BUENOS AIRES, Setiembre 08, (PUNTO CERO-La Política On LIne) La secretaria de Ambiente logró cumplir los plazos y evitar multas personales. Presentó su informe a la Justicia y pidió allanamientos para las empresas que se resisten a ser inspeccionadas. La lista de empresas sospechadas de contaminación.Otro capítulo se cumplió en el demorado saneamiento del Riachuelo. Ante el vencimiento del plazo estipulado por la Corte Suprema de Justicia para ser informada sobre el avance de ciertas intervenciones en la cuenca, la Secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, estuvo frente al Juez, Luis Armella, a quien le pidió allanar una veintena de empresas.
Medio Ambiente debía cumplir dos cosas. Crear un sistema de información para el público en general, algo que se cumple mediante el sitio web, mientras que el otro requerimiento era la presentación del Informe de Relevamiento de las industrias.
Fuentes de la Secretaría afirmaron a La Política Online que la funcionaria le pidió a la justicia liberar ordenes de allanamiento para inspeccionar unas veinte empresas que se negaron a ser auditadas, de un total de 4103 establecimientos relevados.
Esta última cuestión trajo más de un dolor de cabeza a los funcionarios ambientales. Aunque pensaban no llegar a cumplimentarlo, informan que fue presentado todo lo necesario.
La demora en el relevamiento de empresas se habría debido al aspecto general del mandamiento, donde no aclaraban qué tipo de instituciones debían auditarse, lo que generó constantes reuniones entre representantes del gobierno con la Justicia.
Si bien esta cuestión fue causante de gran malestar por parte de Picolotti, quien estaría bastante molesta por la resolución de los magistrados de sancionar posibles incumplimientos afectando el propio patrimonio personal de la funcionaria, allegados de la secretaria destacan el buen trato mantenido entre ambos.
Quienes estuvieron en el tribunal de Quilmes, dijeron que no insistieron con extender los plazos para evitar multas y destacaron que pese a las diferencias mantenidas, “se están manejando de una forma más cotidiana y consiente con el juez Armella”.
“Hay un entendimiento de las dos partes y se mostró muy contemplativo con los plazos” contó un allegado a Picolotti sobre el magistrado, aunque afirman que una sanción podría llegar a generar el alejamiento de la funcionaria.
Aunque en Medio Ambiente se mostraron confiados en la presentación y la relación con el juez, este medio ya había informado sobre la preocupación de Picolotti por considerar una injusticia que la sanción por el cumplimiento de los trabajos recaigan sobre su propio patrimonio, cuando la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), encargada de las tareas, está integrada por los gobiernos de la Provincia, la Ciudad y otras reparticiones.
En la cartera ven que se pondrá complicado cuando en los informes involucren obras y la funcionaria tenga que controlar las tareas de otros organismos involucrados, como por ejemplo Aysa, empresa a la cual la Corte le impuso tareas a cumplir y sobre la cual Picolotti carece de autoridad.
El gobierno porteño también afirmó haber cumplido con las peticiones de la Corte Suprema y hasta recorrió el lugar junto al juez Armella la semana pasada.
La comuna informó a este medio que entregó a la justicia el “resultado de las 1400 inspecciones realizadas por la Agencia de Protección Ambiental de las industrias instaladas en el área” y además “presentó el Sistema de Monitoreo de Aire y Ruido”, ambas tareas fijadas por la Corte.
Los plazos fijados
Cuando la Corte se sumerge en la demorada intervención por limpiar el Riachuelo, establece una serie de plazos para que ACUMAR cumpla e informe sobre el avance de las tareas.
Si bien se dio cumplimiento al informe sobre las empresas y ya se creó el medio de comunicación accesible para informar a la sociedad sobre las tareas, quedan otros vencimientos para noviembre y marzo que el ente deberá cumplir.
Para la próxima presentación el juez establece que ACUMAR debe dar precisiones sobre la consideración y decisión la viabilidad y, en su caso, aprobación del plan de tratamiento a que se refiere a las empresas intimadas por contaminantes.
En las siguientes presentaciones, según el fallo de la Corte, el ente deberá llevar a cabo el saneamiento de basurales y realizar un mapa sociodemográfico y encuestas de factores ambientales de riesgo, tras lo cual, se debe “elaborar y poner en ejecución programas sanitarios específicos para satisfacer las necesidades de la población de la Cuenca” dice el texto de los magistrados.
Luego, sin plazo, el cual deberá informarlo ACUMAR, también se intimó a materializar el saneamiento cloacal y la expansión de la red de agua potable, el plan de ampliación de las obras a cargo de AySA, como así también se citan las intervenciones en los desagües pluviales y la limpieza de márgenes del río.
Las empresas que Picolotti pidió allanar
De acuerdo a lo comunicado por el gobierno, Medio Ambiente pidió a la justicia librar orden de allanamiento a aquellas empresas que se negaron a ser auditadas.
Según informó la cartera ambiental, el listado entregado al juez contenía los siguientes nombres: son Rivera Luis Alberto y Colorcenter SA de Almirante Brown, Federico Laura Silvina, de Esteban Echeverría, L.V.G. Cueross S.A de Lanus y Viqueira y Leguizamon de Avellaneda. Por otra parte, pertenecientes a la localidad de La Matanza, Medio Ambiente informó que al juez le pidió allanar Monteluz S.R.L, Rafael Curcio, Cernigliaro Gustavo Enrique, Sanchez Sergio Daniel, Juan Bautista de Leo, Fahe SRL, Pereyra Andres Gaston, Envases del Oeste, Cristian Jose Noguera, Corbell S.R.L, Godina Hnos, Ritossa y C S.R.L., David Arias y Divicenzo Jose Divicenzo Mauro y Jannelli Hnos. (PUNTO CERO-La Política On LIne).
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