jueves, junio 10, 2010

La justicia porteña suma competencias y podrá juzgar a los funcionarios

(La Política OnLine). El tercer convenio sobre el traspaso de competencias penales de la Nación al ámbito de Capital, ya estipula derivar unos 30 delitos entre los que se encuentra el "incumplimiento de los deberes del funcionario público" y "enriquecimiento ilícito" vinculado a la administración porteña. Desde la Ciudad, esperan que esta vez, el traspaso venga con las partidas presupuestarias correspondientes. Qué pasará con los jueces correcionales. El borrador del 3er convenio.

Gerardo Ingaramo y Orlando Pulvirenti -Presidente y Director de la Comisión de Justicia de la Legislatura respectivamente-, junto a los diputados nacionales Ricardo Gil Lavedra, Gustavo Ferrari, Laura Alonso y Diana ContiVer más imágenes»
En vistas al “progresivo y ordenado” traspaso de competencias penales del ámbito nacional al de la Ciudad –y en orden a un plan que tuvo su antecedente diez años atrás y que hoy discuten el secretario de Justicia, Héctor Masquelet, y el subsecretario de Justicia de la Ciudad, Daniel Presti-, miembros del Poder Legislativo y del Judicial de ambas jurisdicciones ya acuerdan los detalles del 3º convenio que proyecta sumar más de 27 delitos que pasaran a tramitar en la Ciudad.

El “traspaso de ciertas competencias para entender en determinadas figuras penales” –como se cuidan en mencionar fuentes del Poder Judicial porteño a LPO- se dará de los 12 juzgados correccionales nacionales a los 31 juzgados en lo penal, contravencional y de faltas que subyacen en la Ciudad. Parece haber consenso en que el traslado se efectúe, aunque distintas voces apuntan a que se repetirá el incumplimiento de Nación en cuanto a la asignación de partidas presupuestarias.

Ni en el primer convenio –aprobado a fines de 2000 por la Ley 597 de la Ciudad y la 25.752 de Nación, que traspasó entre un reducido puñado de delitos menores, la competencia en casos vinculados con la tenencia y portación de armas de uso civil- ni en el segundo –de 2004, por la Ley Nacional Nº 26.357 y la Ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.257, entre los que se encuentran los delitos de daño, lesiones en riña, usurpación de título, maltrato a animales, entre otros- se acompañó, con el traspaso, la partida correspondiente, por lo que “los vecinos de la Ciudad siguen haciéndose cargo del costo por estas nuevas causas”, criticó muy molesto un referente porteño del Poder Judicial.

El diputado del PRO Gerardo Ingaramo, presidente de la Comisión de Justicia en la Legislatura de la Ciudad, se mostró confiado frente a LPO en que “los convenios hay que cumplirlos y está previsto que el traslado venga con las partidas”. En los convenios anteriores también estaba previsto y no se cumplió, y es por eso que Ingaramo apela a que esta vez se concrete e insiste con “el reclamo autonómico, que hay que tenerlo latente”.

Funcionarios de Ciudad, al banquillo de Ciudad

Aún así y en diálogo con La Política Online, altas fuentes del Consejo de la Magistratura de la Ciudad constataron que están dispuestos a “patear la discusión de las partidas para otro momento más oportuno”, con tal que se haga efectivo el tercer convenio que le dará más independencia a la Ciudad: “En lo inmediato estamos dispuestos a bancar el traspaso incluso sin las partidas. Igual, habrá que seguir insistiendo”, enfatizaron las fuentes.

Y es que la Ciudad está abierta a “sobrecargar” sus juzgados –ya que el traspaso sería de competencias, no de oficinas- porque sabe que sólo así obtendrá mayor independencia real. La joya del paquete de una treintena de delitos menores -entre los que está lesiones leves, defraudación, resistencia a la autoridad y enriquecimiento ilícito para con la administración pública de la Ciudad- que correrán por vías porteñas incluye el tan mentado “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Con el pase de estos delitos con penas menores a los tres años, y en especial con el corazón de este convenio que es el ilícito de incumplimiento, la Ciudad podría juzgar a sus propios funcionarios en delitos menores. Quedan así artilugios para que Nación tenga mayor injerencia en las causas, pero la puja será más compleja.

Incógnitas

Si bien “la transferencia está encaminada”, según asumen distintas voces tribunalicias, hay varios puntos grises que todavía complican el resultado que se busca. Uno de ellos es conocer qué sucederá con la Justicia Correccional Nacional cuando se vacíe por completo su competencia.

Por el momento, hay causas iniciadas que deberán tener un cierre en la esfera nacional. Pero de a poco, los juzgados correccionales se quedarán sin trabajo una vez mermado el residual, ya que tendrá competencia directa la Justicia Penal contravencional y de faltas de la Ciudad.

Hay dos hipótesis en danza para destrabar el conflicto: por un lado, “los magistrados podrían ir pasando a la Justicia ordinaria de instrucción”, tal como evalúa gente del Consejo porteño, sin descartar las sucesivas discusiones a librarse en torno a la validez del acto en función del concurso por el cual se designó a un juez para un determinado cargo –que, con la promoción, no es el que ocupará-.

Así, con la justicia correccional en extinción y a largo plazo, los jueces que dependían de Nación seguirán en la misma esfera, pero con una suerte de “asenso” no económico sino de estatus, ya que investigarían delitos más complejos. El plan sería articulado con “juzgados de transición”: “de 12, podrían ser 6 los que pasen a instrucción. El cambio debe ser progresivo. Pero te digo que los jueces se van a matar por ocupar esas 6 plazas a cubrir”, comentaron fuentes judiciales a este medio.

Por su parte, Ingaramo es conciente de la resistencia de buena parte de los magistrados que de ningún modo aceptarían la segunda opción: ser trasladados a la Ciudad.

“Pueden optimizarse las funciones de los tribunales porteños. Imaginemos que estos delitos generarán mayor demanda en Capital. Confío en que los jueces de Ciudad tendrán disponibilidad, no veo por qué haya que tener algún prurito para trabajar en el ámbito porteño y no advierto ningún impedimento legal. Además, ¿En base a qué argumento van a oponerse? Los jueces estarían en mayor desarrollo si estuvieran en Ciudad, frente a una Justicia más moderna”, expuso el diputado a LPO.

1 comentario:

info-derecho dijo...

Una competencia muy lógica