En el gobierno bonaerense se vive con cierto aire triunfalista la adhesión que vienen mostrando los intendentes de la Provincia a las llamadas Policías locales, que creó Daniel Scioli a través de una resolución ministerial. Se evalúa que lo ideal hubiera sido tener la ley de creación de las mismas pero, luego de esa primera derrota legislativa en manos de la oposición, las fotos que cotidianamente cosecha el ministro de Seguridad, Alejandro Granados, firmando los convenios correspondientes con los jefes comunales son consideradas muy buenas noticias.
En especial porque el Frente Renovador de Sergio Massa cerró la postura de que sus intendentes adhieran a las fuerzas locales, aún poniendo todos los reparos verbales que sean necesarios para dejar en claro que ellos están de acuerdo con la idea general de tener más presencia policial en las calles “un caballito de batalla propio en la última campaña- pero no con la forma en que fue concebida por el Poder Ejecutivo. Esta visión es la que dice que las policías comunales son un apéndice de la ya existente Bonaerense más que algo realmente novedoso.
El massismo maneja unos 12 distritos bonaerenses con más de 70 mil habitantes, que son los que estarían en condiciones de firmar el convenio de adhesión a las Policías Locales con el ministerio de Seguridad. Una vez rubricado, los intendentes pueden empezar a reclutar a los aspirantes.
Granados en persona se ha reunido con varios de estos alcaldes para desplegar un operativo de seducción. Con algunos, como con Jesús Cariglino de Malvinas Argentina, los unen amistades personales. Con otros, el hecho de ser colegas ya que el ministro, acaso el más kirchnerista del gabinete de Scioli, es intendente en uso de licencia del partido de Ezeiza.
A ellos les ha ofrecido lo que él mismo llama con creativa simplicidad una “Policía local a la carta”, basado en el artículo 23 de la resolución que las creó. Esto significa que, dentro de los límites de la letra de ese texto, los intendentes pueden poner los detalles que quieran en los convenios de adhesión, de manera que la nueva fuerza pueda tener el perfil del partido en el que funcionará en base a las necesidades de éste.
Scioli, además, atesora especialmente la foto que deja la firma de Jorge Macri, intendente de Vicente López y uno de los principales referentes bonaerenses del PRO. Para el gobernador significa mostrar que el principal espacio opositor al oficialismo a nivel nacional, la contracara total del Frente para la Victoria, apoya su idea. Una reunión secreta el lunes de la semana anterior entre el intendente y el ministro en el distrito del norte del Gran Buenos Aires destrabó el asunto. El primo de Mauricio, hay que recordarlo, aspira a pelear la gobernación con los colores amarillos.
La idea general que sobrevuela todo el asunto tiene que ver con la obvia necesidad del Gobernador de bajar los niveles de inseguridad en todo el territorio provincial, aún allí donde electoralmente pueda haber resistencia a su candidatura presidencial. “Los muertos por delitos en los distritos opositores nos perjudican igual que en los nuestros”, explica a este diario una fuente sciolista a modo de crudo diagnóstico.
Pases y versiones
El acto realizado en la semana para comunicar la destrucción masiva de armas de fuego no tuvo sólo el objetivo de mostrar gestión en un tema candente sino que persiguió un fin más político. La estrella del evento fue el diputado nacional y precandidato a gobernador Martín Insaurralde, autor él mismo de un proyecto de ley de desarme que por ahora duerme en el Congreso.
Insaurralde, de amplio nivel de conocimiento en la Provincia, se ha convertido en una suerte de talismán del que tironean Scioli y Massa. Ambos lo quieren en sus equipos. Y él, aún diciendo abiertamente que sigue en el oficialismo, no se cansa de juntarse con dirigentes del Frente Renovador. Sobre todo intendentes, con quienes mantiene lazos de amistad y conocimiento por su paso por la intendencia de Lomas de Zamora.
En la Gobernación aseguran que Scioli comprende ese juego porque él mismo suele coquetear con la dualidad cuando se fotografía con opositores al Gobierno nacional (caso Mauricio Macri) o con otros actores del poder que le provocan urticaria a Cristina Kirchner, como los dirigentes rurales o los dueños de los medios críticos del Gobierno.
Pero la verdad es que la foto con el lomense se apuró porque en la semana estuvo muy fuertemente instalado el rumor de que el hombre iba a anunciar que pegaba el salto al massismo. Se fogoneó a partir de una comida que compartió Insaurralde con jefes comunales del Frente Renovador. Allí hacen un culto del tráfico de información sobre posibles mudanzas de dirigentes del FpV a la oposición.
La versión que corrió decía que Insaurralde tenía cerrado su pase al FR pero que estaba pidiendo una condición: no quería que sea un salto en soledad, al estilo del que hizo el merlense Raúl Othacehé y generó un mini escándalo mediático durante días. En ese marco, siempre según la versión del propio massismo, se estaba gestando un acuerdo con algunos intendentes y legisladores oficialistas para anunciar una mudanza más numerosa e impactante. Sorprenderían algunos nombres que se mencionaron.
Nada de eso pasó y, al menos por ahora, el de Lomas sigue en el sciolismo. Que no es lo mismo que decir que está en el kirchnerismo puro. Porque un dato objetivo que rodea su caso es que el hombre pasó de niño mimado de la Presidenta el año pasado a objeto de la tirria del cristinismo luego de perder el comicio legislativo con Massa.
Cachetada
Así como fue una pesadilla durante el debate por las Policía locales, en la semana que pasó el Senado provincial volvió a pegarle una cachetada al Gobernador: a partir de una resolución de la comisión de Labor Parlamentaria, el cuerpo citó al jefe de Gabinete, Alberto Pérez; al ministro de Justicia, Ricardo Casal; y al titular de Infraestructura, Alejandro Arlía, para que den precisiones sobre los fallecidos en la inundación del 2 de abril del 2013 en La Plata.
Se aclara: no es una interpelación, un paso mucho más comprometedor. Pero al sciolismo lo tomó por sorpresa. Y encima fue en coincidencia con una visita que el mismo día hizo al Senado el juez Luis Arias, que llevó adelante la investigación del tema y viene confrontando abiertamente con la Gobernación con un alto perfil.
En rigor de verdad cayó pésimo en el palacio de calle 6 que Arias se haya entrevistado amistosamente con Gabriel Mariotto -fotos incluidas- antes de que se conociera la citación. Por lo bajo le achacan al Vicegobernador, que nunca le avisó a su superior que se venía una jugada de ese impacto político, que le da entidad a la investigación ratificada por el tribunal de alzada, y acaso lo sospechen “cómplice”. Nunca lo dirán en público, claro.
En los despachos oficiales ahora abrigan la esperanza de que el tema se apague con el parate que suponen las vacaciones de invierno y, eventualmente, se desactiven las citaciones o pierdan incidencia política. Para ello, por supuesto, necesitarían los oficios del inescrutable Mariotto. Final abierto para este tema. (Diario Democracia).
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