LUJAN. A cambio de plata, abogados querían cambiar el testimonio de menores abusadas

LUJAN, Enero 03, (PUNTO CERO-El Civismo) Dos personas que decían ser del Ministerio de Acción Social habrían ofrecido dinero a dos familias cuyas hijas menores de edad fueron abusadas por un vecino de esta ciudad.
Fuentes judiciales sostienen que la plata podría provenir de una fundación para la que trabajarían los falsos agentes ministeriales.
Buscaban favorecer a una persona que está incriminada en la causa. Por el caso, permanecen tres hombres en prisión.
Dos abogados que se hacían pasar por funcionarios del Ministerio de Acción Social de la Provincia y decían venir desde La Plata fueron detenidos por personal policial en el barrio San Jorge, cuando visitaban a dos familias de escasos recursos cuyas hijas fueron abusadas sexualmente por adultos en la zona basilical. La intención habría sido convencer a las menores para que modifiquen la declaración testimonial que hicieron ante la Justicia.
Para tratar de lograrlo, los falsos agentes habrían ofrecido subsidios de 500 pesos y otras "ayudas económicas" pero con una condición: que las familias accedieran a firmar unos documentos y luego sus hijas se presentasen en los Tribunales de Mercedes para retractarse de testimonios ya brindados en sede judicial.
El objetivo que perseguían los abogados sería favorecer a un vecino de esta ciudad, cuya situación judicial es delicada tras haber sido acusado de "abuso sexual agravado" de, al menos, dos niñas que mendigaban en la puerta de la Basílica.
La persona denunciada e incriminada por las dos menores aún permanece en libertad gracias a un recurso que interpuso en la Cámara de Casación de Mercedes, justo cuando estaba a punto de ser detenido.
No obstante, en marzo de ese año, la Policía le secuestró una camioneta que, presumen los investigadores, habría sido utilizada para llevar a los menores a lugares donde luego terminaban siendo abusados. Ese vehículo todavía puede verse estacionado en la sede de la Policía Distrital, mientras que su dueño sigue en el ojo de la tormenta y a la espera de ser detenido en caso que Casación resuelva denegarle la solicitud que interpuso.
Por este caso, permanecen detenidos tres hombres, todos mayores, quienes aguardan en prisión el juicio oral y público al que deberán someterse.

JUSTO A TIEMPO
La maniobra de los abogados no alcanzó a ser consumada y, en buena medida, se debió a la actitud que tuvieron las familias de las niñas abusadas, quienes en todo momento mantuvieron informadas a las autoridades policiales y judiciales que están investigando el caso desde comienzo de 2005 acerca las intenciones y los movimientos que venían realizando en los últimos meses los dos letrados que se presentaban como integrantes de la cartera de Acción Social.
El último acto de seducción tuvo lugar este miércoles cuando los abogados llegaron al humilde barrio en un Renault 19 que no llamaba la atención. Un vehículo de la misma marca y modelo desde hacía un mes estaba en la mira de los investigadores.
Por segunda vez en el corriente mes se presentaron en los domicilios e intentaron comprar el silencio de las víctimas, pero poco minutos después llegó la Policía.

DOS TIPOS AUDACES
Los efectivos que intervinieron en la aprehensión aseguraron que uno de los detenidos temblaba de los nervios y el otro "puso cara de póquer". Se trataba de Alberto González, quien a pesar de haberse rasurado el bigote fue reconocido por la Policía y contaría con varios antecedentes ligados a causas por "estafas" cometidas en la zona de Morón, ciudad donde reside en un barrio cerrado llamado "La Fiaca". Osvaldo Cantoro, el otro detenido, tal como fue identificado por la Policía, es abogado y tiene domicilio en El Palomar.
Mucho más curioso resultó saber que estas dos personas habían estado vinculadas (aunque no se descarta que lo sigan estando) con la Fundación "Felices los Niños" que dirigía el cura Julio Grassi, procesado por "abuso deshonesto y corrupción de menores".
Según fuentes de la causa consultadas por EL CIVISMO, en un primer momento en la Fundación "Felices los Niños" admitieron conocer a González y a Cantoro. Sin embargo, luego y por escrito informaron a la Policía que estos abogados ya no pertenecían a la fundación y que habían trabajado "ad hoc".
Ahora, la fiscal Miriam Rodríguez y el juez de Menores Marcelo Giacoia están investigando, entre otras cosas, si González y Cantoro continúan vinculados con el cura Grassi. Además, buscan conocer cómo hizo la persona que los contrató para contactarse con estos abogados y si contó con la ayuda de un primo estrechamente ligado con altos mandatarios de la Iglesia y la política.

CAMBIO DE CARÁTULA
En un primer momento, los detenidos fueron acusados por el delito de "estafa" y tras pasar la noche en los calabozos de Luján Primera fueron trasladados a los Tribunales de Mercedes donde recuperaron la libertad, el jueves, tras prestar declaración en la UFI Nro. 1. El delito por el que se los acusó en un primer momento, además de no llegar a concretarse, es excarcelable.
Con todo, una fuente judicial que habló con este medio comparó la actitud de los abogados con la defensa del cura Grassi. "Es la misma metodología: ofrecen dinero para que cambien las declaraciones. Es gente muy densa. Lo que preocupa es que lo saben hacer. Es muy difícil la calificación del delito porque no hubo una estafa al no haber un perjuicio patrimonial, no hay una extorsión porque no hubo una intimidación o sufrieron un daño pero lo que hubo fue una promesa de dinero a cambio de...".
Finalmente, la causa fue recaratulada como "Falso testimonio inducido por soborno y usurpación de título y honores". Y quizás lo más grave: "El subsidio de 500 pesos era de la Fundación. No sabemos hasta dónde puede llegar esta gente", reveló la fuente judicial que conoce la causa desde su inicio, al tiempo que resaltó la actitud de las familias que intentaban ser sobornadas. (PUNTO CERO-El Civismo).