(Por Deleandra Spinato) Mediante la Ley Nº 12.756, el Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires declaró “Paisaje Protegido de Interés Provincial” para el desarrollo ecoturístico a la zona del “Monte Ribereño Isla Paulino”, que comprende jurisdiccionalmente a los Partidos de Ensenada y Berisso, con la intención de conservar y preservar la integridad del paisaje natural, geomorfológico, histórico y urbanístico. Entendiéndose por desarrollo ecoturístico al desarrollo asociado a la preservación integral de las condiciones naturales del lugar. A tales efectos, en su artículo 6º la ley estableció que cuando la realización de una obra, tanto pública como privada, pudiera comprometer o alterar las condiciones antedichas, la autorización definitiva estará sujeta a una evaluación previa de impacto ambiental. Hoy día, la zona parece estar viviendo un desastre ecológico que nos lleva a afirmar que la ley no se estaría cumpliendo. Distintas organizaciones vecinales y ONGs, entre otros, están en lucha y reclaman por la protección de los recursos naturales y el paisaje.
Una ley que no se cumple
El avance sobre el humedal adyacente al Río de La Plata conocido como Isla Paulino, en los Partidos bonaerenses de Berisso y Ensenada, está causando graves consecuencias en el hábitat natural en su conjunto. La degradación que ha sufrido el recurso hídrico, considerado por su valor estratégico como uno de los más importantes de la Provincia, parece no tener antecedentes similares. En las últimas décadas la zona vivenció una fuerte modificación de su ecosistema original debido, principalmente, al desarrollo de un núcleo habitacional e industrial de gran magnitud, que alteró el esquema natural contribuyendo, en un principio, a una nueva forma de aprovechamiento de los recursos naturales.
Sin embargo, el estadío ideal de desarrollo humano en concordancia con el medio ambiente no siempre se materializa. Como un ejemplo de ello, el tema que nos ocupa se relaciona directamente con la criticidad generada por las obras que se están llevando a cabo por el Consorcio del Puerto La Plata que, hasta el momento, han derivado en la destrucción de alrededor de 45 hectáreas de humedales que se encuentran protegidos por Tratados Internacionales y, localmente, por la Ley Provincial Nº 12.756 que declara Paisaje Protegido de Interés Provincial el Monte Ribereño conocido como Isla Paulino, en la franja costera sur del estuario del Río de la Plata. Como consecuencia de esto se desató un conflicto entre el gobierno provincial y distintos actores sociales que al día de hoy reclaman por la aplicación de la ley y el cese de las obras.
Bajo la premisa de construir un puerto de contenedores en la cabecera del Río Santiago Este con el objeto de impulsar económicamente a la región, junto con la intención de generar nuevos puestos de trabajo, se están llevando a cabo distintas gestiones que generan el repudio generalizado y la movilización social en contra de lo que es entendido como una destrucción del ecosistema natural.
La totalidad de la jurisdicción portuaria está compuesta por 2249 hectáreas, de las cuales 500 corresponden a espejos de agua, 460 a la zona exclusiva de operatoria portuaria, 229 a la Zona Franca, 700 a ocupaciones militares y el resto corresponde a la denominada Isla Paulino. Cuenta con una rada exterior, ubicada frente al canal de acceso del puerto, con profundidades naturales que la convierten en el lugar de espera de los buques de ultramar. Asimismo, dentro de la jurisdicción portuaria, sobre el Río Santiago, se encuentra el Astillero Río Santiago, uno de los más importantes de Sudamérica, y la Zona Franca La Plata.
El rol del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata
El Consorcio de Gestión del Puerto La Plata es un organismo público no estatal creado mediante un decreto de la provincia de Buenos Aires en el año 1999 con la intención de mejorar, agilizar y diversificar la capacidad operativa del Puerto La Plata, con responsabilidad para administrar y prestar servicios de infraestructura. El Directorio del Consorcio es el órgano máximo de decisión del Ente y está compuesto por nueve miembros que representan al Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a los municipios de Ensenada, Berisso y La Plata y a los sectores empresariales y sindicales; su Presidente es designado por el Gobernador de la provincia. Entre sus funciones se destaca la de administrar y explotar el Puerto La Plata, otorgando las concesiones, locaciones y permisos, conforme al régimen legal respectivo vigente, para la explotación comercial, industrial o recreativa de las terminales portuarias o muelles existentes o que se construyan en la jurisdicción.
Mariano Goyenechea es quien preside el Consorcio. Tras ser consultado por la prensa sobre las obras en marcha afirmó que “el puerto es uno de los motores fundamentales para el crecimiento de la región”, destacando como principal objetivo a concretar en julio de 2013 “la puesta en funcionamiento de la Terminal de Contenedores TecPlata, cuya inversión asciende a los 400 millones de dólares, siendo en la actualidad, la obra más importante del país en el rubro portuario”. Según expresó: “el Gobernador Daniel Scioli ha tomado el desafío como propio, y, si bien el puerto ha sido un espacio importante a nivel local, ha tomado la decisión firme de proyectarlo y de que sea el motor para que la región tome la fuerza que necesita”. “Esta nueva etapa trae un nuevo espectador con la rehabilitación de nuevos sitios operativos, nuevas empresas que prestan servicios a las cargas, infraestructura competitiva a nivel internacional y todo un colectivo de trabajadores que sin duda va a saber aprovechar esta nueva oportunidad de crecimiento que se avecina”.
La magnitud de la iniciativa hace que el Gobernador Scioli tenga todas sus fichas puestas en este proyecto que, según se considera, será una muestra palpable de su capacidad de gestión. Sin embargo, la administración del negocio millonario de ingreso y salida de contenedores del puerto pone en tela de juicio los beneficios otorgados por Scioli a la empresa TecPlata que obtuvo el usufructo por 40 años de la propiedad lindera al Puerto de La Plata, donde se están realizando importantes inversiones en la construcción de la primera terminal de contenedores, cuestionando su vinculación con la compañía.
Con esta nueva terminal se asegura el ingreso y las necesidades operativas de los buques porta-contenedores de última generación, que hoy día recalan en los puertos regionales de Río Grande (Brasil) y Montevideo, obligando a hacer trasbordos con embarcaciones menores a puertos argentinos o por vía terrestre.
La contaminación ambiental en la mira
En este esquema, la cuestión ambiental se convierte en la contrapartida del desarrollo económico. En tal sentido, las obras han ganado el encono de los vecinos que sostienen que el proceso de refulado de arena que se está desarrollando con el fin de concretar el dragado transgrede la Ley de Paisaje Protegido. Según sostienen, la disposición final del refulado en tierras de la Isla Santiago contamina el humedal y afecta la flora y fauna de la región.
Nuevo Ambiente, Ala Plástica, Biósfera, Fundación Agroalimentos y la Asamblea Defendamos el Monte, entre otras, son algunas de las organizaciones que se han movilizado para denunciar la contaminación producida por la disposición final irregular del refulado y sedimentos en el lugar. Tras realizar numerosas asambleas barriales reclaman que “la empresa sigue actuando en la destrucción del Monte Ribereño y hay funcionarios de la administración portuaria que no les interesa el tema y sólo ven posibles beneficios económicos sin contemplar las legislaciones y en detrimento a la conservación de estos sitios que cumplen funciones destacadas para con el clima de las ciudades”.
Asimismo, un informe elaborado por la Facultad de Agronomía de Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtió que la contaminación medioambiental se debe a las tierras que se extrajeron cuando se realizó el dragado, ya que los barros extraídos del fondo del Río Santiago debían ser analizados en profundidad y en su caso ser tratados en forma previa a su disposición final. Según el informe “esa disposición final no se debió hacer y no se puede hacer ya que la Isla posee un doble estándar de protección: humedales y bosques, paisajes protegidos por la legislación internacional, nacional y provincial, que impide alterarlos en modo alguno”. “Las obras violan la Ley de Paisaje Protegido, la Ley Nacional de Bosques y el tratado internacional Ramsar de protección de los humedales”.
Según Marcelo Martínez, presidente de la Asociación Nuevo Ambiente, “la consecuencia más significativa radica en la eliminación de más de 50 hectáreas del humedal y bosque sin ninguna posibilidad de reversión. Además se planean afectar 20 hectáreas adicionales. Esto impactará además en los habitantes y quinteros que habitan y trabajan en las islas Paulino y Santiago, sabemos que el daño está hecho pero estamos a tiempo para que las hectáreas que quedan no desaparezcan”.
Asimismo, las ONG`s realizaron se pronunciaron en contra del estudio de impacto ambiental realizado señalando fue confeccionado por un Ingeniero Civil y sin un equipo interdisciplinario como corresponde en un trabajo de esta magnitud, según se refleja en el Estudio, ya que la complejidad y diversidad de los impactos ambientales amerita un estudio serio dada la biodiversidad que se posee, hecho que no ocurrió en este caso.
El reclamo llegó al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y las denuncias devinieron en una inspección ocular a cargo de la jueza Mabel Cardoni, del Juzgado Civil y Comercial 4 de La Plata, quien caminó durante cuatro horas la zona de la Isla Paulino. De la inspección participaron además la Defensoría del Pueblo de la Provincia y representantes de la propia empresa de logística. Resta por el momento la resolución de la jueza respecto de si hará o no lugar al pedido de la medida cautelar de los ambientalistas, quienes solicitan que las obras portuarias “no afecten el monte ribereño y las zonas protegidas”.
Para el Poder Ejecutivo Provincial las obras que se están realizando representan una de las inversiones más significativas en materia de infraestructura portuaria a nivel nacional que ronda los 450 millones de dólares. Se estima que la terminal esté a la par de las más importantes del mundo, proyectando movilizar para el 2014 unos 150.000 contenedores. Según trascendió, la intención del Gobernador sería inaugurar el proyecto antes de las próximas elecciones de octubre con la intención de granjearse los correspondientes méritos. La lucha de los vecinos seguirá presente. Al parecer, una vez más los intereses económicos se imponen al bien común. (Fundación Metropolitana).
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