BUENOS AIRES, Setiembre 08, (PUNTO CERO-La Política On LIne) El radicalismo provincial advirtió sobre el desvío de impuestos de Asignación Especifica al Tesoro provincial. Es un impuesto que se recauda con el pago de la luz. Cómo se desviaron fondos que iban a una obra que nunca se construyó.El senador bonaerense de la UCR, Diego Rodrigo, presentó una denuncia ante el Juzgado Nº 2 de Defensa del Consumidor de La Plata, a cargo del juez Diego Rusconi, advirtiendo que hay una desviación millonaria de fondos específicos hacia el Tesoro de la provincia de Buenos Aires.
La presentación judicial realizada por Rodrigo, también con la firma del jefe de bloque de senadores de la UCR Jesús Porrúa, es contra la empresa EDELAP S.A. y el Poder Ejecutivo Provincial por cobro indebido de conceptos adicionales en la facturación de energía.
En la misma se indica que en las facturas de EDELAP, la provincia cobra en concepto de impuestos específicos el 15% del total de la energía facturada a usuarios residenciales.
Este impuesto fue creado por los Decretos Ley 7290/67 y 9038/78 que tenían como fin la integración del "Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires" (al que se destina un 10 por ciento del cobro a los usuarios residenciales) y la creación de la "Central de acumulación por Bombeo en Laguna La Brava" (a la que se destina el 5 por ciento del cobro), radicación de potencia de base en el área de Bahía Blanca y sus interconexiones.
Sin embargo, en la denuncia se sostiene que estas dos obras nunca se realizaron y el Gobierno Provincial hasta el día de la fecha no ha especificado adónde fueron a parar los ingresos provenientes del cobro del impuesto.
Los fondos
El senador Rodrigo accedió a dialogar con La Política Online y explicó que ante un pedido de informes al Ministerio de Obras Públicas en el año 2002, la respuesta del organismo fue que la Central de Bombeo de Laguna La Brava no había pasado la “etapa de proyecto”, por lo que desde el año 1978 por el decreto 9038/78 se destina el 5 por ciento del dinero que el usuario paga bimestralmente a algo que nunca se construyó.
“Por ende esos fondos han ido año tras año a Rentas generales”, señaló Rodrigo. Se estaría recaudando desde hace 30 años en base a una ley cuyo objetivo no ha pasado de su fase de estudios previos, según la denuncia
En el caso del "Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires", el artículo 2 del decreto 7290/67 establece que este fondo “será destinado a costear los estudios, proyectos, obras y adquisiciones que resulten necesarias para reestructurar, completar y expandir los sistemas y servicios públicos de electricidad existentes dentro de su territorio, así como para la creación de otros nuevos y atender costos de capital según lo determinen las disposiciones que fijan en materia tarifaria. Asimismo podrá contribuir a la finalización de obras interprovinciales que hagan al interés de la Provincia”
Lo que detectó la UCR fue que cada vez que salía el presupuesto (en la denuncia consta desde el año 2000 hasta 2004) “había un artículo abajo” que disponía que al no ser utilizado para lo establecido en ese decreto, el excedente pasaba a Rentas generales.
El informe del Ministerio de Obras Públicas en referencia al dinero afectado para este Fondo en 2002 (unos $8.300.000) dice que “Una parte (...) es transferida al Banco de la Provincia de Buenos Aires (...) El resto, aún cuando no se tiene conocimiento fehaciente de su magnitud por no haberse tramitado ante esta Dirección Provincial, se estima que, durante el ultimo año, debería haberse destinado al pago de certificados de obras anteriormente contratadas con el EPRE…”.
La denuncia radical remarca que ya en el año 2002 no se tiene conocimiento cierto del destino que se otorga a la recaudación de este adicional, “pero queda claro que no se utiliza para dar cumplimiento a lo dispuesto en la norma de origen”.
Rodrigo estimó, desde que la UCR ha empezado a pedir el cese del cobro (quien inició la solicitud fue el senador Alfredo Irigoin) la desviación de unos 80 millones correspondientes al Fondo de la Central de Bombeo Laguna La Brava y unos 160 millones respecto del otro Fondo.
La nueva ley
El pasado miércoles 27 de agosto la Legislatura bonaerense aprobó la Ley de creación del Fondo Municipal de Inclusión Social. Ésta en su artículo 4 (al que se opusieron tanto la UCR como la Coalición Cívica) establece que “a partir del Ejercicio 2008 inclusive, que los ingresos anuales, una vez detraídos los importes que por leyes especiales correspondan coparticipar a los Municipios y los remanentes de Ejercicios Anteriores correspondientes a los Impuestos al Consumo de Electricidad (Decreto-Ley Nº 7290/67), Adicional al Consumo de electricidad (Decreto Ley Nº 9038/78), al Consumo de Gas (Ley Nº 8474) (...) afectados a las Jurisdicciones y Organismos Descentralizados del Poder Ejecutivo (...) y que al 31 de Diciembre de cada Ejercicio Fiscal no hubiesen sido consumidos por las mismas, se destinarán a la Jurisdicción Auxiliar del Ministerio de Economía "Obligaciones del Tesoro y Créditos de Emergencia" para el financiamiento de gastos del Presupuesto General”.
Es decir que los fondos específicos de luz y gas, entre otros, que no sean ejecutados al 31 de diciembre de cada ejercicio pasarán a Rentas generales. Por lo que según los senadores radicales se da continuidad al desvío del 15 por ciento de la facturación que se hace a los usuarios residenciales.
Medidas urgentes
La denuncia solicita medidas urgentes ya “que podríamos estar en presencia del cobro de adicionales sin que se garantice el destino que la ley dispone y de su posible transferencia a una cuenta ajena al objetivo de su creación” y exige que se dicte la medida de cese en el cobro de los adicionales Decreto Ley 7290/67 y “medida de no innovar con respecto a los fondos acreditados por dichos conceptos a la fecha, atento que, de sancionarse el proyecto de Ley A-5/07-08 (el Fondo Municipal de Inclusión Social que ya se sancionó el miércoles 27 de agosto) los mismos podrían ser derivados a Rentas Generales”.
A su vez, la demanda exige que se cite a las partes a fin que den cuenta sobre la percepción y el destino de los fondos; y que “Oportunamente, y para el caso de probarse el cobro sin causa de los adicionales, se ordene el reintegro del dinero a los usuarios del servicio eléctrico”.
El senador Rodrigo manifestó a La Política Online que “el aumento de tarifas que beneficia a la empresa termina beneficiando al Gobierno, porque esa plata va a Rentas generales” y que “si se hubieran utilizado esos fondos debidamente, la situación energética en la Provincia sería muy diferente”
"Es necesario que el gobierno de Scioli, sea transparente en el manejo de los fondos públicos, la realidad provincial necesita una administración ordenada y eficiente, la UCR quiere saber qué se hizo con la plata que se recaudó por este impuesto" exigió el senador.
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