Los constitucionalistas coinciden en que el amparo del empresario K viola la libertad de expresión. Y Monner Sans cree que la solicitud es un delito en sí mismo. Para Fopea, si se le da lugar “sería un retroceso histórico”.
El amparo presentado por Lázaro Báez para prohibir la difusión de datos sobre su empresa Mitre S.A., que según La Nación envió 14,5 millones de pesos a hoteles de Cristina, fue considerado inconstitucional por abogados estudiosos de la Carta Magna y hasta creen que el planteo puede representar una tentativa de delito.
sa fue la postura de Ricardo Monner Sans. “Además de ser un cercenamiento absoluto de la liberad de prensa, si hubiera un sistema jurídico serio la sola presentación sería una tentativa de delito. Es inconcebible que se pida dejar sin trabajo al periodismo”, se indignó.
El abogado Juan Pablo Gregori fue quien planteó ante la justicia una cautelar para “resguardar la confidencialidad de la información contable y comercial' de la gerenciadora de hoteles", la firma Valle Mitre SA.
Solicitó para eso que La Nación y otros medios “se abstengan de brindar información, opinión o realizar comentario alguno basado en la información comercial privada de la empresa Valle Mitre S.A. y de las empresas con las que ésta se encuentra vinculada comercialmente".
El periodista Hugo Alconada Mon, detalló documentos que comprueban que esta firma giró entre 2010 y 2011 10,1 millones a Hotesur, administradora del hotel Alto Calafate, que Cristina Kirchner reconoció en su declaración jurada como propio.
La presidenta también admitió participación en Los Sauces S. A., donde Báez giró 1,1 millones. Otros 3,2 fueron a hostería Dunas, vinculada a la presidenta.
Tamañas transferencias de recursos constituyen según especialistas una clásica operación de lavado de dinero. Podrían representar inclusive enriquecimiento ilícito y evasión tributaria agravada.
El pedido de mordaza de Báez incluye a "organismos públicos, portales de internet, medios de comunicación audiovisuales, periódicos y/o cualquier otro medio o soporte de divulgación de información".
“La solicitud es violatoria del derecho de libertad de prensa contemplado en la Constitución y en el pacto de San José de Costa Rica, que prohíbe claramente la censura previa”, aclaró a LPO el constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
“Lo que debería comprobar Báez son responsabilidades ulteriores si las haya, pero no te pueden decir que no te tenés que expresar”, afirmó.
Jorge Vanossi, otro constitucionalista de renombre, la única forma de que alguien pueda evitar ser nombrado es que se compruebe “real malicia manifiesta”, figura que difícilmente pueda caber a una investigación periodística.
“Hay algo que es claro: una cosa es la privacidad y otro los intereses públicos. Además, en cualquier choque de derechos que estén en juego siempre tiene preeminencia la libertad de expresión”, sentenció Vanossi.
Indignación en Fopea
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) consideró un acto de censura previa prohibido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales” el amparo de Báez.
“Es inútil un bozal para silenciar la información de interés público. Hay muchos medios y periodistas de todo el país y el mundo dispuestos a difundir esa información, entre ellos los cientos de socios del Foro de Periodismo Argentino”.
“La investigación periodística de las empresas privadas, y sus vínculos con el Estado, forma parte de la tarea más básica del periodismo en la democracia. Cuando se cumplieron 30 años del retorno a la democracia, dar lugar a esta cautelar sería un retroceso histórico. (La Política OnLine).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario