viernes, mayo 25, 2018

“Penalizar el aborto es sostener una posición dogmática y unilateral”

María Elena Naddeo, presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos humanos (APDH), expuso esta mañana en la Cámara de Diputados de la Nación en el marco de las sesiones de comisión que se vienen realizando para dar tratamiento a los proyectos de despenalización del aborto.
Naddeo, también directora del Programa de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, hizo hincapié en que las normas del derecho internacional respaldan el proyecto de la Campaña de Aborto Legal Seguro y Gratuito y sostuvo “que desconocerlas pone a nuestro país en el lugar de incumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos y sus normas derivadas”.
Citó distintas Convenciones internacionales hasta llegar a la interpretación que hizo la Corte Interamericana sobre “la Convención Americana y la Declaración Americana de derechos humanos” cuando habla de que  “toda persona tiene derecho a la vida en general desde su concepción” y se expidió en el mencionado fallo Artavia – Murillo (CIDH): “(…) que no pueden equipararse los embriones a las personas (…). y que el embrión no tiene vida autónoma por fuera de la mujer que lo anida, por lo cual toda protección debe referirse a la mujer embarazada y al conjunto de sus derechos, entre ellos el derecho a la salud, a la salud mental, a la confidencialidad a la privacidad, a la no discriminación”.
 “Penalizar el aborto es sostener una posición dogmática y unilateral. Las resistencias a la aprobación del derecho al aborto legal seguro y gratuito refieren a posicionamientos dogmáticos religiosos y contrarios al avance de los derechos. Dichos posicionamientos religiosos  son totalmente respetables en el fueron de la intimidad, pero no pueden imponerse en las decisiones del Estado”, expresó la ex legisladora porteña.
Recordó también que “los fundamentos de quienes se oponen al proyecto de aborto legal son similares a quienes cuestionaban el derecho al divorcio vincular en los años ‘80 y más recientemente quienes se oponían al acceso de las y los adolescentes a los servicios de anticoncepción gratuitos en el sistema público de salud”.

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