“Promovemos juicio político al Sr. Vicepresidente de la Nación, Licenciado Amado Boudou, en la inteligencia de que estaría involucrado en serias prácticas irregulares e ilícitas, las que constituyen claras infracciones a sus deberes como funcionario público”, fundamenta la iniciativa presentada por Stolbizer y todo el bloque GEN y agrega “Correspondiendo entonces a esta Cámara de Diputados la acusación respectiva y su pedido de suspensión en el cargo y al Senado su juzgamiento y posterior destitución. Todo ello, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondieran en sede penal en el marco de las actuaciones judiciales en trámite - así como las que pudieran instruirse a futuro- y que son independientes de la acción política que promovemos por este medio”.
La iniciativa tiene estado parlamentario desde el 21 de julio.
El proyecto enumera los hechos y causales de destitución:
a) Irregularidades y falseamientos en la declaración jurada patrimonial: Tal cual fue denunciado por Stolbizer y los demás diputados ante el Juzgado Federal del Dr.Lijo, el Vicepresidente de la Nación falseó los datos correspondientes al año 2012, al cabo del cual dijo tener: 4 cajas de ahorro en pesos, 2 cuentas corrientes en pesos, 2 cajas de ahorro en dólares y 1 caja de ahorro en euros. Al comparar esta declaración jurada con la información que surge del informe documentado que han presentado los Bancos Francés, Nación, Supervielle, HSBC, Patagonia y Santander, resulta ser que Boudou tiene en total 36 cuentas bancarias: 7 cajas de ahorro en pesos; 2 cajas de ahorro en euros, 4 caja de ahorro en dólares, 3 cuentas a la vista, 1 cuenta única, 15 cuentas corrientes en pesos y 4 cuentas corrientes en dólares. Siendo entonces pasible de imputación penal y de calificación de mal desempeño. Además, en la misma causa del Juez Lijo, un peritaje confirmó que es falsa la firma inserta en el contrato aportado por el propio Boudou a la causa, en relación al supuesto inquilino de su departamento del edificio River View ubicado en Juana Manso 740, el abogado Fabián Carosso Donatiello. La conclusión es simple: si Carosso Donatiello no tenía un contrato de alquiler con Boudou, el vice falseó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción de 2010, en la cual puso entre sus acreencias unos 10.000 pesos por el supuesto alquiler del abogado Carosso Donatiello.
b) Irregularidades y falseamiento en la compra de un auto: En la causa N° 12390/09 constan una serie de irregularidades graves, ya que se comprobó que eran apócrifos los papeles de un auto marca Honda CRX Del Sol modelo 1992. El automóvil figura entre los bienes que declaró Boudou ante la Oficina Anticorrupción y allí se observa también la adulteración de la fecha de compra, ya que en la declarada por Boudou aún el auto no había llegado a la Argentina desde Japón. Se supone que estas falsificaciones tuvieron por objeto sacar este bien del acerco conyugal a distribuir con su ex esposa.
c) Otras denuncias e irregularidades que pesan sobre el Licenciado Amado Boudou:
1. Enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El juez federal Ariel Lijo investiga a Boudou, sus padres, hermanos y a su novia, por su "vertiginoso e injustificado incremento patrimonial".
2. El 6 de agosto de 2011, el vicepresidente utilizó un helicóptero de Gendarmería Nacional para apoyar la campaña de Martín Marinucci, que salió segundo en las elecciones a intendente de Morón. El 17 de diciembre de 2011 viajó en otro helicóptero de la constructora Ecodyma S.A. -que aspiraba a conseguir obras públicas- para acompañar a Horacio Tellechea, candidato K en Necochea.
3. El 22 de diciembre de 2009, el ministerio de Economía pagó 2.300.000 pesos a la concesionaria Guido Guidi S.A. por la compra de 19 automóviles Volkswagen cero kilómetro. La compra se realizó sin licitación previa y uno de los coches fue a parar a manos de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el organismo -a cargo de Daniel Reposo- que debe controlar la transparencia de los actos públicos. La concesionaria está bajo la mira de la AFIP por presunta facturación apócrifa.
4. Bonos de deuda. Amado Boudou también es investigado por su actuación, cuando fue ministro de Economía, en la reapertura del canje de los bonos de la deuda argentina. La denuncia apunta a que se investigue la relación de Boudou con la consultora Arcadia, que asesoró a los bancos tenedores de bonos argentinos que a la postre entraron en el canje.
5. La contratación realizada en su condición de Presidente del Senado de la Nación, a favor de la Universidad Nacional de San Martín, por la suma de Pesos Diez Millones en un año, para la realización de tareas de prensa que deberían más bien pensarse a cargo de las oficinas respectivas de los empleados de dicha área parlamentaria. El contrato firmado por Boudou tiene una contraparte que ni siquiera existía al momento de firmarse el mismo y que ni siquiera cuenta con aprobación de las autoridades de la mencionada Universidad. Estamos frente a un nuevo escándalo administrativo protagonizado por nuestro acusado, en la dilapidación de los recursos públicos mediante el abuso de autoridad y al margen de las normativas vigentes. Adviértase que la Dirección de Asuntos Jurídicos del propio Senado objetó el convenio. Sea o no esta conducta, configurativa de delito penal, no hay duda que la misma configura un mal desempeño de índole administrativa de las funciones que le son propias.
La Constitución Nacional en su artículo 53 prevé como causal para la promoción del juicio político el mal desempeño del cargo: comprende toda conducta acreditable objetivamente, que revela la falta de idoneidad del funcionario para proseguir en el cargo. El mal desempeño no se refiere únicamente a una conducta desplegada en el ejercicio de la función pública, sino también a todo comportamiento extraño a esa función que no se compadece con el decoro requerido por el principio de idoneidad que la Constitución exige para el desempeño de las funciones públicas.
Stolbizer expresó que “los funcionarios políticos siempre son responsables políticamente por el contenido de sus actos, si se estima –con una valoración política y no jurídica- que ellos son nocivos, inconvenientes o inadecuados para el bien común o para los intereses del Estado”.
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