María Elena Naddeo, presidenta de la Asamblea Permanente por los
Derechos humanos (APDH), expuso esta mañana en la Cámara de Diputados de
la Nación en el marco de las sesiones de comisión que se vienen
realizando para dar tratamiento a los proyectos de despenalización del
aborto.
Naddeo, también directora del Programa de Niñez, Adolescencia y
Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, hizo hincapié en que
las normas del derecho internacional respaldan el proyecto de la Campaña
de Aborto Legal Seguro y Gratuito y sostuvo “que desconocerlas pone a
nuestro país en el lugar de incumplimiento de los tratados
internacionales de derechos humanos y sus normas derivadas”.
Citó distintas Convenciones internacionales hasta llegar a la
interpretación que hizo la Corte Interamericana sobre “la Convención
Americana y la Declaración Americana de derechos humanos” cuando habla
de que “toda persona tiene derecho a la vida en general desde su
concepción” y se expidió en el mencionado fallo Artavia – Murillo
(CIDH): “(…) que no pueden equipararse los embriones a las personas (…).
y que el embrión no tiene vida autónoma por fuera de la mujer que lo
anida, por lo cual toda protección debe referirse a la mujer embarazada y
al conjunto de sus derechos, entre ellos el derecho a la salud, a la
salud mental, a la confidencialidad a la privacidad, a la no
discriminación”.
“Penalizar el aborto es sostener una posición dogmática y
unilateral. Las resistencias a la aprobación del derecho al aborto legal
seguro y gratuito refieren a posicionamientos dogmáticos religiosos y
contrarios al avance de los derechos. Dichos posicionamientos
religiosos son totalmente respetables en el fueron de la intimidad,
pero no pueden imponerse en las decisiones del Estado”, expresó la ex
legisladora porteña.
Recordó también que “los fundamentos de quienes se oponen al proyecto
de aborto legal son similares a quienes cuestionaban el derecho al
divorcio vincular en los años ‘80 y más recientemente quienes se oponían
al acceso de las y los adolescentes a los servicios de anticoncepción
gratuitos en el sistema público de salud”.
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