(El Civismo). El debate sobre el uso del glifosato encuentra al Concejo sin normas relacionadas con la temática. En paralelo, la sociedad rural regional ya planea su defensa del peligroso herbicida.
La repercusión del proyecto presentado por el Partido Socialista que propone prohibir el uso del glifosato en todo el partido de Luján, no tardó en generar repercusiones en distintos sectores de la sociedad.
En primera instancia, la propuesta desnudó el profundo desconocimiento que sobre el tema existe en el Concejo Deliberante. De acuerdo a la consulta que EL CIVISMO realizó a diversos concejales, el distrito carece de normativas que regulen la actividad de fumigaciones.
Por otra parte, y casi de inmediato, los sectores agropecuarios adelantaron su predisposición a defender la utilización de ese herbicida, cuyos efectos negativos en la salud han sido comprobados por diversos especialistas, investigaciones que encontraron eco en fallos judiciales originados en causas presentadas por poblaciones enteras.
Esta semana, el socialismo elevó un segundo proyecto de ordenanza que plantea regular el tránsito de vehículos terrestres o aéreos dedicados al transporte y aplicación de agroquímicos.
SIN REGULACIÓN
EL CIVISMO intentó conocer si en Luján existe una norma que incluya algún punto de la temática. Todos los ediles consultados por este medio coincidieron en marcar la ausencia de ordenanzas al respecto, y sólo en algunos casos se hizo referencia a leyes provinciales o al Código de Ordenamiento Urbano, que establecería una distancia mínima de 1.500 metros entre los campos habilitados para fumigar y las poblaciones.
Distinto es el panorama que presentan municipios vecinos como San Andrés de Giles o General Rodríguez. En el primero de los casos, a mediados de 2008 el Concejo sancionó dos ordenanzas relacionadas con el manejo de herbicidas y su correspondiente almacenamiento. Ambas propuestas intentan dar cobertura al cuidado de la salud.
En una de las normas se enumera el listado de productos: insecticidas, fungicidas, bactericidas, antibióticos, mamalicidas, avicidas, feromonas, molusquicidas, defoliantes, desecantes, fitorreguladores, herbicidas, coadyuvantes, repelentes, atractivos, fertilizantes e inoculantes.
La ordenanza establece “zonas urbanas ecológicamente protegidas”, donde “se prohíbe la utilización de los productos agroquímicos, en cualquiera de sus modalidades”.
Además, se declaran “zonas escolares ecológicamente protegidas a aquellas comprendidas entre el perímetro de los establecimientos escolares ubicados en el área rural determinada por el Código de Planeamiento y una distancia de 300 metros a su alrededor”. En esos sectores queda desautorizada la aplicación de agroquímicos por medios aéreos, “admitiéndose sólo la aplicación terrestre fuera del horario de clases”, y obliga a establecer “barreras naturales rompevientos” alrededor de las escuelas para disminuir la dispersión de esos tóxicos.
Sin embargo, en una nota difundida recientemente, el periódico La Libertad manifestaba que “no creemos que estas ordenanzas se cumplan en el ámbito del partido de San Andrés de Giles”.
Por otra parte, una información difundida por la agencia Dib expresa la intención del Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense de “buscar consensuar con los actores del sector una serie de modificaciones a la legislación actual que permitan, entre otros puntos, un mayor control de las aplicaciones aéreas, identificación de operarios y maquinarias, y requisitos más estrictos para el funcionamiento de las casi 1300 empresas del rubro”.
Según ese artículo, “la idea oficial es presentar antes de fin de año un proyecto para reformar la reglamentación de la ley de agroquímicos de la provincia (10.699), que data de 1988, y que no contempla en su articulado los profundos cambios que introdujeron desde la década anterior el uso de nuevas tecnologías rurales (como pulverizadoras autopropulsadas y banderilleros satelitales) y productos como herbicidas, fertilizantes e insecticidas, hoy extendidos en todo el territorio provincial”.
A modo de ejemplo, se menciona los casos de General Viamonte, Lincoln, Saladillo y General Rodríguez que, debido a casos concretos de daño ambiental registrados por esta causa, sancionaron ordenanzas que endurecieron los controles sobre el uso de agroquímicos.
DEFENSA CORPORATIVA
A fines de la semana pasada, desde la Asociación Regional de Productores Agropecuarios del Este (ARPAE), manifestaron a este medio su postura a favor del glifosato, un agroquímico cuestionado en diversos puntos del país por sus efectos negativos al medio ambiente y a la salud de poblaciones que en los últimos años fueron testigos del avance de la soja, cultivo cuya expansión degrada el suelo y atenta contra la diversidad alimenticia del país.
En un diálogo informal, el presidente de la sociedad rural de Luján y General Rodríguez, Guillermo Andelique, adelantó que en los próximos días la entidad recurrirá a las argumentaciones de un “especialista” en herbicidas para fundamentar su posición favorable al glifosato.
Si bien todavía no existió un pronunciamiento oficial, la postura de Andelique no encontraría unanimidad en el seno de ARPAE, pero más debido a una cuestión estratégica que a una preocupación genuina por el cuidado del medio ambiente y la salud de los vecinos. En ese sentido, algunos ruralistas consideran que desde el punto de vista argumentativo resulta imposible hablar del glifosato como una sustancia totalmente inocua, y por eso apuntan a negociar como mal menor para los intereses del sector el establecimiento de una distancia de fumigación prudencial de los centros urbanos.
La repercusión del proyecto presentado por el Partido Socialista que propone prohibir el uso del glifosato en todo el partido de Luján, no tardó en generar repercusiones en distintos sectores de la sociedad.
En primera instancia, la propuesta desnudó el profundo desconocimiento que sobre el tema existe en el Concejo Deliberante. De acuerdo a la consulta que EL CIVISMO realizó a diversos concejales, el distrito carece de normativas que regulen la actividad de fumigaciones.
Por otra parte, y casi de inmediato, los sectores agropecuarios adelantaron su predisposición a defender la utilización de ese herbicida, cuyos efectos negativos en la salud han sido comprobados por diversos especialistas, investigaciones que encontraron eco en fallos judiciales originados en causas presentadas por poblaciones enteras.
Esta semana, el socialismo elevó un segundo proyecto de ordenanza que plantea regular el tránsito de vehículos terrestres o aéreos dedicados al transporte y aplicación de agroquímicos.
SIN REGULACIÓN
EL CIVISMO intentó conocer si en Luján existe una norma que incluya algún punto de la temática. Todos los ediles consultados por este medio coincidieron en marcar la ausencia de ordenanzas al respecto, y sólo en algunos casos se hizo referencia a leyes provinciales o al Código de Ordenamiento Urbano, que establecería una distancia mínima de 1.500 metros entre los campos habilitados para fumigar y las poblaciones.
Distinto es el panorama que presentan municipios vecinos como San Andrés de Giles o General Rodríguez. En el primero de los casos, a mediados de 2008 el Concejo sancionó dos ordenanzas relacionadas con el manejo de herbicidas y su correspondiente almacenamiento. Ambas propuestas intentan dar cobertura al cuidado de la salud.
En una de las normas se enumera el listado de productos: insecticidas, fungicidas, bactericidas, antibióticos, mamalicidas, avicidas, feromonas, molusquicidas, defoliantes, desecantes, fitorreguladores, herbicidas, coadyuvantes, repelentes, atractivos, fertilizantes e inoculantes.
La ordenanza establece “zonas urbanas ecológicamente protegidas”, donde “se prohíbe la utilización de los productos agroquímicos, en cualquiera de sus modalidades”.
Además, se declaran “zonas escolares ecológicamente protegidas a aquellas comprendidas entre el perímetro de los establecimientos escolares ubicados en el área rural determinada por el Código de Planeamiento y una distancia de 300 metros a su alrededor”. En esos sectores queda desautorizada la aplicación de agroquímicos por medios aéreos, “admitiéndose sólo la aplicación terrestre fuera del horario de clases”, y obliga a establecer “barreras naturales rompevientos” alrededor de las escuelas para disminuir la dispersión de esos tóxicos.
Sin embargo, en una nota difundida recientemente, el periódico La Libertad manifestaba que “no creemos que estas ordenanzas se cumplan en el ámbito del partido de San Andrés de Giles”.
Por otra parte, una información difundida por la agencia Dib expresa la intención del Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense de “buscar consensuar con los actores del sector una serie de modificaciones a la legislación actual que permitan, entre otros puntos, un mayor control de las aplicaciones aéreas, identificación de operarios y maquinarias, y requisitos más estrictos para el funcionamiento de las casi 1300 empresas del rubro”.
Según ese artículo, “la idea oficial es presentar antes de fin de año un proyecto para reformar la reglamentación de la ley de agroquímicos de la provincia (10.699), que data de 1988, y que no contempla en su articulado los profundos cambios que introdujeron desde la década anterior el uso de nuevas tecnologías rurales (como pulverizadoras autopropulsadas y banderilleros satelitales) y productos como herbicidas, fertilizantes e insecticidas, hoy extendidos en todo el territorio provincial”.
A modo de ejemplo, se menciona los casos de General Viamonte, Lincoln, Saladillo y General Rodríguez que, debido a casos concretos de daño ambiental registrados por esta causa, sancionaron ordenanzas que endurecieron los controles sobre el uso de agroquímicos.
DEFENSA CORPORATIVA
A fines de la semana pasada, desde la Asociación Regional de Productores Agropecuarios del Este (ARPAE), manifestaron a este medio su postura a favor del glifosato, un agroquímico cuestionado en diversos puntos del país por sus efectos negativos al medio ambiente y a la salud de poblaciones que en los últimos años fueron testigos del avance de la soja, cultivo cuya expansión degrada el suelo y atenta contra la diversidad alimenticia del país.
En un diálogo informal, el presidente de la sociedad rural de Luján y General Rodríguez, Guillermo Andelique, adelantó que en los próximos días la entidad recurrirá a las argumentaciones de un “especialista” en herbicidas para fundamentar su posición favorable al glifosato.
Si bien todavía no existió un pronunciamiento oficial, la postura de Andelique no encontraría unanimidad en el seno de ARPAE, pero más debido a una cuestión estratégica que a una preocupación genuina por el cuidado del medio ambiente y la salud de los vecinos. En ese sentido, algunos ruralistas consideran que desde el punto de vista argumentativo resulta imposible hablar del glifosato como una sustancia totalmente inocua, y por eso apuntan a negociar como mal menor para los intereses del sector el establecimiento de una distancia de fumigación prudencial de los centros urbanos.
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