Así lo establece un proyecto de ley que anunció el diputado Walter Martello (Coalición Cívica-ARI) junto a la concejal de Villa Gesell, Irene Frick, con la que se entrevistó hoy, en el inicio de la actividad política 2013. La iniciativa parlamentaria busca restringir el funcionamiento de financieras, casas de cambio y de empeño para evitar que solventen apuestas.
El presidente del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica-ARI , Walter Martello, presentó un proyecto de ley para prohibir los sistemas promocionales y de créditos en casinos y bingos bonaerenses. La iniciativa plantea limitar el funcionamiento a la distancia de casas de cambio de moneda extranjera, financieras, casa de empeño o cualquier actividad vinculada a préstamos personales no bancarios que tengan como destino solventar las apuestas de aquellas personas que concurren a las salas de juego en la Provincia.
“El Estado no puede seguir mirando para otro lado, mientras crece el número de familias destruidas por el flagelo de la ludopatía. El juego está esquilmando las economías locales y regionales”, denunció Martello desde Villa Gesell, donde la CC-ARI viene realizando una intensa actividad política y partidaria.
El legislador agregó: “Tenemos que evitar que se instale en la Provincia esa perversa modalidad llevada adelante por las organizaciones que le entregan a los apostadores créditos sin interés de hasta un millón de dólares en fichas para que jueguen en los casinos de Las Vegas”.
Martello remarcó que el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (IPLyC) sigue siendo manejado, desde las sombras, por Luis Alberto Peluso, un íntimo amigo del gobernador Daniel Scioli que se dedicaba a organizar viajes a Las Vegas y que oportunamente fue denunciado por un ex empleado llamado Rubén José Curdi por ser prestamista en los casinos flotantes de Puerto Madero.
Curdi habló, en su presentación judicial, sobre una mesa de dinero clandestina que aparentemente era manejada por Peluso y mencionó que él mismo entregaba los billetes a los jugadores en cifras que, según manifestó, estaban entre uno y dos millones de dólares, por semana. Hace un mes, Martello se presentó en los tribunales y pidió tomar vista del expediente, atento a la gravedad de la denuncia.
Actualmente, los empresarios del juego implementan distintos sistemas de créditos –como es la caso de la Tarjeta Codere- que les permiten a los apostadores canjearlos por distintos premios, en función de las sumas de dinero apostada, que van desde souvenirs hasta televisores LCD y viajes a Cancún.
Otra modalidad son los sorteos de autos Okm, como los que suele realizar Argentine Gaming Group, empresa más conocida por sus siglas AGG, que regentea tres salas de bingos –con tragamonedas- en el Conurbano bonaerense: Avellaneda, Alto Avellaneda y Florencio Varela. AGG también tiene una tarjeta de premios llamada Joker, que permite ir acumulando créditos en función del dinero apostado en la sala y canjearlos por distintos productos.
En el año 2010, Jorge Rodríguez, titular de Lotería, firmó la Resolución 522, autorizando a las salas de bingo a implementar beneficios a través de créditos que podían sumarse en relación a la cantidad de lo que se jugaba en los bingos. Por ejemplo, se le podía conceder a un cliente 100 puntos por cada $20 que apostaba en una máquina tragamonedas y esos puntos, a la vez, ser convertidos en créditos para seguir jugando. Pero no es todo: si algún apostador llegaba a los $250 jugados, la sala de bingo le otorgaba un premio de $5 para que regresara al día siguiente.
Esta medida produjo un fuerte rechazo en la sociedad. Y llevó a que el Juzgado Municipal de Defensa del Consumidor de La Plata , a cargo de Dante Daniel Rusconi, dictara una disposición preventiva ordenando al“Instituto y al Bingo de La Plata que se abstengan o cesen, según sea el caso, de aplicar la Resolución 522”. Finalmente, el IPLyC dejó sin efecto la normativa en cuestión.
“Es evidente que, pese a las propias resoluciones del gobierno provincial, las autoridades hacen la vista gorda y por eso los sistemas promocionales igual tienen plena vigencia: ello choca frontalmente con el discurso oficial de la prevención del juego compulsivo y del interés en la preservación de los valores familiares”, concluyó Martello.
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