MERCEDES, Mayo 29, (PUNTO CERO-El Nuevo Cronista) En la sesión ordinaria el concejo aprobaría –por mayoría- la realización de cuatro denuncias penales más contra el intendente Carlos Selva. La semana que pasó se supo que desde el HCD ya se habían presentado las tres primeras dictaminadas por la comisión especial.
Vale recordar que tras la conclusión de la interpelación no existió el consenso necesario para que se conforme la comisión evaluadora pero los votos alcanzaron para conformar una comisión especial que decida qué hacer con las irregularidades manifestadas durante el transcurso de las explicaciones del intendente.
El primer dictamen de esa comisión fue la realización de tres denuncias en sede penal: el alumbrado público en Gowland-Agote; el consumo de combustible en tres áreas de servicios públicos y la autorización del intendente para que arrojen desechos cloacales dentro del partido a una empresa foránea fueron los tres temas que se llevaron a la sede penal.
La comisión siguió trabajando y para la sesión elaboró un nuevo proyecto para que sean cuatro más las denuncias que realice el cuerpo contra la actual gestión comunal.
La poda
Cómo se recordará uno de los temas de la interpelación fue el mecanismo utilizado por el gobierno comunal para designar la empresa y/o cooperativa que realice la poda cada año. En su escrito la comisión entiende que el intendente brindó “respuestas difusas sosteniendo que hubo una contratación directa y tratando de evadir una respuesta concreta a lo oportunamente requerido manifiesta que dado el tiempo transcurrido no cuenta con la documentación, para luego sostener que se va a tratar de conseguir y en su caso evitarla. Lo cual no ha concretado”, asegura el escrito.
Para los concejales es importante y necesario realizar la denuncia en sede penal para deslindar la eventual responsabilidad del intendente Selva, del secretario de hacienda, del secretario de servicios públicos y del contador municipal; solicitando además que se dé intervención al Tribunal de Cuentas.
Los taxis
Los concejales también entienden que la situación anómala de los taxis denunciada por el ex titular del área de tránsito, Antonio Tilli, merece una profunda investigación. Tilli había dicho que circulan por el partido de Mercedes taxis truchos y “que hay varios funcionarios que avalan este accionar autorizando verbalmente que esos vehículos trabajen como taxi” y se ofrece como prueba lo declarado por dos trabajadores del área de tránsito.
Recuerdan que Selva aseguró que los dichos eran responsabilidad de Tilli aunque admitió que “hay vehículos que trabajan en forma telefónica y no están registrados en la Municipalidad” aunque niega que exista algún mecanismo paralelo de tolerancia.
Selva admitió que desde el municipio no se realizó sumario ni acto administrativo alguna por los dichos de Tilli porque este no recurrió “ante el superior jerárquico”.
Para los ediles el Ejecutivo “ha incurrido en una conducta permisiva y de tolerancia indebida con grave omisión en el ejercicio del poder de policía del estado, lo que implica violación a las disposiciones contenidas en las normas de tránsito y habilitaciones, constituyendo falta grave las conductas de las cuales derivan serios riesgos para la seguridad de la población y, al mismo tiempo, ponen en peligro el patrimonio municipal ante posibles reclamos por reparación de daños”, afirman.
Maquinaria
Otro de los temas que será planteado en sede penal es el vinculado con el faltante de dos moto niveladoras “que hace más de un año y medio fuesen retiradas del corralón” para su reparación.
Según afirman los ediles Selva reconoció que “no han sido devueltas”. Con ello el Ejecutivo “se ha desprendido por largo tiempo, sin justificación, de elementos que integran el patrimonio municipal sin exhibir recaudos suficientes que avalen tan conducta”. Para los legisladores es claro que “se pone en riesgo bienes de la comuna y se afecta la prestación”.
El Unzué
La controvertida situación del Instituto Unzué será el otro punto que se presentará a la justicia. Los ediles entienden que el intendente sabe de la labor desempeñada por la comisión investigadora de ese instituto y que en el informe de esta se vio que existe “una falta de control de los órganos superiores sobre quienes son responsables directos del funcionamiento del instituto”.
En el proyecto aseguran que “quedó comprobada la falta de capacitación del personal encargado de la atención de los menores, déficit en las instalaciones edilicias, en el material educativo y en la atención de la salud, tanto física como psíquica. Lo cual conlleva a un verdadero abandono de los menores internados en dicho instituto”, razonan.
Además destacan que existen dudas “en cuanto a una adecuada respuesta en materia alimentaria y de vestimenta” y recordó que el Concejo le indicó al Ejecutivo la realización de una auditoría contable externa, hecho este que no se cumplió.
En el informe sugieren que con esa conducta omisiva el Ejecutivo pudo haber puesto en riesgo “la salud psicofísica de los menores de edad, pudiendo también existir daño al patrimonio municipal, como así también compras mediante mecanismos irregulares”, aseguran.
Solicitan que se presente como prueba los dichos de Marcelo Giardelli sobre la existencia de camionetas que retiraban mercaderías en horas de la madrugada y que la denuncia se amplía sobre el total de los fondos manejados por la Secretaría de Desarrollo Social.
Plazos
Vale recordar que tras la conclusión de la interpelación no existió el consenso necesario para que se conforme la comisión evaluadora pero los votos alcanzaron para conformar una comisión especial que decida qué hacer con las irregularidades manifestadas durante el transcurso de las explicaciones del intendente.
El primer dictamen de esa comisión fue la realización de tres denuncias en sede penal: el alumbrado público en Gowland-Agote; el consumo de combustible en tres áreas de servicios públicos y la autorización del intendente para que arrojen desechos cloacales dentro del partido a una empresa foránea fueron los tres temas que se llevaron a la sede penal.
La comisión siguió trabajando y para la sesión elaboró un nuevo proyecto para que sean cuatro más las denuncias que realice el cuerpo contra la actual gestión comunal.
La poda
Cómo se recordará uno de los temas de la interpelación fue el mecanismo utilizado por el gobierno comunal para designar la empresa y/o cooperativa que realice la poda cada año. En su escrito la comisión entiende que el intendente brindó “respuestas difusas sosteniendo que hubo una contratación directa y tratando de evadir una respuesta concreta a lo oportunamente requerido manifiesta que dado el tiempo transcurrido no cuenta con la documentación, para luego sostener que se va a tratar de conseguir y en su caso evitarla. Lo cual no ha concretado”, asegura el escrito.
Para los concejales es importante y necesario realizar la denuncia en sede penal para deslindar la eventual responsabilidad del intendente Selva, del secretario de hacienda, del secretario de servicios públicos y del contador municipal; solicitando además que se dé intervención al Tribunal de Cuentas.
Los taxis
Los concejales también entienden que la situación anómala de los taxis denunciada por el ex titular del área de tránsito, Antonio Tilli, merece una profunda investigación. Tilli había dicho que circulan por el partido de Mercedes taxis truchos y “que hay varios funcionarios que avalan este accionar autorizando verbalmente que esos vehículos trabajen como taxi” y se ofrece como prueba lo declarado por dos trabajadores del área de tránsito.
Recuerdan que Selva aseguró que los dichos eran responsabilidad de Tilli aunque admitió que “hay vehículos que trabajan en forma telefónica y no están registrados en la Municipalidad” aunque niega que exista algún mecanismo paralelo de tolerancia.
Selva admitió que desde el municipio no se realizó sumario ni acto administrativo alguna por los dichos de Tilli porque este no recurrió “ante el superior jerárquico”.
Para los ediles el Ejecutivo “ha incurrido en una conducta permisiva y de tolerancia indebida con grave omisión en el ejercicio del poder de policía del estado, lo que implica violación a las disposiciones contenidas en las normas de tránsito y habilitaciones, constituyendo falta grave las conductas de las cuales derivan serios riesgos para la seguridad de la población y, al mismo tiempo, ponen en peligro el patrimonio municipal ante posibles reclamos por reparación de daños”, afirman.
Maquinaria
Otro de los temas que será planteado en sede penal es el vinculado con el faltante de dos moto niveladoras “que hace más de un año y medio fuesen retiradas del corralón” para su reparación.
Según afirman los ediles Selva reconoció que “no han sido devueltas”. Con ello el Ejecutivo “se ha desprendido por largo tiempo, sin justificación, de elementos que integran el patrimonio municipal sin exhibir recaudos suficientes que avalen tan conducta”. Para los legisladores es claro que “se pone en riesgo bienes de la comuna y se afecta la prestación”.
El Unzué
La controvertida situación del Instituto Unzué será el otro punto que se presentará a la justicia. Los ediles entienden que el intendente sabe de la labor desempeñada por la comisión investigadora de ese instituto y que en el informe de esta se vio que existe “una falta de control de los órganos superiores sobre quienes son responsables directos del funcionamiento del instituto”.
En el proyecto aseguran que “quedó comprobada la falta de capacitación del personal encargado de la atención de los menores, déficit en las instalaciones edilicias, en el material educativo y en la atención de la salud, tanto física como psíquica. Lo cual conlleva a un verdadero abandono de los menores internados en dicho instituto”, razonan.
Además destacan que existen dudas “en cuanto a una adecuada respuesta en materia alimentaria y de vestimenta” y recordó que el Concejo le indicó al Ejecutivo la realización de una auditoría contable externa, hecho este que no se cumplió.
En el informe sugieren que con esa conducta omisiva el Ejecutivo pudo haber puesto en riesgo “la salud psicofísica de los menores de edad, pudiendo también existir daño al patrimonio municipal, como así también compras mediante mecanismos irregulares”, aseguran.
Solicitan que se presente como prueba los dichos de Marcelo Giardelli sobre la existencia de camionetas que retiraban mercaderías en horas de la madrugada y que la denuncia se amplía sobre el total de los fondos manejados por la Secretaría de Desarrollo Social.
Plazos
A diferencia del decreto anterior en este el presidente del HCD no tiene plazos aunque si se le solicita que las presentaciones se realicen separadas por temas y “en los tiempos más breves posibles”. (PUNTO CERO-El Nuevo Cronista).
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