BUENOS AIRES, Abril 30, (PUNTO CERO-La Política On LIne) Revelador artículo del periodista de La Nación Jorge Urien Berri que termina de desnudar la relación entre un organismo estatal que depende directamente del gobierno nacional y la empresa sueca Skanska que admitió a traves de una auditoria interna haber pagado coimas para la construcción de un gasoducto. Tres días despues de que el presidente Nestor Kirchner agitó sus manos para simbolizar la transparencia de su gestión, el Enargas -cuyo titular Fulvio Madero es un hombre directo del primer mandatario- queda involucrado en forma directa en esta operación.
Por Jorge Urien Berri
A diferencia de lo que sostiene el Gobierno, su papel en el caso Skanska no sólo fue activo, sino que resultó decisivo para que esa constructora sueca fuera elegida para intervenir, junto con otras firmas, en la ampliación del Gasoducto Norte. Skanska admitió ante la Justicia haber pagado 13,4 millones de pesos en coimas por su participación en la ampliación de los gasoductos Norte ($ 7.709.000) y Sur ($ 5.766.900), pero no dijo a quién.
De los documentos oficiales surge que la orden de adjudicar la construcción de las tres plantas compresoras del Gasoducto Norte a Skanska, BTU y Contreras Hermanos la impartió Fulvio Madaro, titular del Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas), que se encuentra en la órbita del Ministerio de Planificación, de Julio De Vido. Madaro la firmó el 8 de abril de 2005.
La licenciataria privada del gasoducto y encargada de contratar las obras era Transportadora Gas del Norte (TGN), una sociedad anónima cuyo socio local más importante es el grupo Techint. TGN tuvo que acatar la orden del Gobierno, pese a que hacía meses que se quejaba ante el Enargas, ente que regula y fiscaliza el servicio del gas, y el secretario de Energía, Daniel Cameron (también del Ministerio de Planificación), por lo que consideraba como abultados sobreprecios en los presupuestos presentados por Skanska y las demás firmas. Tan abultados le parecían esos precios a TGN que tres veces quiso declarar desierto el concurso.
"El gobierno nacional no tiene nada que ver. A mi juicio -afirmó el presidente Néstor Kirchner el miércoles último, en su primera manifestación pública sobre el caso Skanska-, es un acto de corrupción entre privados."
Al cierre de esta edición, una consulta de LA NACION a las máximas autoridades del Enargas, por medio de una vocera del ente, no obtuvo ninguna respuesta.
Un intenso intercambio de notas entre TGN y el Enargas comenzó el 24 de noviembre de 2004, siempre con copia a Cameron y a veces también al secretario de Obras Públicas, José López, y al gerente general de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, pues la ampliación se financió con un fideicomiso.
Fuerte pulseada
Esas notas, a las que accedió LA NACION, muestran una fuerte pulseada entre TGN y el Gobierno por los sobreprecios. TGN se resistía, pese a que quien pagaría sería el fideicomiso, y el Gobierno le proponía variantes que no prosperaban.
El Gobierno fue el impulsor del proyecto de ampliar los gasoductos.
El 25 de enero de 2005 se abrieron los sobres del concurso privado de precios, y el 31 comenzaron los lamentos de TGN al informarle al Enargas que las propuestas de las cuatro empresas que se presentaron (Skanska, BTU, Astra Evangelista y Turbigas/Peitel) arrojaban un sobreprecio del 152 por ciento respecto de lo que TGN había calculado previamente.
Estaba en juego la construcción de tres plantas compresoras: Lumbreras, Lavalle y Dean Funes. Por ejemplo, para la planta cordobesa de Dean Funes, TGN había calculado un costo de 11.750.000 pesos, pero Skanska lo fijó en 29.268.302 y BTU en 31.406.921.
El 1° de febrero, en una reunión de TGN con Cameron y Madaro, se resolvió no convalidar esos valores. Madaro es un hombre de confianza del Presidente y de De Vido. Patagónico por adopción, que cumplió funciones en la Aduana, fue interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones, que también se encuentra bajo la órbita del ministro de Planificación Federal.
El 11 de febrero, TGN insistió ante Cameron y mencionó "el sustancial desvío verificado respecto a lo oportunamente presupuestado, desvío para el cual no encontramos una adecuada justificación".
Cuatro días más tarde se abrieron nuevos sobres que revelaron una leve mejora de las ofertas. Skanska redujo su precio para la planta de Deán Funes en un 9,35 por ciento. Pero TGN informó a Madaro que "el nivel de precio queda muy afuera de nuestras referencias para plantas y ampliaciones equivalentes. (...) Agradeceremos nos impartan instrucciones".
Entonces, TGN realizó una nueva ronda de precios. La tercera. El 2 de marzo se abrieron los nuevos sobres. Skanska rebajó el 0,5 por ciento para Deán Funes. BTU hizo lo mismo. Astra Evangelista no varió y quedó eliminada. Una cuarta, Contreras Hermanos, sólo cotizó para la Planta Lavalle. Pero las cifras no conformaban a TGN, que mismo ese día protestó ante Madaro: "El precio obtenido sigue estando fuera de nuestras referencias".
Sin explicación "razonable"
El 7 de marzo, TGN volvió a la carga, de nuevo con Madaro: "Basados en los antecedentes técnicos y de mercado, no encontramos una explicación razonable para justificar el desvío y nos vemos impedidos de avalar dichos precios".
Madaro contraatacó el 29 de marzo y, siempre por nota, preguntó a TGN si estaba en condiciones de realizar las obras en forma simultánea y de acuerdo con su presupuesto. Es cierto que había apuro en ampliar la capacidad de transporte de gas, cuello de botella del sistema. Acorralada, TGN respondió el 4 de abril que no, porque no encontraba contratistas que cumplieran esas condiciones.
Enargas perdió la paciencia y el 8 de abril dispuso, por escrito, que se adjudicaran las tres plantas a Skanska, BTU y Contreras. El facsímil de esa orden es uno de los tres documentos que publica hoy LA NACION, aunque no tiene constancia de a cuáles fueron las empresas que recibieron esa orden. Consultado sobre la secuencia de documentos, el diputado nacional Adrián Pérez (ARI-Buenos Aires), autor de la denuncia que dio origen a la causa en el fuero federal, sostuvo a LA NACION que "está claro que no se trata de un acto de corrupción entre privados, sino que hay una evidente responsabilidad del Gobierno.
Por Jorge Urien Berri
A diferencia de lo que sostiene el Gobierno, su papel en el caso Skanska no sólo fue activo, sino que resultó decisivo para que esa constructora sueca fuera elegida para intervenir, junto con otras firmas, en la ampliación del Gasoducto Norte. Skanska admitió ante la Justicia haber pagado 13,4 millones de pesos en coimas por su participación en la ampliación de los gasoductos Norte ($ 7.709.000) y Sur ($ 5.766.900), pero no dijo a quién.
De los documentos oficiales surge que la orden de adjudicar la construcción de las tres plantas compresoras del Gasoducto Norte a Skanska, BTU y Contreras Hermanos la impartió Fulvio Madaro, titular del Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas), que se encuentra en la órbita del Ministerio de Planificación, de Julio De Vido. Madaro la firmó el 8 de abril de 2005.
La licenciataria privada del gasoducto y encargada de contratar las obras era Transportadora Gas del Norte (TGN), una sociedad anónima cuyo socio local más importante es el grupo Techint. TGN tuvo que acatar la orden del Gobierno, pese a que hacía meses que se quejaba ante el Enargas, ente que regula y fiscaliza el servicio del gas, y el secretario de Energía, Daniel Cameron (también del Ministerio de Planificación), por lo que consideraba como abultados sobreprecios en los presupuestos presentados por Skanska y las demás firmas. Tan abultados le parecían esos precios a TGN que tres veces quiso declarar desierto el concurso.
"El gobierno nacional no tiene nada que ver. A mi juicio -afirmó el presidente Néstor Kirchner el miércoles último, en su primera manifestación pública sobre el caso Skanska-, es un acto de corrupción entre privados."
Al cierre de esta edición, una consulta de LA NACION a las máximas autoridades del Enargas, por medio de una vocera del ente, no obtuvo ninguna respuesta.
Un intenso intercambio de notas entre TGN y el Enargas comenzó el 24 de noviembre de 2004, siempre con copia a Cameron y a veces también al secretario de Obras Públicas, José López, y al gerente general de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, pues la ampliación se financió con un fideicomiso.
Fuerte pulseada
Esas notas, a las que accedió LA NACION, muestran una fuerte pulseada entre TGN y el Gobierno por los sobreprecios. TGN se resistía, pese a que quien pagaría sería el fideicomiso, y el Gobierno le proponía variantes que no prosperaban.
El Gobierno fue el impulsor del proyecto de ampliar los gasoductos.
El 25 de enero de 2005 se abrieron los sobres del concurso privado de precios, y el 31 comenzaron los lamentos de TGN al informarle al Enargas que las propuestas de las cuatro empresas que se presentaron (Skanska, BTU, Astra Evangelista y Turbigas/Peitel) arrojaban un sobreprecio del 152 por ciento respecto de lo que TGN había calculado previamente.
Estaba en juego la construcción de tres plantas compresoras: Lumbreras, Lavalle y Dean Funes. Por ejemplo, para la planta cordobesa de Dean Funes, TGN había calculado un costo de 11.750.000 pesos, pero Skanska lo fijó en 29.268.302 y BTU en 31.406.921.
El 1° de febrero, en una reunión de TGN con Cameron y Madaro, se resolvió no convalidar esos valores. Madaro es un hombre de confianza del Presidente y de De Vido. Patagónico por adopción, que cumplió funciones en la Aduana, fue interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones, que también se encuentra bajo la órbita del ministro de Planificación Federal.
El 11 de febrero, TGN insistió ante Cameron y mencionó "el sustancial desvío verificado respecto a lo oportunamente presupuestado, desvío para el cual no encontramos una adecuada justificación".
Cuatro días más tarde se abrieron nuevos sobres que revelaron una leve mejora de las ofertas. Skanska redujo su precio para la planta de Deán Funes en un 9,35 por ciento. Pero TGN informó a Madaro que "el nivel de precio queda muy afuera de nuestras referencias para plantas y ampliaciones equivalentes. (...) Agradeceremos nos impartan instrucciones".
Entonces, TGN realizó una nueva ronda de precios. La tercera. El 2 de marzo se abrieron los nuevos sobres. Skanska rebajó el 0,5 por ciento para Deán Funes. BTU hizo lo mismo. Astra Evangelista no varió y quedó eliminada. Una cuarta, Contreras Hermanos, sólo cotizó para la Planta Lavalle. Pero las cifras no conformaban a TGN, que mismo ese día protestó ante Madaro: "El precio obtenido sigue estando fuera de nuestras referencias".
Sin explicación "razonable"
El 7 de marzo, TGN volvió a la carga, de nuevo con Madaro: "Basados en los antecedentes técnicos y de mercado, no encontramos una explicación razonable para justificar el desvío y nos vemos impedidos de avalar dichos precios".
Madaro contraatacó el 29 de marzo y, siempre por nota, preguntó a TGN si estaba en condiciones de realizar las obras en forma simultánea y de acuerdo con su presupuesto. Es cierto que había apuro en ampliar la capacidad de transporte de gas, cuello de botella del sistema. Acorralada, TGN respondió el 4 de abril que no, porque no encontraba contratistas que cumplieran esas condiciones.
Enargas perdió la paciencia y el 8 de abril dispuso, por escrito, que se adjudicaran las tres plantas a Skanska, BTU y Contreras. El facsímil de esa orden es uno de los tres documentos que publica hoy LA NACION, aunque no tiene constancia de a cuáles fueron las empresas que recibieron esa orden. Consultado sobre la secuencia de documentos, el diputado nacional Adrián Pérez (ARI-Buenos Aires), autor de la denuncia que dio origen a la causa en el fuero federal, sostuvo a LA NACION que "está claro que no se trata de un acto de corrupción entre privados, sino que hay una evidente responsabilidad del Gobierno.
Tres veces TGN quiso declarar desierta la compulsa de precios". (PUNTO CERO-La Política On LIne).
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