LANUS, Enero 27, (PUNTO CERO-Inforegión) La comisión de seguimiento de la emergencia administrativa del Concejo, tuvo su primera reunión. En el encuentro, los ediles analizaron el despido que resolvió el Intendente y consideraron que la decisión de la actual gestión estuvo “dentro de la legalidad”, ya que se detectaron diversas “irregularidades” en los nombramientos.
Luego de haber efectuado su primera reunión, la comisión de seguimiento de la emergencia administrativa del Concejo Deliberante de Lanús, respaldó las primeras medidas del intendente Darío Díaz Pérez, en lo concerniente a los despidos de empleados municipales.
La comisión de seguimiento del Cuerpo está conformada por los ediles Mariano Amore (Coalición Cívica), Gabriel Di Masi (Unión PRO), Griselda Regueira (Frente para la Victoria), Susana Martins Rocha (Recrear) y Francisco Malvaso (Justicia Social). El bloque del Partido Justicialista decidió no participar de esta comisión, en tanto que el Sindicato de Trabajadores Municipales, que fue invitado a enviar a un representante, aún no respondió a la propuesta.
“Lo primero que analizamos fue el tema de los pases a planta permanente que designó la gestión anterior y en el cual a un montón de funcionarios políticos se los pasa a la planta con categoría 24 en algunos casos”, detalló Amore ante la consulta de Info Región.
Los concejales evaluaron que la medida que tomó Díaz Pérez para anular estos decretos estuvieron “dentro de la legalidad” ya que “hay un escalafón municipal que se debe que respetar y hay muchísimos trabajadores que están resignados en las recategorizaciones”.
“Eran todos favores políticos que realizó el intendente anterior (Manuel Quindimil) a sus funcionarios como un resguardo porque cuando uno es funcionario político no goza de estabilidad”, sentenció el edil.
Desde la comisión calificaron como irregular el proceso de asignación de los cargos dispuestos por la anterior gestión municipal y afirmaron que alrededor de veinte funcionarios “fueron pasados en algunos casos a la planta permanente como municipales y en otros casos, se les dio la recategorización”.
Respecto a este tema, es necesario puntualizar que la categoría máxima, que es la categoría 24, implica un sueldo que tiene como piso un monto de alrededor de 2.000 pesos y, sumado a las asignaciones y otros conceptos como antigüedad, puede ascender a los 3.000.
“Estos decretos están bien anulados porque no se respeta el escalafón municipal”, destacó Amore.
Por otra parte, precisó que el Sindicato de Municipales fue convocado a participar de la comisión, pero aún no informaron si enviarán un delegado. “Se les envió una nota, para que nos digan cual iba a ser el representante y no la contestaron”, aseguró el edil, quien especuló que “estarán procesando, discutiendo o haciendo una evaluación de que medida tomar”.
En cuanto al funcionamiento interno de la comisión, que planea reunirse semanalmente, informaron que no cuenta con un titular o conductor y que actúa de modo “bien horizontal”.
En este sentido, especificaron que prefirieron “no estructurar ni darle demasiada solemnidad”. “No es un órgano que tome decisiones, simplemente es de seguimiento”, aclararon y puntualizaron que “no hace falta votaciones”.
Luego de haber efectuado su primera reunión, la comisión de seguimiento de la emergencia administrativa del Concejo Deliberante de Lanús, respaldó las primeras medidas del intendente Darío Díaz Pérez, en lo concerniente a los despidos de empleados municipales.
La comisión de seguimiento del Cuerpo está conformada por los ediles Mariano Amore (Coalición Cívica), Gabriel Di Masi (Unión PRO), Griselda Regueira (Frente para la Victoria), Susana Martins Rocha (Recrear) y Francisco Malvaso (Justicia Social). El bloque del Partido Justicialista decidió no participar de esta comisión, en tanto que el Sindicato de Trabajadores Municipales, que fue invitado a enviar a un representante, aún no respondió a la propuesta.
“Lo primero que analizamos fue el tema de los pases a planta permanente que designó la gestión anterior y en el cual a un montón de funcionarios políticos se los pasa a la planta con categoría 24 en algunos casos”, detalló Amore ante la consulta de Info Región.
Los concejales evaluaron que la medida que tomó Díaz Pérez para anular estos decretos estuvieron “dentro de la legalidad” ya que “hay un escalafón municipal que se debe que respetar y hay muchísimos trabajadores que están resignados en las recategorizaciones”.
“Eran todos favores políticos que realizó el intendente anterior (Manuel Quindimil) a sus funcionarios como un resguardo porque cuando uno es funcionario político no goza de estabilidad”, sentenció el edil.
Desde la comisión calificaron como irregular el proceso de asignación de los cargos dispuestos por la anterior gestión municipal y afirmaron que alrededor de veinte funcionarios “fueron pasados en algunos casos a la planta permanente como municipales y en otros casos, se les dio la recategorización”.
Respecto a este tema, es necesario puntualizar que la categoría máxima, que es la categoría 24, implica un sueldo que tiene como piso un monto de alrededor de 2.000 pesos y, sumado a las asignaciones y otros conceptos como antigüedad, puede ascender a los 3.000.
“Estos decretos están bien anulados porque no se respeta el escalafón municipal”, destacó Amore.
Por otra parte, precisó que el Sindicato de Municipales fue convocado a participar de la comisión, pero aún no informaron si enviarán un delegado. “Se les envió una nota, para que nos digan cual iba a ser el representante y no la contestaron”, aseguró el edil, quien especuló que “estarán procesando, discutiendo o haciendo una evaluación de que medida tomar”.
En cuanto al funcionamiento interno de la comisión, que planea reunirse semanalmente, informaron que no cuenta con un titular o conductor y que actúa de modo “bien horizontal”.
En este sentido, especificaron que prefirieron “no estructurar ni darle demasiada solemnidad”. “No es un órgano que tome decisiones, simplemente es de seguimiento”, aclararon y puntualizaron que “no hace falta votaciones”.
“El Ejecutivo nos informa y evaluamos la legalidad de lo que se viene haciendo, después cada uno puede tener su posición política al respecto, pero lo que nos planteamos es que no vamos a tomar esto como una herramienta política”, concluyó Amore. (PUNTO CERO-Inforegión).
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