BUENOS AIRES, Agosto 20, (PUNTO CERO-La Política OnLine) Mientras de cara a lo que será el próximo gobierno porteño en manos de Mauricio Macri el armado de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) aparece como un tema clave, hoy aparecieron los primeros cuestionamientos a algunos candidatos, como el legislador macrista Santiago de Estrada y su par kirchnerista, Sandra Bergenfeld.
La entidad encargada de impulsar estas impugnaciones ante la Junta de Ética de la Legislatura es La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), apoyándose en dos motivos: en que algunos postulantes son actuales legisladores y funcionarios públicos que tendrían que auditar su propia gestión mientras que otros no tienen la experiencia previa suficiente en materia de control que exige la ley 170. Además, señalaron al actual presidente de la Legislatura por haber sido Secretario de Estado durante todo el régimen militar, de 1976 a 1983, un tema delicado y de extrema gravedad.
En el documento, la organización manifestó su preocupación porque muchos de los candidatos a ocupar esos cargos en la AGCBA "prima la trayectoria política por sobre sus méritos y cualidades técnicas en temas vinculadas al control público", la función principal de este organismo autárquico. Lo mismo para los postulantes que son actualmente legisladores, ya que tendrían que auditar su propia gestión. Vale recordar que la AGCBA, a diferencia de la Auditoria Nacional, efectúa controles sobre el Poder Legislativo.
Las impugnaciones alcanzan a los siguientes postulantes:
Santiago De Estrada: el candidato ha ocupado tres cargos de alto nivel de decisión durante dos regímenes dictatoriales por los que ha debido atravesar nuestro país.
Sandra Bergenfeld: el hecho de ocupar actualmente el cargo de legislatura, la hace pasible de eventuales conflictos de intereses en caso de asumir como auditora.
Lucía Blasco: los cursos y seminarios cursados resultan de una imposible aplicación a la tarea que debe desarrollar una auditor general.
Ricardo García: el caso de este candidato es paradigmático, se privilegia la trayectoria política partidaria sobre los antecedentes técnicos.
Adriano Eduardo Jaichenco: carece de los conocimientos técnicos suficientes para el ejercicio del cargo de auditor general.
Gladys González: el único antecedente ligado a un cargo de gestión es el relativo a su actual puesto como Directora del Banco de la Ciudad. (además, la ONG pudo comprobar que los propietarios de la revista Veintitres impugnaron la candidatura y presentaron documentación de la que surge que subordinados de ella les habrían ofrecido publicidad oficial a cambio de una nota elogiosa con Horacio Rodríguez Larreta).
Juan Carlos Toso: la capacitación que ha adquirido se encuentra vinculada a cuestiones comerciales y societarias.
Alejandro Fernández: evidencia una absoluta falta de experiencia en organismos de control.
Esta advertencia de la ACIJ podría determinar un cambio en lo que hasta ahora se venía definiendo casi a dedo y con gran velocidad, ya que el nombramiento de la diputada porteña -delfín del jefe de Gabinete Alberto Fernández- ya se daba como seguro, al igual que la llegada de De Estrada, envuelta en un mar de dudas planteada desde varios sectores.
La entidad encargada de impulsar estas impugnaciones ante la Junta de Ética de la Legislatura es La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), apoyándose en dos motivos: en que algunos postulantes son actuales legisladores y funcionarios públicos que tendrían que auditar su propia gestión mientras que otros no tienen la experiencia previa suficiente en materia de control que exige la ley 170. Además, señalaron al actual presidente de la Legislatura por haber sido Secretario de Estado durante todo el régimen militar, de 1976 a 1983, un tema delicado y de extrema gravedad.
En el documento, la organización manifestó su preocupación porque muchos de los candidatos a ocupar esos cargos en la AGCBA "prima la trayectoria política por sobre sus méritos y cualidades técnicas en temas vinculadas al control público", la función principal de este organismo autárquico. Lo mismo para los postulantes que son actualmente legisladores, ya que tendrían que auditar su propia gestión. Vale recordar que la AGCBA, a diferencia de la Auditoria Nacional, efectúa controles sobre el Poder Legislativo.
Las impugnaciones alcanzan a los siguientes postulantes:
Santiago De Estrada: el candidato ha ocupado tres cargos de alto nivel de decisión durante dos regímenes dictatoriales por los que ha debido atravesar nuestro país.
Sandra Bergenfeld: el hecho de ocupar actualmente el cargo de legislatura, la hace pasible de eventuales conflictos de intereses en caso de asumir como auditora.
Lucía Blasco: los cursos y seminarios cursados resultan de una imposible aplicación a la tarea que debe desarrollar una auditor general.
Ricardo García: el caso de este candidato es paradigmático, se privilegia la trayectoria política partidaria sobre los antecedentes técnicos.
Adriano Eduardo Jaichenco: carece de los conocimientos técnicos suficientes para el ejercicio del cargo de auditor general.
Gladys González: el único antecedente ligado a un cargo de gestión es el relativo a su actual puesto como Directora del Banco de la Ciudad. (además, la ONG pudo comprobar que los propietarios de la revista Veintitres impugnaron la candidatura y presentaron documentación de la que surge que subordinados de ella les habrían ofrecido publicidad oficial a cambio de una nota elogiosa con Horacio Rodríguez Larreta).
Juan Carlos Toso: la capacitación que ha adquirido se encuentra vinculada a cuestiones comerciales y societarias.
Alejandro Fernández: evidencia una absoluta falta de experiencia en organismos de control.
Esta advertencia de la ACIJ podría determinar un cambio en lo que hasta ahora se venía definiendo casi a dedo y con gran velocidad, ya que el nombramiento de la diputada porteña -delfín del jefe de Gabinete Alberto Fernández- ya se daba como seguro, al igual que la llegada de De Estrada, envuelta en un mar de dudas planteada desde varios sectores.
Además de la gravedad de los hechos en que se basa la impugnación sobre su postulación, estos interrogantes se basaban en preguntarse el porque del deseo de recaer en un puesto de segunda línea como el de auditor porteño, puesto que viene de ejercer el más alto cargo en la Legislatura y con la llegada de Macri al gobierno podría obtener un cargo de más alto rango. (PUNTO CERO-La Política OnLine).
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