jueves, julio 05, 2007

EL SENADO APROBARÍA EL PROYECTO QUE CREA LA ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

LA PLATA, Julio 04, (PUNTO CERO) Con el fin de reordenar la actividad ferroviaria, la Cámara de Senadores intentará hoy aprobar el proyecto que el Poder Ejecutivo envió a fines de mayo para, creando la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, y que aún debe ser aprobado por Diputados.
La iniciativa contará con el apoyo del oficialismo y la disidencia total de los senadores radicales, quienes buscarán frenar su tratamiento.
El proyecto busca que la nueva Administración tenga bajo su cargo la infraestructura ferroviaria actual, la que se construya en el futuro, su mantenimiento y la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes.
En el ejercicio de sus funciones, la Administración deberá “tener en cuenta la garantía del interés público, la satisfacción de las necesidades sociales, la seguridad de los usuarios y la eficacia global del sistema ferroviario”.
Además, el proyecto creará la sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado que deberá prestar los “servicios de transporte ferroviario tanto de cargas como de pasajeros, incluyendo el mantenimiento del material rodante”.
Ambas sociedades del Estado creadas por esta ley estarán bajo jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal y estarán sometidas a los controles de la Sindicatura General de la Nación y de la Auditoría General de la Nación.
Planificación Federal tendrá competencia en la estrategia ferroviaria, ordenación y regulación del sistema, la determinación de aportes del Estado para la financiación de las sociedades creadas por esta ley y la aplicación y el cumplimiento de los contratos de concesión, entre otros puntos.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) “o el organismo que la reemplace en el futuro” tendrá por funciones la de fiscalizar las actividades de las empresas concesionarias de los servicios ferroviarios.
Asimismo, se crea el Tribunal Arbitral de Transporte Ferroviario como ente descentralizado del Estado Nacional que tendrá competencia para resolver los eventuales conflictos entre la Administración de Infraestructuras o la Operadora Ferroviaria y las concesionarias del servicio de transporte ferroviario. (PUNTO CERO).

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