El Senador provincial Santiago Nino presentó un pedido de informes sobre el emprendimiento inmobiliario que la empresa “Colony Park S.A.” está llevando a cabo en la primera sección de las Islas del Delta del Paraná, en el partido de Tigre.
El legislador manifestó que “los vecinos de la zona están viendo como el emprendimiento está modificando el ecosistema de las islas porque están cambiando los cauces de varios canales navegables de la zona, lo cual, en caso de que sea cierto, es una violación de las normas. Pedimos este informe para tener certezas sobre esta situación”.
Colony Park es un ambicioso proyecto inmobiliario. Su objetivo es levantar un country náutico en una isla del Delta, sin contacto con el continente, al que se accedería en transbordador. “Para eso, está adueñándose del arroyo Anguila -retratado con maestría en la novela Sudeste, de Haroldo Conti- y destruyendo el frágil ecosistema de los humedales, dejando a una veintena de familias sin hogar y atentando contra un centenar de especies animales y vegetales. La urbanización creciente en toda la región de las islas del Bajo Delta puede constituir un peligro a futuro, ya que estas islas son un tapón natural contra las inundaciones que provoca la sudestada”, denunció el senador Nino.
Los encargados del proyecto son viejos conocidos del mundo de los countries y en más de una ocasión sus planes urbanísticos han sido motivo de encendidas polémicas. El máster plan fue realizado por los arquitectos Fernando Robirosa, Florencio Beccar Varela y Marco Pasinato, del estudio RBVP; en tanto el proyecto de deforestación fue obra del estudio Thays, del ingeniero agrónomo y paisajista Carlos Thays y el arquitecto y paisajista Jorge Clemente Mariano Baya Casal. También integran la partida la empresa constructora de lagunas artificiales Fish & Lakes y la guardería náutica Marina del Norte.
El Municipio de Tigre, durante la intendencia de Hiram Gualdoni, le otorgó a la empresa una autorización provisoria para iniciar las obras. Pero la gestión de Sergio Massa consideró “irregulares” los permisos y dispuso la clausura en junio de 2008, al ver que se estaba realizando movimiento de suelos.
El secretario de Inversión Pública, Urbanismo y Gestión Ambiental, Antonio Grandoni, labró un acta de “paralización de obra”, hasta tanto “se realicen los estudios de impacto ambiental correspondientes”. Además aplicaron multas a la empresa de hasta cien mil pesos.
Sin embargo, Colony Park S.A. cuenta con la prefactibilidad de uso, emitida por el Municipio de San Fernando y el ministerio de Planificación Federal para el dragado de arroyos.
En tanto, desde el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS), señalan que no pueden efectuar el informe de impacto ambiental sin la autorización de la Justicia.
A pesar de sus detractores, las obras continuaron. Prueba de ello fueron los desalojos sufridos por los isleños, cuyas casas fueron derribadas por la empresa en dos ocasiones, según indican diferentes testigos.
En agosto de 2008 Colony Park arrasó por primera vez las viviendas de veinte familias, ubicadas a orillas del arroyo Anguila y canal Vinculación, en la primera Sección de Islas.
De inmediato los isleños se autoconvocaron y dieron origen a la Asamblea Río de la Plata Cuenca Internacional, lo que les permitió hacer más consistentes sus denuncias y definir estrategias comunes para no perder nuevamente sus viviendas.
De inmediato los isleños se autoconvocaron y dieron origen a la Asamblea Río de la Plata Cuenca Internacional, lo que les permitió hacer más consistentes sus denuncias y definir estrategias comunes para no perder nuevamente sus viviendas.
Rearmaron pacientemente sus hogares en el mismo lugar, pero la persistencia no fue suficiente para frenar a las topadoras, que el 25 de mayo de 2009 arremetieron otra vez contra las casas, plantaciones, canchas de juncos y canoas isleñas, cuando algunos de sus habitantes se encontraban en el continente y otros en sus actividades de pesca.
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