LUJAN, Setiembre 08, (PUNTO CERO-El Civismo) En su paso por el Congreso, Graciela Rosso trabajó en la elaboración de un nuevo marco regulatorio para las empresas de medicina prepaga. Días atrás la Cámara baja le dio media sanción.
Un proyecto presentado por Graciela Rosso en sus tiempos de diputada, fue aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación. Se trata de la iniciativa legislativa para crear una ley de regulación del sistema de empresas de medicina prepaga.
La aprobación se produjo con 188 votos a favor y una abstención. Además, el proyecto había recibido dictamen favorable en un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General.
Con ello, la Cámara de Diputados dio un paso más hacia un definitivo marco legal para el funcionamiento del sector de las prepagas.
El proyecto que ahora deberá ser debatido por Senado establece, entre otras cosas, que el Estado nacional controle y regule el sistema y tenga injerencia sobre el precio de las cuotas de las prepagas, además de contemplar sanciones para las empresas que no cumplan con la futura ley.
La base del proyecto que aprobara la Cámara baja pertenece a la actual intendenta de Luján, quien en la Cámara lo trabajó junto con la diputada Patricia Vaca Narvaja.
Si se transforma en ley, implicará la creación de un Registro Nacional de empresas de medicina prepaga, entidad que estará regulada por el Ministerio de Salud, encargado de fiscalizar el cumplimiento de la ley y de sus reglamentaciones de coordinación con las autoridades sanitarias de todo el país.
Establece también que el “mínimo de cobertura” no debe ser inferior al fijado en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y en el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.
A partir de que la norma se transforme en ley, las prepagas sólo podrán ofrecer planes de cobertura “parciales” en los “servicios odontológicos exclusivos, en las emergencias, los traslados sanitarios y en las localidades que no superen los 5 mil habitantes”.
Otro de los puntos relevantes es el que fija que “la edad no puede ser tomada como criterio de rechazo de admisión”. Y que en el caso de los mayores de 65 años, el Ministerio de Salud “deberá autorizar y definir los porcentajes de aumento de costos”. No obstante, a los mayores de 65 que posean más de 10 años de antigüedad “no se les podrá aplicar aumento”.
Se plantea que los integrantes del grupo familiar sean incluidos hasta los 21 años, en tanto que los recién nacidos se incorporen “automáticamente sin necesidad de trámites previos”.
Toda infracción de parte de las prepagas será castigada con apercibimientos, con multas superiores a los “100 mil pesos”, o con la “cancelación de la inscripción en el registro”.
Un proyecto presentado por Graciela Rosso en sus tiempos de diputada, fue aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación. Se trata de la iniciativa legislativa para crear una ley de regulación del sistema de empresas de medicina prepaga.
La aprobación se produjo con 188 votos a favor y una abstención. Además, el proyecto había recibido dictamen favorable en un plenario de las comisiones de Salud y Legislación General.
Con ello, la Cámara de Diputados dio un paso más hacia un definitivo marco legal para el funcionamiento del sector de las prepagas.
El proyecto que ahora deberá ser debatido por Senado establece, entre otras cosas, que el Estado nacional controle y regule el sistema y tenga injerencia sobre el precio de las cuotas de las prepagas, además de contemplar sanciones para las empresas que no cumplan con la futura ley.
La base del proyecto que aprobara la Cámara baja pertenece a la actual intendenta de Luján, quien en la Cámara lo trabajó junto con la diputada Patricia Vaca Narvaja.
Si se transforma en ley, implicará la creación de un Registro Nacional de empresas de medicina prepaga, entidad que estará regulada por el Ministerio de Salud, encargado de fiscalizar el cumplimiento de la ley y de sus reglamentaciones de coordinación con las autoridades sanitarias de todo el país.
Establece también que el “mínimo de cobertura” no debe ser inferior al fijado en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y en el Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.
A partir de que la norma se transforme en ley, las prepagas sólo podrán ofrecer planes de cobertura “parciales” en los “servicios odontológicos exclusivos, en las emergencias, los traslados sanitarios y en las localidades que no superen los 5 mil habitantes”.
Otro de los puntos relevantes es el que fija que “la edad no puede ser tomada como criterio de rechazo de admisión”. Y que en el caso de los mayores de 65 años, el Ministerio de Salud “deberá autorizar y definir los porcentajes de aumento de costos”. No obstante, a los mayores de 65 que posean más de 10 años de antigüedad “no se les podrá aplicar aumento”.
Se plantea que los integrantes del grupo familiar sean incluidos hasta los 21 años, en tanto que los recién nacidos se incorporen “automáticamente sin necesidad de trámites previos”.
Toda infracción de parte de las prepagas será castigada con apercibimientos, con multas superiores a los “100 mil pesos”, o con la “cancelación de la inscripción en el registro”.
“La necesidad de establecer marcos regulatorios a la medicina privada se fundamenta en la definición de la imperfección de los denominados mercados de la salud que, devienen atentatorios de los consumidores y de sus derechos. Por lo tanto, el Estado debe establecer las pautas de control con el objeto de preservar el derecho de los ciudadanos a la cobertura de salud”, indica uno de los argumentos citados por la ahora jefa comunal. (PUNTO CERO-El Civismo).
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