El jefe de gobierno les pidió a los jefes de bloque de la Legislatura que trabajen en una ley para que la Ciudad le cobre impuestos al zar kirchnerista del juego. En el PRO estiman que podrían cobrarle unos 900 millones de pesos por año de impuestos, lo que serviría para construir 50 escuelas ó 9 hospitales. La extraña postura de la Corte.
Mauricio Macri consiguió el apoyo de todos los jefes de bloque de la oposición para avanzar contra Cristóbal López, el zar del juego kirchnerista que gana miles de millones de pesos por año a través del hipódromo de Palermo y los casinos flotantes de Puerto Madero pero no le paga un solo peso de impuestos a la Ciudad.
Como explicó este medio, el jefe de gobierno se hartó del trato que recibe de los medios que maneja Cristóbal y ahora quiere cobrarle impuestos por la explotación de las casas de juego más importantes de la Ciudad, como el Hipódromo de Palermo y los dos barcos Casino de Puerto Madero, salas que operan violando diversas normas y sostenidas en amparos judiciales, que según reconocen en la propia industria le imprime a ese redituable negocio "seguridad jurídica cero".
Para abroquelar a todo el espectro político contra el zar del juego, Macri recibió esta tarde en Bolívar 1 a Fabio Basteiro (Buenos Aires para Todos), Fernando Sánchez (Coalición Cívica), Fernando de Andreis (PRO), Julio Raffo (Proyecto Sur), Claudio Palmeyro (Sindical Peronista), Claudio Presman (UCR), Daniel Amoroso (Confianza Pública), Gabriela Alegre (Frente para la Victoria), Aníbal Ibarra (Frente Progresista y Popular), Alejandro Bodart (MST) y Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro).
Les pidió que diseñen una ley “no judicializable”, que le permita a la Ciudad de Buenos Aires cobrar el impuesto a los Ingresos Brutos por la explotación de los juegos de azar y que el espíritu de esa norma “sea una política de Estado”.
Es que pese a que la semana pasada se cumplieron exactamente dos años de un fallo histórico de la Corte Suprema en favor de la autonomía de la Ciudad, que habilitó al gobierno porteño a cobrarle ingresos brutos a los casinos flotantes y a las tragamonedas de Palermo, ahora el Máximo Tribunal anotició al gobierno porteño sobre “problemas de doble imposición entre jurisdicciones” que le impiden a la Ciudad inspeccionar la salas de juego para deducir el monto que deberían cobrarle a Cristóbal.
Tras el fallo de la Corte de 2011, Cristóbal presentó un amparo que le permite no presentar las declaraciones juradas, por lo cual la Ciudad está impedida de aplicarle la alícuota del 8% de impuestos sobre los Ingresos Brutos, sancionada a través de una norma de 2008 que iba a ser incorporada en la Ley Tarifaria
“El jefe de gobierno informó que hubo un fallo de la Corte que ratifica la dificultad por parte de la Ciudad para inspeccionar a las empresas de juego por un problema de jurisdicción, ya que tienen jurisdicción nacional”, advirtió la legisladora Gabriela Alegre, que fue en representación del bloque kirchnerista.
Nuevo impuestoEn este contexto, varios legisladores aseguraron a LPO que se estudiará la creación de un impuesto especial para el juego.
“Surge la posibilidad es generar otro impuesto que no sea ingresos brutos para no estar trabados en una discusión judicial que puede durar años”, aseguró el legislador Aníbal Ibarra.
Este impuesto podría ser del 8 al 10 por ciento de los ingresos anuales que Cristóbal tiene a través de las casas de juego. En el PRO estiman que podrían cobrarle unos 900 millones de pesos por año de impuestos , el doble de lo que le cobran actualmente de canon, lo que serviría para construir 50 escuelas ó 9 hospitales.
En la misma sintonía se mostró el vicepresidente de la Legislatura, Cristian Ritondo, que aseguró que se trabajará en “un impuesto con lógica comparable a lo que paga el juego en otros distritos como Mendoza, Buenos Aires y Santa Fe”.
En tanto, en un despacho de la Legislatura trabajan en el diseño de otra alternativa: un impuesto que se cobraría a los clientes. “Tal como sucede en Inglaterra donde han comenzado a pensar en impuestos basados en el lugar de consumo”, advirtieron a LPO desde el macrismo.
Ritondo jefe de gobiernoTras la reunión de Macri con los jefes de bloque de la oposición, el vice primero de la Legislatura ofició de vocero del encuentro.
Pocos minutos después, firmó el acta por el que pasó a ser jefe de gobierno hasta el 6 de noviembre, ante los sendos viajes a Europa que harán Macri y su vicejefa María Eugenia Vidal. (La Política OnLine).
Como explicó este medio, el jefe de gobierno se hartó del trato que recibe de los medios que maneja Cristóbal y ahora quiere cobrarle impuestos por la explotación de las casas de juego más importantes de la Ciudad, como el Hipódromo de Palermo y los dos barcos Casino de Puerto Madero, salas que operan violando diversas normas y sostenidas en amparos judiciales, que según reconocen en la propia industria le imprime a ese redituable negocio "seguridad jurídica cero".
Para abroquelar a todo el espectro político contra el zar del juego, Macri recibió esta tarde en Bolívar 1 a Fabio Basteiro (Buenos Aires para Todos), Fernando Sánchez (Coalición Cívica), Fernando de Andreis (PRO), Julio Raffo (Proyecto Sur), Claudio Palmeyro (Sindical Peronista), Claudio Presman (UCR), Daniel Amoroso (Confianza Pública), Gabriela Alegre (Frente para la Victoria), Aníbal Ibarra (Frente Progresista y Popular), Alejandro Bodart (MST) y Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro).
Les pidió que diseñen una ley “no judicializable”, que le permita a la Ciudad de Buenos Aires cobrar el impuesto a los Ingresos Brutos por la explotación de los juegos de azar y que el espíritu de esa norma “sea una política de Estado”.
Es que pese a que la semana pasada se cumplieron exactamente dos años de un fallo histórico de la Corte Suprema en favor de la autonomía de la Ciudad, que habilitó al gobierno porteño a cobrarle ingresos brutos a los casinos flotantes y a las tragamonedas de Palermo, ahora el Máximo Tribunal anotició al gobierno porteño sobre “problemas de doble imposición entre jurisdicciones” que le impiden a la Ciudad inspeccionar la salas de juego para deducir el monto que deberían cobrarle a Cristóbal.
Tras el fallo de la Corte de 2011, Cristóbal presentó un amparo que le permite no presentar las declaraciones juradas, por lo cual la Ciudad está impedida de aplicarle la alícuota del 8% de impuestos sobre los Ingresos Brutos, sancionada a través de una norma de 2008 que iba a ser incorporada en la Ley Tarifaria
“El jefe de gobierno informó que hubo un fallo de la Corte que ratifica la dificultad por parte de la Ciudad para inspeccionar a las empresas de juego por un problema de jurisdicción, ya que tienen jurisdicción nacional”, advirtió la legisladora Gabriela Alegre, que fue en representación del bloque kirchnerista.
Nuevo impuestoEn este contexto, varios legisladores aseguraron a LPO que se estudiará la creación de un impuesto especial para el juego.
“Surge la posibilidad es generar otro impuesto que no sea ingresos brutos para no estar trabados en una discusión judicial que puede durar años”, aseguró el legislador Aníbal Ibarra.
Este impuesto podría ser del 8 al 10 por ciento de los ingresos anuales que Cristóbal tiene a través de las casas de juego. En el PRO estiman que podrían cobrarle unos 900 millones de pesos por año de impuestos , el doble de lo que le cobran actualmente de canon, lo que serviría para construir 50 escuelas ó 9 hospitales.
En la misma sintonía se mostró el vicepresidente de la Legislatura, Cristian Ritondo, que aseguró que se trabajará en “un impuesto con lógica comparable a lo que paga el juego en otros distritos como Mendoza, Buenos Aires y Santa Fe”.
En tanto, en un despacho de la Legislatura trabajan en el diseño de otra alternativa: un impuesto que se cobraría a los clientes. “Tal como sucede en Inglaterra donde han comenzado a pensar en impuestos basados en el lugar de consumo”, advirtieron a LPO desde el macrismo.
Ritondo jefe de gobiernoTras la reunión de Macri con los jefes de bloque de la oposición, el vice primero de la Legislatura ofició de vocero del encuentro.
Pocos minutos después, firmó el acta por el que pasó a ser jefe de gobierno hasta el 6 de noviembre, ante los sendos viajes a Europa que harán Macri y su vicejefa María Eugenia Vidal. (La Política OnLine).
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