Stolbizer
expresó: "La referida facturación falsa le permitió a Báez, -socio de la
Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner-, reducir
considerablemente el monto de impuestos pagado durante los últimos años a la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Sin embargo, el mencionado
organismo fiscal solamente investigó a las empresas emisoras de facturas
falsas, a las que incluso calificó como “usinas de facturas”, evitando
cualquier tipo de control sobre la empresa AUSTRAL CONSTRUCCIONES SA, de Lázaro
Báez. De este modo permitió a Báez y a su principal sociedad, justificar y
respaldar documentalmente costos inexistentes que, a su vez, servían para
resguardar o encubrir sobreprecios de obra pública que luego, todo ese altísimo
circulante se volcaría o destinaría a operaciones de lavado de dinero", y
agregó que "es claro que los integrantes de las empresas denunciadas han
prestado libremente su consentimiento para la emisión de facturas apócrifas,
del mismo modo que lo hicieron aquellos que se vieron beneficiados con las
mismas".
"La
maniobra resulta clara: demostrando costos empresarios que son inexistentes se
justifica el manejo de dinero que no podría tener visibilidad legal de otra
manera. Esta situación pone en evidencia el punto de origen del dinero ilícito que
luego constituirá lo que popularmente se ha denominado como “La Ruta del Dinero
K”. Existen investigaciones sobre un posible lavado de activos en distintos
países, pero la visibilidad de estos manejos de dinero, son los que despejan el
circuito sobre de dónde salen los recursos que luego se ponen en marcha para
terminar en cuentas bancarias, conocidas o no, en paraísos fiscales de
diferentes países"; "Esto es
el delito precedente que permitirá investigar con mayor precisión las
operaciones de lavado de activos. De este modo, Suiza podrá mantener el bloqueo
sobre los fondos depositados en ese país a nombre de la familia Báez”, afirmó.
La
titular del GEN también consideró que es necesario involucrar en esta denuncia
al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y a otros funcionarios del organismo,
quienes, por omitir el cumplimiento de la normativa vigente, beneficiando al
empresario Báez, se han hecho pasibles del delito de encubrimiento de las
maniobras delictivas que motivan esta denuncia.
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