La Cámara de Diputados bonaerense aprobó un proyecto de Ley que establece la suspensión de las ejecuciones de sentencias contra los bienes muebles e inmuebles de las asociaciones civiles sin fines de lucro.
Clubes de barrio, bibliotecas populares, espacios de recreación, y todo tipo de actividades y trabajo está contemplado por las asociaciones civiles sin fines de lucro que funcionan en Buenos Aires. Por eso, la Cámara de Diputados provincial decidió suspender las ejecuciones de sentencias en contra de estas organizaciones en torno a sus bienes muebles e inmuebles.
De acorde a lo establecido por el proyecto aprobado, que fue presentado por Rocío Giaccone (FpV), estas ejecuciones serán suspendidas por un año, reafirmando así una resolución que había sido tomada hace tiempo en la Cámara Baja bonaerense en 2012.
Según recordó la legisladora, las asociaciones civiles son las entidades que en sus estatutos precisan que “no podrán distribuirse las utilidades entre los socios, sino que deberán utilizarse para el cumplimiento de los fines propuestos en los estatutos, la denominación “Civiles” indica que no ejercen actividades comerciales ni industriales”.
Entre los fundamentos de la normativa, también se destacó que “para no colisionar con normas de orden público, quedan excluidos de la suspensión prevista los créditos que se originen por juicios laborales, por despido directo de los empleadores sin justa causa y aquellos derivados de acciones por relaciones laborales no registradas”.
Entre los requisitos que se establecieron para que las asociaciones queden cubiertas por esta legislación, el texto de la propuesta de Giaccone precisa que deben tener personería jurídica, una antigüedad de diez años desde su creación y que aquellas organizaciones dedicadas al deporte no tengan profesionales contratados o rentados entre sus planteles.
La legisladora también recordó que “los clubes de barrio, en su gran mayoría, están conformados por vecinos que destinan todo su esfuerzo y trabajo en impulsar la práctica de deportes amateurs. Asimismo, se llevan adelante actividades sociales, solidarias, integradoras de los jóvenes y de las familias, como así también educativas, tales como la creación y funcionamiento de bibliotecas y otras actividades culturales de gran valor para la sociedad en la cual se desarrollan”.
“Con esta iniciativa se procura proteger el patrimonio de estas asociaciones, en tanto que cumplen una acertada función social, brindando no solo posibilidades de aprendizaje, recreación y sano esparcimiento a importantes sectores de la población, sino que también brindan contención a vastos sectores sociales”, consigna la normativa.
En este sentido, Giaccone concluyó que “las dificultades económicas que enfrentan varias asociaciones civiles sin fines de lucro, ponen en peligro su persistencia en el tiempo, produciendo incertidumbre en la comunidad ante la posibilidad de ver amenazado su patrimonio por acciones judiciales en su contra y con ello el rol que las mismas tienen en su comunidad”.
De acorde a lo establecido por el proyecto aprobado, que fue presentado por Rocío Giaccone (FpV), estas ejecuciones serán suspendidas por un año, reafirmando así una resolución que había sido tomada hace tiempo en la Cámara Baja bonaerense en 2012.
Según recordó la legisladora, las asociaciones civiles son las entidades que en sus estatutos precisan que “no podrán distribuirse las utilidades entre los socios, sino que deberán utilizarse para el cumplimiento de los fines propuestos en los estatutos, la denominación “Civiles” indica que no ejercen actividades comerciales ni industriales”.
Entre los fundamentos de la normativa, también se destacó que “para no colisionar con normas de orden público, quedan excluidos de la suspensión prevista los créditos que se originen por juicios laborales, por despido directo de los empleadores sin justa causa y aquellos derivados de acciones por relaciones laborales no registradas”.
Entre los requisitos que se establecieron para que las asociaciones queden cubiertas por esta legislación, el texto de la propuesta de Giaccone precisa que deben tener personería jurídica, una antigüedad de diez años desde su creación y que aquellas organizaciones dedicadas al deporte no tengan profesionales contratados o rentados entre sus planteles.
La legisladora también recordó que “los clubes de barrio, en su gran mayoría, están conformados por vecinos que destinan todo su esfuerzo y trabajo en impulsar la práctica de deportes amateurs. Asimismo, se llevan adelante actividades sociales, solidarias, integradoras de los jóvenes y de las familias, como así también educativas, tales como la creación y funcionamiento de bibliotecas y otras actividades culturales de gran valor para la sociedad en la cual se desarrollan”.
“Con esta iniciativa se procura proteger el patrimonio de estas asociaciones, en tanto que cumplen una acertada función social, brindando no solo posibilidades de aprendizaje, recreación y sano esparcimiento a importantes sectores de la población, sino que también brindan contención a vastos sectores sociales”, consigna la normativa.
En este sentido, Giaccone concluyó que “las dificultades económicas que enfrentan varias asociaciones civiles sin fines de lucro, ponen en peligro su persistencia en el tiempo, produciendo incertidumbre en la comunidad ante la posibilidad de ver amenazado su patrimonio por acciones judiciales en su contra y con ello el rol que las mismas tienen en su comunidad”.
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