Quilmes: Gutiérrez no puede municipalizar la basura y le extendió el contrato a Covelia

Como el Banco Nación todavía no le otorgó el crédito para comprar camiones, el intendente de Quilmes decidió prorrogar la emergencia sanitaria y el contrato con la firma recolectora de residuos. Pagará 11 millones de pesos mensuales, el doble de lo que quería pagar tres meses atrás cuando declaró desierta una licitación. La oposición irá a la Justicia.

“Creemos que en menos de seis meses vamos a poder concretar la municipalización, pero por el momento esa es la salida que teníamos”, blanqueó un funcionario municipal, luego de que la semana pasada el intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez decidiera prorrogar por otros seis meses el contrato con la empresa recolectora de residuos Covelia, a pesar de sus promesas de estatización del servicio. La excusa es que todavía la Comuna no pudo obtuvo el crédito para la compra de camiones.

Desde que asumió, la relación entre Gutiérrez y Covelia, la empresa recolectora vinculada con Hugo Moyano, es más bien tormentosa. De hecho, desde el la Comuna siempre sostuvieron que el servicio es “desastroso”.

A fines de 2012, Gutiérrez llamó a una nueva licitación del servicio con un pago máximo de 6,2 millones de pesos mensuales. Covelia fue la única empresa oferente pero pidió 11 millones de pesos por mes con lo cual el llamado fue declarado desierto.

Por eso, ya con Moyano como enemigo de la Casa Rosada, Gutiérrez inició el camino de la municipalización y para ello le pidió permiso a la Provincia y al Concejo Deliberante local para tomar un crédito del Banco Nación por 120 millones de pesos para comprar camiones y herramientas para estatizar el servicio. La idea del intendentes es comprar camiones Iveco y maquinarias para las delegaciones.

Al mismo tiempo, Gutiérrez le advirtió a los trabajadores de la empresa que podrán quedarse en el nuevo esquema municipal pero, seguramente, con salarios más bajos que los actuales, que están bajo el régimen de Camioneros.

Sin embargo, el trámite para tomar el crédito viene demorado y la municipalización no llega. La semana pasada, el Concejo Deliberante aprobó una nueva emergencia sanitaria y ambiental por 90 días con opción a otros 90 días, lo que le permite a Gutiérrez extender el contrato de Covelia sin llamar a licitación.

Según informaron fuentes comunales, el Municipio le pagará a Covelia 11 millones de pesos mensuales, 1,5 millones de pesos más de lo que venía cobrando y casi el doble de lo que Gutiérrez quería pagar cuando lanzó el llamado a licitación que quedó trunco.

“Extendimos el contrato para tener más tiempo y creemos que antes de los 6 meses ya vamos a tener el servicio municipalizado. No hay ningún problema con la Nación, la plata va a estar. Además, necesitamos cambiar a Covelia porque el servicio es malísimo, un desastre. Si los dejamos, perdemos imagen nosotros”, confió una fuente comunal.

Las denuncias de la oposición
Sin embargo, para la oposición al kirchnerismo, se trata de una maniobra para favorecer a Covelia. Además, según sostienen, la prórroga del contrato es ilegal ya que el Tribunal de Cuentas bonaerense, cuando se confirmó la tercera prórroga, había señalado que debía ser la última extensión y última emergencia sanitaria.

“Nosotros pedimos que la asesoría letrada del Concejo que falle para ver si se hacía algo legal o no y lo apoyaron. Eso es porque el asesor letrado no se animaba a aprobar algo así con esa resolución del Tribunal de cuentas y la versión taquigráfica. La contratación directa es para motivos excepcionales cuando acá hay ineptitud por parte del Intendente, estamos en falta desde el 12 de febrero de 2012”, dijo a LPO el concejal de la Coalición Cívica Diego Buffone.

Con este contexto, la oposición hará una presentación judicial en las próximas horas contra los 13 concejales que votaron a favor de la emergencia la semana pasada. Con ese dictamen del Tribunal, el FAP, la UCR, la CC y el Frente Kirchnerista se presentarán ante la Justicia bajo la figura de “Abuso de Autoridad”.

“Tenemos todo en orden, el Tribunal nunca nos puso plazos y en todo caso es una interpretación jurídica”, sostienen en el Municipio. (La Política OnLine).