miércoles, mayo 14, 2014

Agricultura familiar en el AMBA: nuevos desafíos a la hora de repensar un modelo productivo inclusivo y sustentable

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) afirma que “la agricultura y el desarrollo rural son sostenibles cuando toman en cuenta el equilibrio ambiental, son económicamente viables, socialmente justos, culturalmente apropiados, humanitarios y cuando están basados en un enfoque científico”. En consecuencia, “una política de desarrollo rural deberá satisfacer los requerimientos nutricionales y otras necesidades humanas de las generaciones actuales y futuras y, cuando sea posible, incrementar la productividad y la capacidad regenerativa de la base de los recursos naturales. También, deberá brindar empleo durable a dichas generaciones, reducir su vulnerabilidad y reforzar su autodeterminación”. En los tiempos que corren, corresponde a la agroecología tomar el desafío de definir alternativas que apunten a lograr la aplicación de los fundamentos de la ecología al diseño y gestión de los sistemas agrícolas sostenibles en pos de un mejor porvenir.


El Año Internacional de la Agricultura Familiar

Las Naciones Unidas proclamaron el 2014 como el “Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF)”con el propósito de reconocer la relevancia de la agricultura familiar en la reducción de la pobreza y lamejora de la seguridad alimentaria mundial por ser, en toda su diversidad, la forma predominante de agricultura en el planeta. Esta declaración, que tiene por objeto promover nuevas políticas de desarrollo que ayuden a los agricultores familiares y a los pequeños productores a erradicar el hambre, reducir la pobreza rural y seguir desempeñando un papel destacado en la búsqueda de la soberanía alimentaria, dio inicio a un gran debate que sitúa en el centro de la discusión conceptos tales como inclusión, cooperación y democratización. Favorece la participación de distintos actores, sean estos políticos, sociales o económicos, en el establecimiento de una agenda que tiene por prioridad visibilizar el rol de la agricultura familiar a partir de la elaboración de estrategias coordinadas a nivel nacional, regional y mundial. Así lo define Carla Campos Bilbao, Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, “de la única manera que estos productores pueden realmente ser actores claves de la economía productiva es con un Estado presente que acompañe en gestión y organización y básicamente en lo que es infraestructura y agregado de valor común”, “haciéndolo a través de los Estados locales y municipales que son quienes tienen el primer vinculo y visión de desarrollo de cada localidad”.
En este marco, la agroecología cobra un rol primordial en tanto busca acercar a este sector  herramientas tecnológicas que faciliten el manejo del sistema productivo con insumos propios. Según Gustavo Tito, Director del INTA – Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), su importancia radica en que “reconoce la experiencia del productor en el manejo del ambiente y de la producción misma y propone que el conocimiento popular se fusione con el conocimiento científico”, “garantiza que no haya contaminación y, por el contrario, que haya un uso racional de los recursos naturales poniendo en juego el valor de la agricultura familiar como generadora de empleo genuino”. Tal es así que, a través del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar (CIPAF), el INTA promueve distintas políticas que tienen por objeto generar, adaptar y validar tecnologías adecuadas para el desarrollo sostenible de esta porción de la economía.


En defensa de la agricultura periurbana en el AMBA

Según explica Andrés Barsky, del Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) “el borde periurbano del Área Metropolitana de Buenos Aires es un territorio productivo, residencial y de servicios que se desarrolla en el contorno de la ciudad”. Se genera cuando estos centros alcanzan determinadas dimensiones, es decir, cuando conforman un mercado de alcance regional que requiere ser abastecido desde las cercanías. Una de las manifestaciones paisajísticas y sociales más características del periurbano es el tipo particular de agricultura que en él se practica: el entramado de explotaciones primario-intensivas que conforma el denominado cinturón verde o cordón alimentario. El mismo se emplaza en cuñas, en intersticios, en áreas vacantes características en estos espacios de interfase urbano-rural. “Frente a otros ámbitos agrarios extensivos que operan a mayor escala y manejan significativos volúmenes de producción, su ventaja competitiva esencial radica en la proximidad a la ciudad” de allí, la razón por la cual la agricultura periurbana forma parte integral del conjunto de la pequeña agricultura familiar.
En el caso de Buenos Aires, el espacio periurbano se ubica en la franja comprendida aproximadamente entre el kilómetro 30 y el kilómetro 90. El cinturón verde ocupa unas 18.000 hectáreas en zonas contiguas a la ciudad (tercera corona de urbanización, principalmente) y, según se estima, aporta un 30 % de las verduras que ingresan a Buenos Aires, empleando a más de 5.000 personas (la mayoría de origen argentino y boliviano). Esta zona, se caracteriza por estar vivenciando una transformación producto del crecimiento desmedido de la ciudad en sus límites que desplaza las actividades tradicionales de la región y compite por el uso del suelo. La creciente urbanización, es decir, esta ciudad que avanza sobre la periferia, eleva el precio de las tierras y genera una especulación inmobiliaria que aleja, cada vez más, a los quinteros de la ciudad por ser en su mayoría inquilinos. Sumado a esto, por el frente contrario, avanza la producción de cultivos extensivos tales como la soja con las consecuencias que ello implica.
En los municipios de Pilar y La Plata, caracterizados por el cultivo de hortalizas de hoja y por el conocido “tomate platense”, respectivamente, puede observarse cómo en los últimos años los distintos emprendimientos industriales, tecnológicos, comerciales e inmobiliarios comenzaron a desbancar a lahorticultura. Sin embargo, en cada caso con características diferentes. Tal como informa Matías García, de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), mientras que en Pilar la batalla por el suelo se fue perdiendo por tratarse de uno de los municipios más afectados por la irrupción de la urbanización debido a la radicación de inversiones residenciales e industriales de gran magnitud, en La Plata la disputa por la tierra “no afecta a la zona típica hortícola platense”. “Esto se debe a que existe en el municipio desde hace años (e independientemente del intendente de turno), el respeto por una ordenanza municipal que impide la instalación de emprendimientos urbanísticos (léase clubes de campo y barrios privados / countries) en áreas rurales”. No obstante, sostiene que “de la misma forma que hay una presión urbana sobre parte del cinturón verde bonaerense existe, el mismo efecto, pero en la dirección contraria, desde la frontera agrícola generando un efecto de compresión”. Se trata en este caso del cultivo de la soja “que avanza sobre espacios que nadie hubiese imaginado”dependiendo su conquista, en última instancia, de la planificación-zonificación que se implemente y del grado de intervención que los actores públicos establezcan para el uso ordenado del suelo. Según Barsky “en la actualidad se registra un importante retroceso del cinturón en las zonas norte y oeste, donde la agricultura familiar es más importante, mientras conserva un cluster más competitivo y empresarial en la zona sur, con epicentro en La Plata”.
La localidad de Cañuelas parece haber corrido la misma suerte. Allí, se produjo el fenómeno que Pedro Del Piero, Presidente de Fundación Metropolitana, ha dado en llamar “conurbanización del cordón periurbano”, a partir del cual la soja y los barrios privados  aventajaron a los productores de las granjas y huertas. Tras ser consultado acerca de las consecuencias sociales de esta transformación Del Piero afirmaba: “en el caso del borde periurbano, es urgente que se tomen definiciones sobre el suelo, sobre lo que se hace sobre el suelo, es una medida a largo plazo”. “Se trata de ver cómo se disponen de matrices para poder ocupar el suelo en términos habitacionales, de espacios residenciales y en términos de espacios vinculados a la economía, a lo productivo y a lo social. Esto hace que se puedan ir previendo varias cosas como dónde vive la gente, qué servicios se tienen y cuáles faltan. Sobre todo en salud, educación y seguridad”.


El cambio de paradigma es posible

La soja, como todo monocultivo, necesita para expandirse del uso de herbicidas, insecticidas y funguicidas que aseguren y protejan al cultivo de las plagas. Sin embargo, estos químicos representan un riesgo para la salud poblacional, así como también para el medio ambiente en su totalidad. Por el contrario, la agricultura familiar se instala como una variante que propone el consumo alternativo de alimentos frescos bajo estándares de calidad, con base en el modelo de Buenas Practicas Agrícolas (BPA) de la FAO. Como ejemplo de ello, la Cooperativa Agropecuaria de Productores Familiares de Florencio Varela (AFP), con más de 20 años de existencia, nació como una herramienta organizativa de las familias productoras de la zona rural La Carolina con la intención de desarrollar proyectos productivos, de carácter ecológico, que permitan impulsar la seguridad alimentaria y facilitar la comercialización de excedentes en el marco de una economía solidaria. Del mismo modo, los productores del Parque Pereyra Iraola redefinieron su sistema productivo convirtiendo sus predios hacia una horticultura libre de agrotóxicos a través de la utilización de técnicas con recursos propios para combatir las plagas sin contaminar el ecosistema. Estas dos iniciativas, que en un principio se destinaron al autoconsumo, son una pequeña muestra del universo de casos que da cuenta de que el cambio de paradigma es posible.


Un tema en la agenda pública

Quizá empujados por las demandas de los vecinos  fueron, desde un principio, los gobiernos locales los más interesados en lanzar políticas públicas para favorecer el desarrollo de la agricultura familiar. Tal es así que desde el municipio de Pilar se implementó, en el 2007, el Programa de Promoción de la Agricultura Sustentable (PRO.A.A.S.) que, en convenio con el INTA, surgió con la intención de asistir a los horticultores para que mejoren sus procedimientos a través de la implementación de “buenas prácticas” tecno-productivas. Del mismo modo, el municipio de Florencio Varela, por intermedio del Instituto de Desarrollo Local (IDEL), ejecutó el Programa Tierras Productivas de instalación de granjas comunitarias y huertas domiciliarias, a fin de lograr el autoabastecimiento alimentario de la población, fomentando la constitución de microemprendimientos hortícolas familiares. Brindando para ello capacitación gratuita, asistencia técnica e insumos básicos para la producción.
De esta forma la agricultura familiar fue posicionándose en la agenda pública. Así, comenzaron a promoverse desde el Estado nacional distintas instancias para su promoción a lo largo y  ancho del país. La más reconocida fue la puesta en funcionamiento del Programa Nacional de Agricultura Periurbana (PNAP), que comenzó a ejecutarse en 2008 y que, a la fecha, se encuentra desarrollando la V Etapa en la región del AMBA que, con 13,7 millones de habitantes, 1,8 millón de hectáreas y el 40% del PBI, fue clave a la hora de su diseño. El Programa, que se encuentra en marcha en 12 provincias y 132 municipios de todo el país, prevé una producción de 1.300.000 toneladas de productos frescos, que se incorporan diariamente a la demanda de los consumidores locales.
Otra de las iniciativas fue la creación del Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), que surgió como una herramienta de identificación, y tiene por misión facilitarle a los agricultores el acceso a las distintas políticas en acción. Según un informe del organismo, que remite a los datos agregados de 1600 Núcleos de Agricultores Familiares (NAF) en el AMBA, sobre una base de respuestas múltiples, el 85% de los NAFs se caracteriza por realizar actividades relacionadas con la agricultura, el 28 % con la producción animal, el 9% con la agroindustria, el 2% con artesanías, y el 2% con actividades de recolección. En cuanto al tipo de producción agrícola realizada el 41% se dedica al cultivo de hortalizas de hojas, el 45% al de otras hortalizas, el 30% al de huerta, el 15% al de flores, el 6% al de cultivos andinos, el 5% al de cereales y el 5% al de frutales, entre otros.
Desde el Poder Legislativo se formulan, a su vez, líneas de acción. Por su parte, la senadora oficialistapor la provincia de Formosa, María Graciela de la Rosa, presentó un proyecto de ley de Promoción de Ferias Locales de la Agricultura Familiar y la Economía Social, que impulsa el establecimiento de ferias locales que, gracias a su proximidad geográfica, abastezcan a los consumidores en forma directa de productos agroalimentarios, frutihortícolas y artesanales de calidad, evitándose de esta forma los costos de intermediación, transporte y logística, bajo la premisa de promover la organización de unidades productivas económicamente sustentables en el tiempo. Éste proyecto, que de aprobarse terminaría con las trabas innecesarias a las que están sujetos los productores, se encuentra por el momento a la espera de su tratamiento por parte de las comisiones parlamentarias.


Otro modelo es posible

La agricultura familiar, de la mano de la agroecología, se convierte en una alternativa viable a los fines de lograr un desarrollo sustentable desde el punto de vista ambiental, económico y social ya que genera mayores ingresos, protege la salud humana y el ambiente, promueve la autonomía de los productores, así como también la seguridad y soberanía alimentaria. Surge entonces, a partir de su carácter estratégico, la necesidad de contar con autoridades de tierras específicas que tengan como función apuntalar su preservación, acotando la extensión del tejido urbano, promoviendo el ordenamiento territorial y la coordinación entre zonas, el fortalecimiento institucional y la protección de los cinturones verdes.
Por Deleandra Spinato (Fundación Metropolitana).

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