La Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires decidió elevar el pedido de juicio político para el Fiscal General de Morón, Federico Nieva Woodgate, el Juez de Garantías, Humberto Alfredo Meade y el Fiscal de la Unidad Funcional de Investigación y Juicio N°6 del mismo distrito, Marcelo Tavolaro.
Los integrantes de la comisión tomaron en cuenta las conclusiones a las que arribaron los senadores en la investigación del caso del secuestro y asesinato de Candela Sol Rodríguez, presentadas en el recinto de la Cámara alta bonaerense meses atrás.
El diputado del FAP e integrante de la comisión de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios, Juan Carlos Juárez, declaró que “de manera unánime los integrantes de la bicameral decidimos aprobar el pedido de juicio político a los funcionarios judiciales, conforme a los dispuesto por el artículo 25 de la ley 13.661, por mal desempeño en el cumplimento de deberes que son inherentes a sus actividades”.
Según Juárez, se desprende de la investigación realizada por los senadores de la Comisión Especial de Acompañamiento para el Esclarecimiento del Asesinato de Candela Sol Rodríguez una actuación “que no es acorde a la función que tiene asignada un fiscal general, un fiscal actuante en una causa, y lo que le correspondía realizar a un juez de garantías”.
“Se detectó, entre tantas cuestiones, que el fiscal había delegado la investigación en la policía, no mostró tener la pericia necesaria para el desempeño de su cargo, ni para defender cada uno de los aspectos que hacen a su propia actividad jurisdiccional”, dijo el legislador, y expresó que “luego de examinar el cuerpo de la causa, la comisión bicameral concluyó en la necesidad de elevar la acusación a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios”.
“Es pertinente el esclarecimiento de todo lo actuado por la justicia, pero también saber qué ocurrió realmente, encontrar a los responsables del crimen, y profundizar sobre las vinculaciones que pudieran existir entre el narcotráfico, el poder judicial, y las fuerzas de seguridad de este hecho doloroso que conmovió a toda la Argentina”, indicó el legislador provincial.
Con respecto a la calidad institucional, Juárez manifestó “es importante que el accionar de la justicia no quede sospechado, tiene que haber la más absoluta transparencia en su proceder”.
Por otra parte, el legislador de Luján opinó, “llama la atención que hoy esté al frente de la Policía de la provincia de Buenos Aires el comisario Hugo Matzkin que estuvo a cargo, junto con su antecesor Juan Carlos Paggi, del comité de crisis que se formó por la desaparición de la niña de 11 años”.
“Defendemos el accionar claro y transparente de la justicia y las instituciones, no podemos permitir que quede dudas con respecto a los que ha sucedido con el crimen y las vinculaciones diversas que se infieren del informe del Senado”, advirtió el diputado.
Seguidamente, Juárez apuntó “el pueblo de la provincia paga para que haya un servicio de justicia y seguridad como corresponden, no puede haber sospechas, y por eso elevamos el pedido de enjuiciamiento”.
Por último, el diputado bonaerense consideró “fundamental” que el gobernador Daniel Scioli y su ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, “contribuyan a aportar los datos necesarios para el esclarecimiento del Caso Candela, además de haber muchos funcionarios de la fuerza que en este momento no deberían estar ocupando ningún cargo”.
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