbano en comparación con el interior provincial y el primer cordón. En la foto difundida estaban, además, dos de los funcionarios abocados por estos días a sumar peronistas: el viceministro de Interior, Sebastián García de Luca, y el subsecretario de Asuntos Municipales, Lucas Delfino.
La estrategia del Pro en Provincia es clara: no quieren que todos los dirigentes que provoca el gradual deshilachamiento del kirchnerismo se vayan con Massa, aseguran por lo bajo. Es una estrategia apoyada por Vidal, quien accedió para la foto en las mayores adquisiciones: los intendentes Joaquín de la Torre (San Miguel) y Hernán Bertellys (Azul), este último, del Frente para la Victoria.
En la vereda de enfrente están los berrinches de los aliados de la UCR y la Coalición Cívica, que no quieren sumar PJ a Cambiemos. Pero poco parece importarle al Pro, que solamente piensa en no perder en las elecciones de medio término y poder estar con las manos menos atadas en el Congreso nacional y la Legislatura bonaerense. Porque lo que está en juego para ellos no es la marca Cambiemos, sino la subsistencia misma. (Noticias Urbanas).