El diputado nacional por la UCR y candidato a Intendente de Vicente López pidió que se restituyan los topes en la aplicación de la revaluciones que establecía la legislación impositiva durante los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Ahora lo deberá tratar la Cámara.
Norberto Erro, diputado nacional por la UCR y candidato a Intendente de Vicente López, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación en rechazo al "impuestazo" del gobierno bonaerense. La iniciativa también incluye un pedido formal al gobernador Daniel Scioli para que suspenda dichos aumentos y restituya los topes en la aplicación de las revaluaciones que establecía la legislación impositiva vigente durante los ejercicios 2008, 2009 y 2010.
"Los habitantes de Buenos Aires han sufrido un importante aumento en el impuesto inmobiliario que en algunos casos llega hasta el 700 %, lo que se ha comprobado con boletas que vecinos de la Provincia nos han hecho conocer. El incremento está motivado en la aplicación de un aumento promedio del 25 % en la totalidad de la masa de contribuyentes y, fundamentalmente, en la puesta en marcha de actualizaciones de las valuaciones que realizara el Gobierno Provincial durante 2006 y 2007. Dicho proceso de revaluaciones fue cuestionado y, a pesar de todo, la Provincia aplicó igualmente la actualización de las valuaciones. El argumento del fisco provincial de buscar con esta medida una mayor equidad tributaria, es falso. Esta medida es injusta ya que al eliminar los topes a las subas que se venían aplicando en ejercicios anteriores, genera aumentos excesivos en inmuebles de medianas valuaciones fiscales", explicó Erro.
Según el diputado nacional y candidato a Intendente de Vicente López, el "impuestazo" es retrógrado y así lo explicó en la presentación que recientemente ingresó a la Cámara de Diputados y será tratada en el reinicio de las sesiones ordinarias. "No es progresista como pretenden presentarlo, sino que promueve la igualación para abajo. Las ineficientes gestiones provinciales han ido distorsionando los fundamentos que dieron lugar a la creación del Impuesto Inmobiliario, el que originalmente buscaba sancionar a la tierra libre de mejoras -señaló Erro-. El incremento se traduce en un castigo al progreso de muchos municipios cuyos vecinos aportaron para tener pavimentos, agua corriente, cloacas, hospitales municipales, apoyo a la seguridad, educación y otros servicios que hacen que una propiedad mejore su valor. Ese esfuerzo que hicieron los vecinos de muchos lugares para reemplazzar la ausencia de la Provincia, se encuentra ahora castigado por el mismo estado que no cumple sus obligaciones en material de seguridad, salud y educación".
En el mismo texto, Erro también consideró que el criterio utilizado para la aplicación de este impuesto a la tierra es "irracional, distorsivo y regresivo en materia económica". "Es irracional, porque tiende a confundir el valor de la vivienda con el patrimonio. Así se sanciona de forma desmedida a quien puede poseer un inmueble de mediano valor sin considerar su capacidad real de ingresos, si es única vivienda, si existen valores sentimentales sobre la misma, o si el hecho de haber adquirido el bien en una zona de progreso, debe ser sancionado. Bajo esta lógica habría que deteriorar la calidad de vida de los barrios y de los vecinos para evitar que sean castigados por la voracidad tributaria provincial. Es distorsivo, porque hay un error en la aplicación de dicho impuesto ya que confunde la vivienda con la capacidad contributiva de cada uno y genera doble imposición con otros impuestos nacionales y/o provinciales que gravan el patrimonio, la actividad económica y la renta. Es regresivo, porque desalienta la inversión y la mejora de la tierra. Con estas políticas tributarias el Gobierno Provincial termina sancionando el progreso de familias que volcaron gran parte de su esfuerzo y ahorro en tener una mejor vivienda, mejorar el barrio, en síntesis, una mejor calidad de vida. Mientras por un lado se exime de pagar el impuesto inmobiliario a más de 900 mil contribuyentes, de acuerdo a lo que expone la publicidad oficial, por el otro se sanciona a aquellos que han podido mejorar su hábitat. El mensaje no es que el que más gana más paga, para eso está el impuesto nacional a las ganancias (coparticipable), o el que más tiene más paga, para eso está el impuesto al patrimonio (coparticipable). Con este aumento exorbitante sólo se esta transmitiendo un mensaje a la sociedad para que no mejore su casa, no permita que su barrio progrese, porque entonces la Provincia presume que puede pagar un aumento en el impuesto inmobiliario", cerró el diputado nacional.
PROYECTO DE DECLARACION
La Cámara de Diputados de la Nación declara su más enérgico rechazo al impuestazo inmobiliario aplicado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que castiga el esfuerzo individual y colectivo de los habitantes de los distintos municipios de dicha Provincia, por la aplicación de las revaluaciones a la determinación de la base imponible de dicho tributo. Asimismo se solicita al Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Don Daniel Scioli que suspenda dichos aumentos, restituyendo los topes en la aplicación de las revaluaciones que establecía la legislación impositiva vigente durante los ejercicios 2008 / 2009/ 2010.-
Por intermedio de la Presidencia del Cuerpo, se comunique al Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a las H. Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia de Buenos Aires, a los Intendentes y H. Concejos Deliberantes de los municipios de la Provincia de Buenos Aires.-
FUNDAMENTOS
Los habitantes de la Provincia de Buenos Aires han sufrido un importante aumento en el impuesto inmobiliario que en algunos casos llega hasta el 700%, lo que se ha comprobado con boletas de dicho impuesto que vecinos de la Provincia nos han hecho conocer.
El incremento del Impuesto Inmobiliario está motivado, en la aplicación de un aumento promedio del 25 % en la totalidad de la masa de contribuyentes, y fundamentalmente en la aplicación de actualizaciones de las valuaciones que realizara el Gobierno Provincial durante los años 2006/2007.
Dicho proceso de revaluaciones fue cuestionado por la comunidad en cuanto había una falta de incorporación como indicador a la capacidad de construcción y/o uso que pudiese dársele a cada inmueble, situación que en muchos casos determinara que resultara injusto el valor a aplicarse.
A pesar de todo, la Provincia aplicó igualmente la actualización de las valuaciones.
En años anteriores solo se logró que el mismo no sea transferido en forma total al impuesto inmobiliario, fijándose un tope para que el impacto en el cálculo definitivo de la base imponible no superase el 30 % promedio.
En dicho contexto, las leyes fiscales e impositivas provinciales fueron estableciendo la incorporación de este tope a la aplicación de las nuevas valuaciones, lo que implicaba un impacto más gradual de la carga tributaria sobre los contribuyentes bonaerenses.
Las ineficientes gestiones provinciales han ido distorsionando los fundamentos que dieron lugar a la creación del Impuesto Inmobiliario, el que originalmente buscaba sancionar a la tierra libre de mejoras.
El incremento señalado se traduce en un castigo al progreso de muchos minicipios cuyos vecinos aportaron para tener pavimentos, agua corriente, cloacas, hospitales municipales, aapoyo a la seguridad, educaión y otros servicios que hacen que una propiedad mejopre su valor.
Si un municipio invierte bien los ingresos en servicios públicos y obras que mejoren los barrios, eviten inundaciones, faciliten los accesos, mantienen la higiene e iluminación de calles bien conservadas, aumenta el valor de las viviendas y luego la Provincia castiga a sus propietarios con una alícuota más alta.
Este impuestazo no es progresista como pretenden presentarlo, por el contrario es retrógrado porque promueve la igualación para abajo.
Ese esfuerzo que hicieron los vecinos de muchos lugares para reemplazzar la ausencia de la Provincia, se encuentra ahora castigado por el mismo estado que no cumple sus obligaciones en material de seguridad, salud y educación.
Es por ello que rechazamos que la Provincia lleve adelante esta carga adicionas contra las familias y ciudades que han tenido la voluntad y posibilidad de progresar a nivel personal y como comunidad.
Por lo demás este incremento no se ajusta, de manera alguna, a la realidad económica nacional, por la sencilla razón de que los ingresos salariales no guardan relación con el excesivo aumento del impuesto inmobiliario de la Provincia de Buenos Aires.
Muchos vecinos de la Provincia en cuestión se verán en serias dificultades, cuando no imposibilitados de cumplir con el pago, ya que no existe relación entre entre el citado incumplimiento y el índice inflacionario del I.N.D.E.C., dejando en total evidencia que es absolutaente inoportuno aumentar la preión fiscal a los vecinos de esta Provincia.
Los contribuyentes de la Provincia de Buenos Aires no pueden ser siempre la variable de ajuste y lasalvación para el desmanejo fiscal de la Administración Provincial.
El criterio que se han utilizado para la aplicación de este impuesto a la tierra es irracional, distorsivo y regresivo en materia económica.
Es irracional, porque tiende a confundir el valor de la vivienda con el patrimonio. Así se sanciona de forma desmedida a quien puede poseer un inmueble de mediano valor sin considerar su capacidad real de ingresos, si es única vivienda, si existen valores sentimentales sobre la misma, o si el hecho de haber adquirido el bien en una zona de progreso, debe ser sancionado. Bajo esta lógica habría que deteriorar la calidad de vida de los barrios y de los vecinos para evitar que sean castigados por la voracidad tributaria provincial.
Es distorsivo, porque hay un error en la aplicación de dicho impuesto ya que confunde la vivienda con la capacidad contributiva de cada uno y genera doble imposición con otros impuestos nacionales y/o provinciales que gravan el patrimonio, la actividad económica y la renta.
Es regresivo, porque desalienta la inversión y la mejora de la tierra. Con estas políticas tributarias el Gobierno Provincial termina sancionando el progreso de familias que volcaron gran parte de su esfuerzo y ahorro en tener una mejor vivienda, mejorar el barrio, en síntesis, una mejor calidad de vida. Mientras por un lado se exime de pagar el impuesto inmobiliario a más de 900 mil contribuyentes, de acuerdo a lo que expone la publicidad oficial, por el otro se sanciona a aquellos que han podido mejorar su hábitat. El mensaje no es que el que más gana más paga, para eso está el impuesto nacional a las ganancias (coparticipable), o el que más tiene más paga, para eso está el impuesto al patrimonio (coparticipable). Con este aumento exorbitante sólo se esta transmitiendo un mensaje a la sociedad para que no mejore su casa, no permita que su barrio progrese, porque entonces la Provincia presume que puede pagar un aumento en el impuesto inmobiliario.
El argumento del fisco provincial de buscar con esta medida una mayor equidad tributaria, es falso. Esta medida es injusta ya que al eliminar los topes a las subas que se venían aplicando en ejercicios anteriores, genera aumentos excesivos en inmuebles de medianas valuaciones fiscales.
La ampliación del conjunto de los contribuyentes afectados y el nuevo piso de valuación fiscal demuestran no solamente un error en la información y el criterio para asignar dicho incremento, sino también una falta de respeto a los contribuyentes bonaerenses, por el aumento excesivo y violento que genera una modificación abrupta para el bolsillo de cada familia.
Los criterios utilizados por la administración provincial para aplicar aumentos en el impuesto inmobiliario, desconoce los principios de previsiblilidad, progresividad racional, incentivos y determinación clara, precisa y no distorsiva del hecho imponible, que debe tener toda política tributaria que pretenda ser eficiente.
La Argentina fue y deberá volver a ser el país de la movilidad social ascendente, forjando sectores medios en base al trabajo, la educación y el ahorro. Mucho de ello se perdió pero no se puede llegar al extremo de castigar a los sectores medios como el Estado Provincial pretende.
Por todo ello solicito a los Señores Diputados acompañen el presente Proyecto.
Norberto Erro, diputado nacional por la UCR y candidato a Intendente de Vicente López, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación en rechazo al "impuestazo" del gobierno bonaerense. La iniciativa también incluye un pedido formal al gobernador Daniel Scioli para que suspenda dichos aumentos y restituya los topes en la aplicación de las revaluaciones que establecía la legislación impositiva vigente durante los ejercicios 2008, 2009 y 2010.
"Los habitantes de Buenos Aires han sufrido un importante aumento en el impuesto inmobiliario que en algunos casos llega hasta el 700 %, lo que se ha comprobado con boletas que vecinos de la Provincia nos han hecho conocer. El incremento está motivado en la aplicación de un aumento promedio del 25 % en la totalidad de la masa de contribuyentes y, fundamentalmente, en la puesta en marcha de actualizaciones de las valuaciones que realizara el Gobierno Provincial durante 2006 y 2007. Dicho proceso de revaluaciones fue cuestionado y, a pesar de todo, la Provincia aplicó igualmente la actualización de las valuaciones. El argumento del fisco provincial de buscar con esta medida una mayor equidad tributaria, es falso. Esta medida es injusta ya que al eliminar los topes a las subas que se venían aplicando en ejercicios anteriores, genera aumentos excesivos en inmuebles de medianas valuaciones fiscales", explicó Erro.
Según el diputado nacional y candidato a Intendente de Vicente López, el "impuestazo" es retrógrado y así lo explicó en la presentación que recientemente ingresó a la Cámara de Diputados y será tratada en el reinicio de las sesiones ordinarias. "No es progresista como pretenden presentarlo, sino que promueve la igualación para abajo. Las ineficientes gestiones provinciales han ido distorsionando los fundamentos que dieron lugar a la creación del Impuesto Inmobiliario, el que originalmente buscaba sancionar a la tierra libre de mejoras -señaló Erro-. El incremento se traduce en un castigo al progreso de muchos municipios cuyos vecinos aportaron para tener pavimentos, agua corriente, cloacas, hospitales municipales, apoyo a la seguridad, educación y otros servicios que hacen que una propiedad mejore su valor. Ese esfuerzo que hicieron los vecinos de muchos lugares para reemplazzar la ausencia de la Provincia, se encuentra ahora castigado por el mismo estado que no cumple sus obligaciones en material de seguridad, salud y educación".
En el mismo texto, Erro también consideró que el criterio utilizado para la aplicación de este impuesto a la tierra es "irracional, distorsivo y regresivo en materia económica". "Es irracional, porque tiende a confundir el valor de la vivienda con el patrimonio. Así se sanciona de forma desmedida a quien puede poseer un inmueble de mediano valor sin considerar su capacidad real de ingresos, si es única vivienda, si existen valores sentimentales sobre la misma, o si el hecho de haber adquirido el bien en una zona de progreso, debe ser sancionado. Bajo esta lógica habría que deteriorar la calidad de vida de los barrios y de los vecinos para evitar que sean castigados por la voracidad tributaria provincial. Es distorsivo, porque hay un error en la aplicación de dicho impuesto ya que confunde la vivienda con la capacidad contributiva de cada uno y genera doble imposición con otros impuestos nacionales y/o provinciales que gravan el patrimonio, la actividad económica y la renta. Es regresivo, porque desalienta la inversión y la mejora de la tierra. Con estas políticas tributarias el Gobierno Provincial termina sancionando el progreso de familias que volcaron gran parte de su esfuerzo y ahorro en tener una mejor vivienda, mejorar el barrio, en síntesis, una mejor calidad de vida. Mientras por un lado se exime de pagar el impuesto inmobiliario a más de 900 mil contribuyentes, de acuerdo a lo que expone la publicidad oficial, por el otro se sanciona a aquellos que han podido mejorar su hábitat. El mensaje no es que el que más gana más paga, para eso está el impuesto nacional a las ganancias (coparticipable), o el que más tiene más paga, para eso está el impuesto al patrimonio (coparticipable). Con este aumento exorbitante sólo se esta transmitiendo un mensaje a la sociedad para que no mejore su casa, no permita que su barrio progrese, porque entonces la Provincia presume que puede pagar un aumento en el impuesto inmobiliario", cerró el diputado nacional.
PROYECTO DE DECLARACION
La Cámara de Diputados de la Nación declara su más enérgico rechazo al impuestazo inmobiliario aplicado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que castiga el esfuerzo individual y colectivo de los habitantes de los distintos municipios de dicha Provincia, por la aplicación de las revaluaciones a la determinación de la base imponible de dicho tributo. Asimismo se solicita al Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Don Daniel Scioli que suspenda dichos aumentos, restituyendo los topes en la aplicación de las revaluaciones que establecía la legislación impositiva vigente durante los ejercicios 2008 / 2009/ 2010.-
Por intermedio de la Presidencia del Cuerpo, se comunique al Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, a las H. Cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia de Buenos Aires, a los Intendentes y H. Concejos Deliberantes de los municipios de la Provincia de Buenos Aires.-
FUNDAMENTOS
Los habitantes de la Provincia de Buenos Aires han sufrido un importante aumento en el impuesto inmobiliario que en algunos casos llega hasta el 700%, lo que se ha comprobado con boletas de dicho impuesto que vecinos de la Provincia nos han hecho conocer.
El incremento del Impuesto Inmobiliario está motivado, en la aplicación de un aumento promedio del 25 % en la totalidad de la masa de contribuyentes, y fundamentalmente en la aplicación de actualizaciones de las valuaciones que realizara el Gobierno Provincial durante los años 2006/2007.
Dicho proceso de revaluaciones fue cuestionado por la comunidad en cuanto había una falta de incorporación como indicador a la capacidad de construcción y/o uso que pudiese dársele a cada inmueble, situación que en muchos casos determinara que resultara injusto el valor a aplicarse.
A pesar de todo, la Provincia aplicó igualmente la actualización de las valuaciones.
En años anteriores solo se logró que el mismo no sea transferido en forma total al impuesto inmobiliario, fijándose un tope para que el impacto en el cálculo definitivo de la base imponible no superase el 30 % promedio.
En dicho contexto, las leyes fiscales e impositivas provinciales fueron estableciendo la incorporación de este tope a la aplicación de las nuevas valuaciones, lo que implicaba un impacto más gradual de la carga tributaria sobre los contribuyentes bonaerenses.
Las ineficientes gestiones provinciales han ido distorsionando los fundamentos que dieron lugar a la creación del Impuesto Inmobiliario, el que originalmente buscaba sancionar a la tierra libre de mejoras.
El incremento señalado se traduce en un castigo al progreso de muchos minicipios cuyos vecinos aportaron para tener pavimentos, agua corriente, cloacas, hospitales municipales, aapoyo a la seguridad, educaión y otros servicios que hacen que una propiedad mejopre su valor.
Si un municipio invierte bien los ingresos en servicios públicos y obras que mejoren los barrios, eviten inundaciones, faciliten los accesos, mantienen la higiene e iluminación de calles bien conservadas, aumenta el valor de las viviendas y luego la Provincia castiga a sus propietarios con una alícuota más alta.
Este impuestazo no es progresista como pretenden presentarlo, por el contrario es retrógrado porque promueve la igualación para abajo.
Ese esfuerzo que hicieron los vecinos de muchos lugares para reemplazzar la ausencia de la Provincia, se encuentra ahora castigado por el mismo estado que no cumple sus obligaciones en material de seguridad, salud y educación.
Es por ello que rechazamos que la Provincia lleve adelante esta carga adicionas contra las familias y ciudades que han tenido la voluntad y posibilidad de progresar a nivel personal y como comunidad.
Por lo demás este incremento no se ajusta, de manera alguna, a la realidad económica nacional, por la sencilla razón de que los ingresos salariales no guardan relación con el excesivo aumento del impuesto inmobiliario de la Provincia de Buenos Aires.
Muchos vecinos de la Provincia en cuestión se verán en serias dificultades, cuando no imposibilitados de cumplir con el pago, ya que no existe relación entre entre el citado incumplimiento y el índice inflacionario del I.N.D.E.C., dejando en total evidencia que es absolutaente inoportuno aumentar la preión fiscal a los vecinos de esta Provincia.
Los contribuyentes de la Provincia de Buenos Aires no pueden ser siempre la variable de ajuste y lasalvación para el desmanejo fiscal de la Administración Provincial.
El criterio que se han utilizado para la aplicación de este impuesto a la tierra es irracional, distorsivo y regresivo en materia económica.
Es irracional, porque tiende a confundir el valor de la vivienda con el patrimonio. Así se sanciona de forma desmedida a quien puede poseer un inmueble de mediano valor sin considerar su capacidad real de ingresos, si es única vivienda, si existen valores sentimentales sobre la misma, o si el hecho de haber adquirido el bien en una zona de progreso, debe ser sancionado. Bajo esta lógica habría que deteriorar la calidad de vida de los barrios y de los vecinos para evitar que sean castigados por la voracidad tributaria provincial.
Es distorsivo, porque hay un error en la aplicación de dicho impuesto ya que confunde la vivienda con la capacidad contributiva de cada uno y genera doble imposición con otros impuestos nacionales y/o provinciales que gravan el patrimonio, la actividad económica y la renta.
Es regresivo, porque desalienta la inversión y la mejora de la tierra. Con estas políticas tributarias el Gobierno Provincial termina sancionando el progreso de familias que volcaron gran parte de su esfuerzo y ahorro en tener una mejor vivienda, mejorar el barrio, en síntesis, una mejor calidad de vida. Mientras por un lado se exime de pagar el impuesto inmobiliario a más de 900 mil contribuyentes, de acuerdo a lo que expone la publicidad oficial, por el otro se sanciona a aquellos que han podido mejorar su hábitat. El mensaje no es que el que más gana más paga, para eso está el impuesto nacional a las ganancias (coparticipable), o el que más tiene más paga, para eso está el impuesto al patrimonio (coparticipable). Con este aumento exorbitante sólo se esta transmitiendo un mensaje a la sociedad para que no mejore su casa, no permita que su barrio progrese, porque entonces la Provincia presume que puede pagar un aumento en el impuesto inmobiliario.
El argumento del fisco provincial de buscar con esta medida una mayor equidad tributaria, es falso. Esta medida es injusta ya que al eliminar los topes a las subas que se venían aplicando en ejercicios anteriores, genera aumentos excesivos en inmuebles de medianas valuaciones fiscales.
La ampliación del conjunto de los contribuyentes afectados y el nuevo piso de valuación fiscal demuestran no solamente un error en la información y el criterio para asignar dicho incremento, sino también una falta de respeto a los contribuyentes bonaerenses, por el aumento excesivo y violento que genera una modificación abrupta para el bolsillo de cada familia.
Los criterios utilizados por la administración provincial para aplicar aumentos en el impuesto inmobiliario, desconoce los principios de previsiblilidad, progresividad racional, incentivos y determinación clara, precisa y no distorsiva del hecho imponible, que debe tener toda política tributaria que pretenda ser eficiente.
La Argentina fue y deberá volver a ser el país de la movilidad social ascendente, forjando sectores medios en base al trabajo, la educación y el ahorro. Mucho de ello se perdió pero no se puede llegar al extremo de castigar a los sectores medios como el Estado Provincial pretende.
Por todo ello solicito a los Señores Diputados acompañen el presente Proyecto.
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