Detienen a cinco delegados de ATE por la toma en el ministerio de Educación

La Policía Bonaerense detuvo a cinco delegados de ATE acusados de presunta “coacción agravada” por la toma de la Dirección General de Cultura y Educación ocurrida a fines del año pasado. Desde el gremio convocaron a un paro en todas las seccionales bonaerenses.

La Policía Bonaerense detuvo hoy a cinco delegados de la Dirección General de Cultura y Educación a quienes acusa de presunta "coacción agravada", debido a las protestas gremiales llevadas adelante por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la sede educativa a fines de 2012.

Tras las detenciones, e l titular del sindicato, Oscar de Isasi, convocó a un paro provincial a todas las seccionales bonaerenses para exigir la libertad de los delegados que se encuentran detenidos en la DDI La Plata y que por estas horas declaran en la fiscalía.

Desde el gremio, denuncian la criminalización de la protesta social por parte del Gobierno y aseguran que las detenciones se llevaron a cabo por orden del juez César Melazo. Los delegados son Alejandro Sánchez Moreno, María Inés Uro, Silvia Valdez Abalos, Miguel Ciappina y Marcelo Ardetti. A su vez, según trascendió, la Policía busca a Giselle Mendoza. 

De Isasi advirtió que “el círculo de ajuste, ilegalidad, judicialización y represión empieza a cerrarse en este momento en la provincia de Buenos Aires. La intención es aleccionar al conjunto de la sociedad que viene peleando por mejoras inclusivas”.

El expediente judicial se inició en 2012, tras la toma del edificio de la cartera educativa por parte de los empleados de ese área realizada entre septiembre y octubre. Por entonces, los trabajadores estatales reclamaban en contra del recorte en la liquidación de las horas extras y los viáticos, y posibles futuros ajustes. 

Por estas horas, lo que más preocupa a los delegados es la carátula de la causa, que los imputa por "coacción agravada", un delito que no es excarcelable.

A la salida de la reunión de la Comisión Especial que investiga lo sucedido durante la inundación de La Plata que lleva a cabo en la Cámara de Diputados bonaerense, la titular de la cartera educativa, Nora De Lucia, expresó dijo no tener conocimiento de las detenciones. “Ahora averiguaré cuál es la situación. Por ahora estuve muy ocupada en el tema de la inundación”, sostuvo la funcionaria y agregó que “las acciones de violencia no están en el marco de la Constitución”.

El conflicto

El conflicto por el recorte salarial en horas extras y viáticos comenzó el martes 25 de septiembre del año pasado, cuando un grupo de trabajadores y dirigentes sindicales de ATE y otros gremios resolvieron ocupar el edificio de Educación, cortar la luz e impedir el ingreso de los funcionarios.

Desde el gobierno bonaerense, a través de De Lucia, negaron la existencia de un "ajuste", dijeron que existieron "excesos" en el pago de esas bonificaciones y presentaron una denuncia en el juzgado de Garantías 4 sobre agresiones físicas y amenazas a varios funcionarios de la cartera, entre ellos la ministra.

La ocupación concluyó el 5 de octubre tras varias negociaciones y con la promesa del Ejecutivo de no aplicar recortes, pero el 31 del mismo mes, ante la falta de respuesta del gobierno a lo prometido, un grupo de ATE que realizaba una asamblea en las puertas del edificio irrumpió en la sede educativa.

Dentro del lugar exigieron que alguna autoridad firmara un "acta" para garantizar que se iban a abonar las horas extras, tal como se había prometido, y amenazaron con no dejar salir a los funcionarios, incluidos De Lucia, hasta que no se rubricara el compromiso al que habían arribado a principio de mes.

Pasadas la 21 un grupo de empleados ingresó con violencia a los despachos de los funcionarios para exigir la firma del acta, profiriendo insultos y amenazas, e incluso, según la posterior denuncia, empujando y arrinconando a algunos de ellos, además de romper puertas y el mobiliario.

Los incidentes cesaron a medianoche cuando lograron que un subsecretario del área de Recursos Humanos firmara un documento, presuntamente bajo amenaza, en el que se consignaba que al día siguiente "los trabajadores de la Dirección de Escuelas cobrarán en su totalidad las horas extras". (La Política OnLine).