lunes, marzo 31, 2014

ADDUC y DeUCo piden que la telefonía móvil sea “servicio público”

La Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores y Defensa de Usuarios y Consumidores salieron al cruce de los aumentos en las tarifas de telefonía celular. Consideraron que el servicio debería ser considerado “público” para que el Estado tenga mayor control sobre la calidad y el precio.

Nuevos aumentos en las tarifas de telefonía celular se registraron en las últimas semanas y las quejas se hacen escuchar. Desde la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y Defensa de Usuarios y Consumidores (DeUCo) piden que la telefonía móvil sea consideraron un “servicio público”.

Días atrás, el Gobierno suspendió el aumento previsto por empresas de telefonía celular dado que no se había cumplido la norma que exige que se notifique al usuario con 60 días de anticipación a la modificación de la tarifa. Sin embargo, esta sólo fue una medida temporal que no soluciona el conflicto en cuestión: Las empresas pretenden aumentar las tarifas mientras los usuarios siguen reclamando por el mal servicio.

ADDUC y DeUCo salieron al cruce del aumento y a exigir que “de una vez por todas” se declare a la telefonía móvil como un “servicio público” y se lo regule. Esta medida permitiría al Estado ejercer un control mayor sobre el servicio, principalmente en lo que respecta a la calidad y el precio.

Para considerar esto, el presidente de DeUCo, Pedro Busetti, remarcó que la importancia de la telefonía móvil es mucho mayor que la de los teléfonos fijos: “Hoy en día la telefonía celular abarca a todos los habitantes de nuestro país. De hecho, tenemos 40 millones de habitantes y hay 57 millones de celulares, quiere decir que es un servicio prácticamente universal, y más que la telefonía fija que tiene algo más que 10 millones de usuarios”.

“Basta con fijarse qué pasó en la catástrofe de La Plata donde no había otra forma de comunicarse para pedir ambulancias o un servicio de emergencias. Entonces, la necesidad de la telefonía ha pasado ya del lugar normal de un mero artefacto de uso cotidiano a ser de mucha importancia para la vida. Es vital”, apuntó OsvaldoBassano, presidente de ADDUC.

Para la regulación, Busetti propuso, además de declararlo un servicio público, “que las tarifas fueran reguladas por el estado de acuerdo a una estructura de costos que obviamente fuera analizada y razonable”.

Además, remarcó el tema de la atención al cliente: “Hoy los reclamos son atendidos por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), que tiene una sede en la capital federal, una en La Plata y algunas en el interior. Teniendo en cuenta la universalización del servicio, la CNC tiene que estar en cada una de las localidades que tenga más de 100 mil líneas de telefonía celular”.

Sin embargo, este reclamo también alcanza a las empresas de celulares, ya que, según remarcó, “en todo el país hay oficinas de venta del producto, pero cuando vas a hacer el reclamo no hay oficinas de atención al consumidor”. Para esto, el presidente de DeUCo propuso que todos los locales habilitados para la venta de dispositivos móviles, también estén capacitados para recibir los reclamos de los usuarios.

Este aumento que propusieron las empresas se dio pocos días después de que entrara en vigencia la tan esperada facturación por segundo. Sin embargo, como lamentaron desde ambas agrupaciones, no fue total, ya que se conservó el primer medio minuto fijo. Es decir que, aunque la comunicación dure 10 segundos, se cobrará medio minuto.

Al margen de esto, las empresas propusieron un aumento en las tarifas del servicio, que en algunos casos llevaba al valor del medio minuto al nivel del de un minuto en diciembre del año pasado.

Otro tema polémico en los últimos días con respecto a la telefonía celular fueron los llamados “números free”, dado que algunas empresas anunciaron que dejarían de tener vigencia. Al respecto, Bassano señaló que se trataría de un “derecho adquirido” por los usuarios, por lo que las empresas ya no podrían echarse atrás.

Sin embargo, señaló: “Si hay un derecho adquirido y lo cortan directamente les importa nada a ellos”. “Las empresas están sacando entre 4mil y 8 mil millones de euros de ganancias. No hay otra forma de discutir con ellas que con una fuerte regulación”, consideró.

En cuanto a las acciones del estado, Bassano opinó: “Creo que debería hacerse más. La declaración de servicio público no tiene más término de espera”. (Asteriscos TV).

No hay comentarios.: