El kirchnerismo se ubicó en una posición inédita para un gobierno peronista luego de denunciar penalmente a Hugo Moyano y su hijo Pablo por “amenazas, coacción agravada y entorpecimiento de servicios públicos” por la huelga de ayer, una causa presentada por Florencio Randazzo que quedó registrada en el Juzgado Federal Nº 9.
Así lo entienden los abogados constitucionalistas consultados por La Política Online. El investigador del Conicet, Roberto Gargarella, que dirige la revista jurídica de la Universidad di Tella, indicó a este medio que “de ningún modo se justifica usar el derecho penal para lidiar con problemas sociales y de ningún modo se justifica usar el derecho penal para lidiar con reclamos gremiales”.
“Es injusto, indebido, de los peores usos imaginables del derecho”, señaló el constitucionalista, que agregó que “tampoco se justifica que el gobierno y sus voceros empiecen a indagar en el carácter político o no de la protesta”.
Gargarella afirmó a LPO que “sin entrar en la hipócrita utilización e incentivo que se dio desde el poder a la protesta sindical, lo cierto es otra cosa: toda protesta es política, toda protesta forma parte de una disputa política mayor.
“Esa no puede ser una conclusión condenatoria, es el punto de partida de toda protesta social”, finalizó.
El amparo de la Constitución
Por su parte, el también abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez que “Moyano ejerció su libertad de expresión, como cuando Hebe de Bonafini le pegó duro a la Corte Suprema”.
“El derecho a huelga y expresión anula cualquier tipo de acción penal”, señaló Gil Domínguez al tiempo que explicó que al realizar el paro, el líder de la CGT “ejerció un derecho previsto en la Constitución”, por lo que la denuncia presentada por el ministro del Interior violaría la Carta Magna.
En concordancia con Gargarella, Gil Domínguez aseguró que “ejercer un derecho nunca puede tener ningún tipo de represalia penal”.
El abogado indicó que el Gobierno no puede “pretender que Moyano vaya a una huelga y no hable” y agregó que “este tipo de denuncias el Gobierno las utiliza para generar un estado de latencia para activar todas las causas cuando necesitan apretar”.
Así lo entienden los abogados constitucionalistas consultados por La Política Online. El investigador del Conicet, Roberto Gargarella, que dirige la revista jurídica de la Universidad di Tella, indicó a este medio que “de ningún modo se justifica usar el derecho penal para lidiar con problemas sociales y de ningún modo se justifica usar el derecho penal para lidiar con reclamos gremiales”.
“Es injusto, indebido, de los peores usos imaginables del derecho”, señaló el constitucionalista, que agregó que “tampoco se justifica que el gobierno y sus voceros empiecen a indagar en el carácter político o no de la protesta”.
Gargarella afirmó a LPO que “sin entrar en la hipócrita utilización e incentivo que se dio desde el poder a la protesta sindical, lo cierto es otra cosa: toda protesta es política, toda protesta forma parte de una disputa política mayor.
“Esa no puede ser una conclusión condenatoria, es el punto de partida de toda protesta social”, finalizó.
El amparo de la Constitución
Por su parte, el también abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez que “Moyano ejerció su libertad de expresión, como cuando Hebe de Bonafini le pegó duro a la Corte Suprema”.
“El derecho a huelga y expresión anula cualquier tipo de acción penal”, señaló Gil Domínguez al tiempo que explicó que al realizar el paro, el líder de la CGT “ejerció un derecho previsto en la Constitución”, por lo que la denuncia presentada por el ministro del Interior violaría la Carta Magna.
En concordancia con Gargarella, Gil Domínguez aseguró que “ejercer un derecho nunca puede tener ningún tipo de represalia penal”.
El abogado indicó que el Gobierno no puede “pretender que Moyano vaya a una huelga y no hable” y agregó que “este tipo de denuncias el Gobierno las utiliza para generar un estado de latencia para activar todas las causas cuando necesitan apretar”.
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