A través de un proyecto de ley de “Riesgo Tecnológico Industrial”, el diputado provincial por el GEN, Jaime Linares, procura establecer “los requisitos mínimos que se deben cumplir para prevenir accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como también, para la limitar sus consecuencias, con la finalidad de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente”.
Respecto al ámbito de aplicación, la futura norma determina en su parte normativa que se hará en “los establecimientos ubicados en el territorio de la Provincia de Buenos Aires en los que estén presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en una tabal taxativa que forma parte del cuerpo de la norma, como ser: nitrato de amonio; bromo; cloro; compuestos de níquel; flúor; hidrógeno; ácido clorhídrico; gases licuados inflamables, entre otros tantos más”.
“A esos efectos, se entiende por presencia de sustancias peligrosas a la real o prevista, en dichos establecimientos o la aparición de las mismas que pudieran generarse como consecuencia de la pérdida de control de un proceso industrial químico, en cantidades iguales o superiores a los umbrales indicados”.
En los fundamentos de su iniciativa parlamentaria, en la que es acompañada por su par Fernanda Antonijevic (GEN-PS), Linares advirtió que “si bien en Argentina existen diversas leyes que tratan la temática ambiental desde diferentes aspectos, tanto en el ámbito nacional como en las diferentes provincias, en lo que respecta al tema de riesgos, hasta el momento, no existe legislación específica que trate esta problemática y que contemple las actuaciones para evitar y controlar este tipo de accidentes”.
“Es de destacar – agregó el titular de la bancada GEN – PS -, que la falta de criterio al momento de planificar el crecimiento de una ciudad, por parte de los municipios, propicia que en muchos casos los asentamientos urbanos se aproximen a establecimientos industriales y viceversa, generando la aparición de riesgos que en el pasado no existían”.
“La situación legal actual provoca que ocurran diferentes situaciones, indeseadas, como por ejemplo, la instalación y funcionamiento de un buque Regasificador en el Puerto de Bahía Blanca, en el Muelle de la Compañía Mega, del Polo Petroquímico de esta localidad, sin el debido análisis o evaluación de riesgos. Las autoridades correspondientes aprobaron la operatoria del buque considerando como válida la presentación de un Estudio de Riesgos anónimo, con graves objeciones técnicas por parte de profesionales del área, además de minimizar el tema del análisis del entorno industrial”, sentenció el ex intendente bahiense.
“En tal sentido, resulta fundamental contar en nuestro país con un registro de aquellos establecimientos que, por sus características, impliquen la presencia de riesgos sobre las personas, el medio ambiente y los bienes más próximos”.
“Cada establecimiento – manifestó Linares -, que por sus características productivas, implique la generación de los riesgos debe ser evaluado mediante un análisis de riesgos, para permitir que las autoridades nacionales, provinciales o municipales, según el caso, generen los programas de respuesta a emergencias, cuyo principal objetivo es minimizar los impactos ante la presencia de accidentes”.
“Creemos que es preciso, en tal sentido, desarrollar sistemas que consideren la posibilidad de la ocurrencia de accidentes graves, y que preparen e implementen apropiadas medidas de respuesta para esos efectos no deseados”, finalizó el legislador.
Por último, el proyecto que ya cuenta con estado parlamentario, establece “los tiempos y formas que deben cumplir los responsables de los establecimientos comprendidos en los alcances de la ley, así como también, la obligación de presentar un informe técnico de base, firmado por un especialista (que será corresponsable ante el incumplimiento de la ley), el que será tomado como declaración jurada”.
Respecto al ámbito de aplicación, la futura norma determina en su parte normativa que se hará en “los establecimientos ubicados en el territorio de la Provincia de Buenos Aires en los que estén presentes sustancias peligrosas en cantidades iguales o superiores a las especificadas en una tabal taxativa que forma parte del cuerpo de la norma, como ser: nitrato de amonio; bromo; cloro; compuestos de níquel; flúor; hidrógeno; ácido clorhídrico; gases licuados inflamables, entre otros tantos más”.
“A esos efectos, se entiende por presencia de sustancias peligrosas a la real o prevista, en dichos establecimientos o la aparición de las mismas que pudieran generarse como consecuencia de la pérdida de control de un proceso industrial químico, en cantidades iguales o superiores a los umbrales indicados”.
En los fundamentos de su iniciativa parlamentaria, en la que es acompañada por su par Fernanda Antonijevic (GEN-PS), Linares advirtió que “si bien en Argentina existen diversas leyes que tratan la temática ambiental desde diferentes aspectos, tanto en el ámbito nacional como en las diferentes provincias, en lo que respecta al tema de riesgos, hasta el momento, no existe legislación específica que trate esta problemática y que contemple las actuaciones para evitar y controlar este tipo de accidentes”.
“Es de destacar – agregó el titular de la bancada GEN – PS -, que la falta de criterio al momento de planificar el crecimiento de una ciudad, por parte de los municipios, propicia que en muchos casos los asentamientos urbanos se aproximen a establecimientos industriales y viceversa, generando la aparición de riesgos que en el pasado no existían”.
“La situación legal actual provoca que ocurran diferentes situaciones, indeseadas, como por ejemplo, la instalación y funcionamiento de un buque Regasificador en el Puerto de Bahía Blanca, en el Muelle de la Compañía Mega, del Polo Petroquímico de esta localidad, sin el debido análisis o evaluación de riesgos. Las autoridades correspondientes aprobaron la operatoria del buque considerando como válida la presentación de un Estudio de Riesgos anónimo, con graves objeciones técnicas por parte de profesionales del área, además de minimizar el tema del análisis del entorno industrial”, sentenció el ex intendente bahiense.
“En tal sentido, resulta fundamental contar en nuestro país con un registro de aquellos establecimientos que, por sus características, impliquen la presencia de riesgos sobre las personas, el medio ambiente y los bienes más próximos”.
“Cada establecimiento – manifestó Linares -, que por sus características productivas, implique la generación de los riesgos debe ser evaluado mediante un análisis de riesgos, para permitir que las autoridades nacionales, provinciales o municipales, según el caso, generen los programas de respuesta a emergencias, cuyo principal objetivo es minimizar los impactos ante la presencia de accidentes”.
“Creemos que es preciso, en tal sentido, desarrollar sistemas que consideren la posibilidad de la ocurrencia de accidentes graves, y que preparen e implementen apropiadas medidas de respuesta para esos efectos no deseados”, finalizó el legislador.
Por último, el proyecto que ya cuenta con estado parlamentario, establece “los tiempos y formas que deben cumplir los responsables de los establecimientos comprendidos en los alcances de la ley, así como también, la obligación de presentar un informe técnico de base, firmado por un especialista (que será corresponsable ante el incumplimiento de la ley), el que será tomado como declaración jurada”.
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