BUENOS AIRES, Enero 30, (PUNTO CERO) Más de la mitad de las nuevas estructuras ya fueron aprobadas. Se rechazaron las propuestas de algunos ministerios porque no cumplían con la orden de no crear nuevos cargos. El problema de las firmas de los funcionarios.
“No quiero que agreguen ni un cargo político”, fue la directiva que dio el gobernador Daniel Scioli, cuando le dio vía libre a la nueva estructura gubernamental que se expresó en la ley de ministerios aprobada sobre el final del año pasado y que en rigor redujo las carteras de la provincia.
La ley aprobada por la Legislatura bonaerense fusionó la Jefatura de gabinete y el Ministerio de Gobierno, así como la cartera de Asuntos Agrarios y la de Producción.
Un proceso complicado
Pero la sanción del nuevo organigrama ministerial era apenas el primer paso para darle al gobierno provincial su nueva fisonomía administrativa. Las leyes bonaerenses que regulan esta materia son extremadamente engorrosas y el equipo que acompaña a Scioli tuvo que meter una fuerte presión para poder sacar adelante lo que se conoce como las nuevas “estructuras” para evitar la parálisis del gobierno.
Es que sino se aprueban los nuevos organigramas de cada ministerio, no se podía nombrar a los funcionarios de los mismos, que por lo tanto no tenían “firma”, es decir la capacidad de mover los expedientes. En definitiva, no podían gestionar.
El nuevo gobierno bonaerense está estructurado en cuatro niveles. Ministro, subsecretario de Estado, director provincial y director de línea. En cada uno de los ministerios, antes de nombrar a estos funcionarios es necesario que el propio gobernador firme y autorice las nuevas estructuras. Pero esto no es sencillo.
Para llegar a la firma de Scioli las mismas deben cumplir con tres autorizaciones: la económico financiera; la legal y la técnica. La primera de ellas está a cargo del ministro de Economía Rafael Perelmiter; la legal que elabora la subsecretaría Legal y Técnica que depende del secretario General José “Pepe” Scioli; y la técnica que analiza misiones y funciones y está a cargo del subsecretario de Modernización del Estado, Diego Gorgal.
Si la estructura propuesta por el ministro pasa este triple filtro, recién ahí va a la firma del gobernador y una vez aprobada, se puede nombrar a los funcionarios.
Contra reloj
“Ya aprobamos más de la mitad de las estructuras, un proceso que solía llevar diez meses lo estamos resolviendo en poco más de 45 días para evitar la parálisis de la administración”, explicó a La Política Online una fuente del gobierno bonaerense.
La fuente señaló que aquellas estructuras que aún no se han definido, en algunos casos han sido reenviadas para su revisión porque no cumplían con alguna de las pautas que fijó Scioli, como ser la de no crear nuevos cargos políticos. “El principio es la austeridad”, explicó la fuente.
En la provincia destacan que el nuevo organigrama gubernamental sirvió además para “emprolijar” la administración, en la que sucesivos gobiernos habían acumulado cargos fuera de nivel, subsecretarías “sueltas” y direcciones que dependían directamente de ministros.
“No quiero que agreguen ni un cargo político”, fue la directiva que dio el gobernador Daniel Scioli, cuando le dio vía libre a la nueva estructura gubernamental que se expresó en la ley de ministerios aprobada sobre el final del año pasado y que en rigor redujo las carteras de la provincia.
La ley aprobada por la Legislatura bonaerense fusionó la Jefatura de gabinete y el Ministerio de Gobierno, así como la cartera de Asuntos Agrarios y la de Producción.
Un proceso complicado
Pero la sanción del nuevo organigrama ministerial era apenas el primer paso para darle al gobierno provincial su nueva fisonomía administrativa. Las leyes bonaerenses que regulan esta materia son extremadamente engorrosas y el equipo que acompaña a Scioli tuvo que meter una fuerte presión para poder sacar adelante lo que se conoce como las nuevas “estructuras” para evitar la parálisis del gobierno.
Es que sino se aprueban los nuevos organigramas de cada ministerio, no se podía nombrar a los funcionarios de los mismos, que por lo tanto no tenían “firma”, es decir la capacidad de mover los expedientes. En definitiva, no podían gestionar.
El nuevo gobierno bonaerense está estructurado en cuatro niveles. Ministro, subsecretario de Estado, director provincial y director de línea. En cada uno de los ministerios, antes de nombrar a estos funcionarios es necesario que el propio gobernador firme y autorice las nuevas estructuras. Pero esto no es sencillo.
Para llegar a la firma de Scioli las mismas deben cumplir con tres autorizaciones: la económico financiera; la legal y la técnica. La primera de ellas está a cargo del ministro de Economía Rafael Perelmiter; la legal que elabora la subsecretaría Legal y Técnica que depende del secretario General José “Pepe” Scioli; y la técnica que analiza misiones y funciones y está a cargo del subsecretario de Modernización del Estado, Diego Gorgal.
Si la estructura propuesta por el ministro pasa este triple filtro, recién ahí va a la firma del gobernador y una vez aprobada, se puede nombrar a los funcionarios.
Contra reloj
“Ya aprobamos más de la mitad de las estructuras, un proceso que solía llevar diez meses lo estamos resolviendo en poco más de 45 días para evitar la parálisis de la administración”, explicó a La Política Online una fuente del gobierno bonaerense.
La fuente señaló que aquellas estructuras que aún no se han definido, en algunos casos han sido reenviadas para su revisión porque no cumplían con alguna de las pautas que fijó Scioli, como ser la de no crear nuevos cargos políticos. “El principio es la austeridad”, explicó la fuente.
En la provincia destacan que el nuevo organigrama gubernamental sirvió además para “emprolijar” la administración, en la que sucesivos gobiernos habían acumulado cargos fuera de nivel, subsecretarías “sueltas” y direcciones que dependían directamente de ministros.
Claro que en una estructura inconmensurable como la bonaerense la tarea no es sencilla y todo el tiempo se debe lidiar con el fantasma de la paralización de la gestión. Resta aún una enorme tarea de designación y aprobación incluso de cargos menores pero indispensables, como personal contratado, directores de hospitales o firmas responsables en el registro de las Personas, que en el gobierno confían lograrán saldar rápidamente. (PUNTO CERO).
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