BUENOS AIRES, Agosto 19, (PUNTO CERO) En medio del fárrago de la indigestión que a no pocos oficialistas provocó el final del proyecto de ratificación de la resolución 125 (retenciones al agro), del anuncio de la renacionalización de Aerolíneas Argentinas-Austral, del aumento de tarifas de energía eléctrica, de la inocultable inflación -a pesar de los esfuerzos del INDEC- y del proyecto de ajuste de los haberes previsionales, un tema de crucial importancia parecería haber pasado desapercibido, al menos para la mayor parte de la sociedad.
Me refiero concretamente al anunciado proyecto de despenalizar el consumo y tenencia de drogas, en tanto se trate de cantidades que no hagan presumir una intención de comercializarlas, lanzado por el ministro de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad, Aníbal Domingo Fernández y, a fines de julio, apoyado públicamente por la presidenta Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Lo hizo al expresar que "No me gusta que se condene al que tiene una adicción como si fuera un criminal. Los que tienen que ser condenados son los que venden la sustancia".
La afirmación presidencial es correcta… a medias. Porque, si no se condena (encarcela) al consumidor y no se lo somete a una verdadera y efectiva desintoxicación que asegure que no volverá a caer en la adicción, seguirá siendo consumidor y, como tal, un gigantescamente rentable negocio para los narcotraficantes y sus distribuidores.
LA LEY ACTUAL Y EL PROYECTO
La ley vigente sanciona incluso la tenencia de una pequeña dosis que pueda presumirse para consumo personal. No obstante, la jurisprudencia suele estar a favor del cierre de la causa contra el presunto usuario y, según el caso, a disponer que se someta a un tratamiento de desintoxicación.
Cabe señalar que el proyecto del ministro toma como base una reciente estadística, del ámbito nacional, realizada… ¡nada menos que por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INDEC! Según dicha estadística, el consumo se ha reducido en nuestro país, algo que contrasta con lo que se ve y se percibe a nuestro alrededor.
La iniciativa contempla la interacción de distintas áreas ministeriales. Así, Educación aportaría programas de prevención, Salud tratamientos, Trabajo capacitación y salida laboral y Desarrollo Social, contención y mejoramiento de las condiciones de vida. También -con anterioridad- se había designado un Comité Científico Asesor, integrado por juristas (Horacio Cattani, Patricia Llerena y Roberto Falcone) y académicos (Eva Giberti y Alberto Calabrese), todos coordinados por la fiscal Mónica Cuñarro. Fue la propia presidenta que exhortó a "… hacer un pacto con la sociedad" para "poder ayudar y ayudarnos a comprender el problema porque, si uno no lo conoce, no puede formular las políticas adecuadas para solucionarlo".
A riesgo de que se me tilde de "ignorante", declaro que es la primera vez que, como prestigiosos juristas veo los nombres de Cattani, Llerena y Falcone y, como académicos, el de Eva Giberti y Calabrese. Eva Giberti, si bien es conocida, este conocimiento no deriva precisamente de un prestigio académico; por otra parte, si a títulos, lauros y fama nos remitirnos, Jorge Corsi los tiene y, sin dudas, más y mayores que los de Giberti, aunque no se encuentre disponible para integrar dicho Comité, por el momento.
Lo que no deja de constituir una curiosidad es la ausencia de especialistas en drogadicción que puedan aportar conocimientos y experiencias en cuanto a qué se puede y debe hacerse y que no. ¿Conocerán los miembros del Comité lo suficiente como para recomendar "las políticas adecuadas para solucionarlo"?
De cualquier forma, por el momento no se conocen los detalles de la propuesta contenida en este proyecto pero, asumo, que como suele suceder en este tipo de situaciones, el argumento progre se enfoca fundamentalmente en el tema de las libertades individuales y de los actos privados de los individuos, sin detenerse en considerar qué consecuencias puede derivarse de ello, que hasta pueden llegar a ser perjudiciales para las libertades individuales y la calidad de vida privada del propio adicto.
VOCES OPOSITORAS
Pese a la poca difusión oficial que se dio al asunto -a diferencia de otros, que parecen ser más interesantes desde el punto de vista de logros políticos- de inmediato se hicieron oír las voces de quienes, con todo un bagaje profesional a cuestas, tacharon cuando menos de imprudente una decisión de ese tipo.
Naturalmente, los respectivos funcionarios mantuvieron firme la tradición de no escuchar voces que no canten loas a sus iniciativas y manifiestan su incondicional sumisión a las mismas o bien descalificar al disidente.
A tal punto llegó la obcecación gubernamental que, públicamente, José Granero[i], titular de la Secretaría de Lucha Contra la Drogadicción y el Narcotráfico (SEDRONAR), se distanció claramente del proyecto oficial, señalando que, de ninguna manera, podía avalar tal iniciativa no ya acompañándola sino tan sólo guardando silencio ante lo que ella implica. Acusó al proyecto de encerrar un garantismo que opera a favor de delincuentes y de narcotraficantes. Al mismo tiempo, Granero señaló el contraste entre la encuesta realizada por el INDEC y la llevada a cabo por la propia SEDRONAR a fines de 2007, que exhibe resultados casi diametralmente opuestos (y que, de alguna manera, está más cerca de la percepción que la sociedad tiene a través de conocimientos directos o de los medios de comunicación y de organismos no oficiales).
Naturalmente, el ministro Fernández -fiel a la tradición gubernamental- descalificó a Granero y a la Secretaría a su cargo, aduciendo que "no cumple su misión específica (que sería, según el ministro, la de la prevención)" y calificando las palabras del titular de la misma de "mentiras atroces y sin sentido". La contraofensiva de Granero no demoró en llegar. Hizo notar que, desde su asunción al frente de esa Secretaría, viene reclamando al Gobierno una más clara definición respecto de las funciones asignadas a la misma y que, dado que una de ellas es la de la lucha contra el narcotráfico, ningún progreso podrá lograrse si carece de recursos y de la colaboración de las Fuerzas de Seguridad (casualmente dependientes del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad).
Igual que en casos anteriores, cabe preguntarse si es más práctico, conveniente y racional crear nuevas estructuras (dado que, se descuenta, debería haber alguna que coordine la acción interministerial) en lugar de fortalecer, mejorar y hacer más eficientes las ya existentes.
LA INICIATIVA AL TRASLUZ
Sin cuestionar las libertades individuales garantizadas por nuestra Constitución Nacional, como también la separación de responsabilidades entre actos privados y actos públicos, hay en esta iniciativa diversas facetas que me parece imprescindible considerar.
En el caso de los adictos a la marihuana, puede aceptarse que una persona cultive sus propias plantas de cannabis sativa de cuyas hojas saldrá el material para armar los cigarrillos que consumirá, conocidos popularmente como porros. Obviamente no sucederá lo mismo con adictos a otros tipos de drogas.
En consecuencia, casi se podría decir que el proyecto estaría dirigido a un determinado tipo de adictos, lo cual -más allá de cualquier consideración acerca de la drogadicción en general- no parece ser muy claro desde el punto de vista legal. Quiero decir que sería -si se llegase a promulgar- una norma discriminatoria hacia el resto de los adictos a otras drogas, como ser paco, cocaína, crack, éxtasis, burundanga, etc., los que hasta podrían recurrir al Instituto Nacional Contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia Racial, Religiosa o Ideológica (INADI) para hacer cesar la discriminación. (Sí, aunque usted sienta que no acierta a definir si es para reír o para llorar).
Pero, superado este primer escalón, cabe preguntarse de qué manera el Estado podrá controlar si, en el jardín de casa o en algún macetero en la azotea de un domicilio particular, la cantidad de plantas que se cultivan responde exactamente a las pautas de consumo personal o si, subrepticiamente, puede implicar una intención comercial.
El segundo escollo se presenta en aquellos que, por vivir en un pequeño departamento, carecen de espacio para dedicarse al cultivo de plantas de cannabis sativa. ¿Se permitirá alquilar el jardín de un vecino para hacerlo? En este caso, el pago por el alquiler del jardín ¿entrará o no en la calificación de "comercialización" dado que el vecino estaría comerciando con el jardín y no con las plantas? ¿Se permitirá compartir la plantación con otro adicto que sí posee espacio para ese cultivo? ¿Cómo se podrá determinar si se trata de un compartir ad honorem, sin interés dinerario de por medio? ¿Se exigirá algún tipo de declaración jurada de las partes? ¿Cómo se las arreglará un adicto que consuma más que lo que le brinde su propia producción? ¿O si carece de lo que los británicos llaman green fingers (dedos verdes), para significar que tienen talento para cultivar plantas? ¿Se contemplará la posibilidad de que, en este caso, contrate a un jardinero experto sin que el mismo corra riesgo de terminar sancionado?
El tercer escollo se refiere a cómo obtener las semillas y/o plantines para iniciar un cultivo propio. Espero, por el bien de viveros y comercios de plantas, que no se considere delito venderlos al público-adicto. Porque, si así fuera, al adicto sólo le restaría publicar un aviso en algún diario o vía Internet para ubicar a alguien que pueda proveerlo de semillas o plantines para poder iniciarse como productor independiente y personal.
Una duda que surge de mi ignorancia del texto de la iniciativa: ¿El proyecto incluirá alguna línea de créditos blandos, otorgada por bancos oficiales, para los futuros productores independientes personales de cultivos de cannabis sativa? ¿Será alcanzada esta producción por el régimen de retenciones al agro?
UN EJEMPLO TRAIDO DE… LAS HOJAS
Imagine el lector que, por algún motivo, se prohibiese la venta comercial de pescado, pero no su consumo a título personal. Obviamente, no todas las personas pueden disponer de los elementos (caña, sedal, anzuelos, eventualmente un reel, carnada, etc.) como para proveerse de su propia pesca. ¿Qué debería hacer una persona en esa situación si le gusta comer pescado? ¿Deberá comprar los elementos necesarios y hacer un cursillo para aprender a pescar?
En una sociedad como la nuestra, con tan elevado nivel de dependencia, para la persona común es toda una complicación tener que proveerse -sin recurrir a un comercio- de los alimentos que desea y/o necesita ingerir. ¿Se ha investigado profundamente el tema como para determinar que, en el caso de las adicciones a las drogas, la cuestión funcionaría de forma diferente, que el adicto podría -real y totalmente- independizarse de la intervención del comercio?
CAUSA Y EFECTO
Nuevamente dejando, por el momento, de lado el tema de las garantías individuales y de la no-intervención en los actos privados, nadie puede dudar que, al presente, una persona que sea sorprendida con una cantidad de droga que pueda imputarse al uso personal, es porque a alguien se la compró. Y el vendedor, conocido como dealer, sí está comerciando con material prohibido, está cometiendo un ilícito. Por lo tanto, de alguna forma, el consumidor es -voluntaria o involuntariamente, a causa de una adicción- un cómplice del dealer, es el que le brinda las ganancias que hacen atractivo y rentable ese ilegal negocio. Aun suponiendo que el adicto a la marihuana logre su autoabastecimiento, ¿Qué sucederá con los adictos al paco, al éxtasis, a la burundanga, etc.? Despenalizados como consumidores seguirán adquiriendo sus drogas en el circuito ilegal, alimentando al negocio del narcotráfico. Hasta donde sé, la legislación penal vigente sanciona al cómplice -se lo considere necesario o secundario- aunque de forma más liviana que el autor y/o instigador de un delito; aun motivado por su adicción, el consumidor es, involuntariamente, cómplice del narcodelincuente.
Según surge de los comentarios oficiales, la intención del Gobierno sería eliminar la actual calidad de cómplice o posibilidad de sanción penal a quien posea la adicción. El problema, según mis limitadas posibilidades de comprensión, radica en cómo se va a lograr que, de sancionarse ese proyecto de ley, que no se transforme en una disimulada cobertura para el narcotráfico[ii]. El Estado -ahora y en el pasado- ha demostrado no ser precisamente eficiente en el ejercicio de los debidos controles. Casos como los de Banco de la Nación Argentina-IBM, República Cromañón, Skanska, Siemens, tránsito automotor, desempeño de concesionarios de servicios públicos, faltante de monedas y tantos otros son claro ejemplo de la incapacidad de los estamentos oficiales en orden a cumplir cabalmente su responsabilidad como controlador, para evitar desde irregularidades hasta delitos o tragedias.
El saber popular sostiene -acertadamente en la mayoría de los casos- que "de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno".
Me refiero concretamente al anunciado proyecto de despenalizar el consumo y tenencia de drogas, en tanto se trate de cantidades que no hagan presumir una intención de comercializarlas, lanzado por el ministro de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad, Aníbal Domingo Fernández y, a fines de julio, apoyado públicamente por la presidenta Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Lo hizo al expresar que "No me gusta que se condene al que tiene una adicción como si fuera un criminal. Los que tienen que ser condenados son los que venden la sustancia".
La afirmación presidencial es correcta… a medias. Porque, si no se condena (encarcela) al consumidor y no se lo somete a una verdadera y efectiva desintoxicación que asegure que no volverá a caer en la adicción, seguirá siendo consumidor y, como tal, un gigantescamente rentable negocio para los narcotraficantes y sus distribuidores.
LA LEY ACTUAL Y EL PROYECTO
La ley vigente sanciona incluso la tenencia de una pequeña dosis que pueda presumirse para consumo personal. No obstante, la jurisprudencia suele estar a favor del cierre de la causa contra el presunto usuario y, según el caso, a disponer que se someta a un tratamiento de desintoxicación.
Cabe señalar que el proyecto del ministro toma como base una reciente estadística, del ámbito nacional, realizada… ¡nada menos que por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos-INDEC! Según dicha estadística, el consumo se ha reducido en nuestro país, algo que contrasta con lo que se ve y se percibe a nuestro alrededor.
La iniciativa contempla la interacción de distintas áreas ministeriales. Así, Educación aportaría programas de prevención, Salud tratamientos, Trabajo capacitación y salida laboral y Desarrollo Social, contención y mejoramiento de las condiciones de vida. También -con anterioridad- se había designado un Comité Científico Asesor, integrado por juristas (Horacio Cattani, Patricia Llerena y Roberto Falcone) y académicos (Eva Giberti y Alberto Calabrese), todos coordinados por la fiscal Mónica Cuñarro. Fue la propia presidenta que exhortó a "… hacer un pacto con la sociedad" para "poder ayudar y ayudarnos a comprender el problema porque, si uno no lo conoce, no puede formular las políticas adecuadas para solucionarlo".
A riesgo de que se me tilde de "ignorante", declaro que es la primera vez que, como prestigiosos juristas veo los nombres de Cattani, Llerena y Falcone y, como académicos, el de Eva Giberti y Calabrese. Eva Giberti, si bien es conocida, este conocimiento no deriva precisamente de un prestigio académico; por otra parte, si a títulos, lauros y fama nos remitirnos, Jorge Corsi los tiene y, sin dudas, más y mayores que los de Giberti, aunque no se encuentre disponible para integrar dicho Comité, por el momento.
Lo que no deja de constituir una curiosidad es la ausencia de especialistas en drogadicción que puedan aportar conocimientos y experiencias en cuanto a qué se puede y debe hacerse y que no. ¿Conocerán los miembros del Comité lo suficiente como para recomendar "las políticas adecuadas para solucionarlo"?
De cualquier forma, por el momento no se conocen los detalles de la propuesta contenida en este proyecto pero, asumo, que como suele suceder en este tipo de situaciones, el argumento progre se enfoca fundamentalmente en el tema de las libertades individuales y de los actos privados de los individuos, sin detenerse en considerar qué consecuencias puede derivarse de ello, que hasta pueden llegar a ser perjudiciales para las libertades individuales y la calidad de vida privada del propio adicto.
VOCES OPOSITORAS
Pese a la poca difusión oficial que se dio al asunto -a diferencia de otros, que parecen ser más interesantes desde el punto de vista de logros políticos- de inmediato se hicieron oír las voces de quienes, con todo un bagaje profesional a cuestas, tacharon cuando menos de imprudente una decisión de ese tipo.
Naturalmente, los respectivos funcionarios mantuvieron firme la tradición de no escuchar voces que no canten loas a sus iniciativas y manifiestan su incondicional sumisión a las mismas o bien descalificar al disidente.
A tal punto llegó la obcecación gubernamental que, públicamente, José Granero[i], titular de la Secretaría de Lucha Contra la Drogadicción y el Narcotráfico (SEDRONAR), se distanció claramente del proyecto oficial, señalando que, de ninguna manera, podía avalar tal iniciativa no ya acompañándola sino tan sólo guardando silencio ante lo que ella implica. Acusó al proyecto de encerrar un garantismo que opera a favor de delincuentes y de narcotraficantes. Al mismo tiempo, Granero señaló el contraste entre la encuesta realizada por el INDEC y la llevada a cabo por la propia SEDRONAR a fines de 2007, que exhibe resultados casi diametralmente opuestos (y que, de alguna manera, está más cerca de la percepción que la sociedad tiene a través de conocimientos directos o de los medios de comunicación y de organismos no oficiales).
Naturalmente, el ministro Fernández -fiel a la tradición gubernamental- descalificó a Granero y a la Secretaría a su cargo, aduciendo que "no cumple su misión específica (que sería, según el ministro, la de la prevención)" y calificando las palabras del titular de la misma de "mentiras atroces y sin sentido". La contraofensiva de Granero no demoró en llegar. Hizo notar que, desde su asunción al frente de esa Secretaría, viene reclamando al Gobierno una más clara definición respecto de las funciones asignadas a la misma y que, dado que una de ellas es la de la lucha contra el narcotráfico, ningún progreso podrá lograrse si carece de recursos y de la colaboración de las Fuerzas de Seguridad (casualmente dependientes del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad).
Igual que en casos anteriores, cabe preguntarse si es más práctico, conveniente y racional crear nuevas estructuras (dado que, se descuenta, debería haber alguna que coordine la acción interministerial) en lugar de fortalecer, mejorar y hacer más eficientes las ya existentes.
LA INICIATIVA AL TRASLUZ
Sin cuestionar las libertades individuales garantizadas por nuestra Constitución Nacional, como también la separación de responsabilidades entre actos privados y actos públicos, hay en esta iniciativa diversas facetas que me parece imprescindible considerar.
En el caso de los adictos a la marihuana, puede aceptarse que una persona cultive sus propias plantas de cannabis sativa de cuyas hojas saldrá el material para armar los cigarrillos que consumirá, conocidos popularmente como porros. Obviamente no sucederá lo mismo con adictos a otros tipos de drogas.
En consecuencia, casi se podría decir que el proyecto estaría dirigido a un determinado tipo de adictos, lo cual -más allá de cualquier consideración acerca de la drogadicción en general- no parece ser muy claro desde el punto de vista legal. Quiero decir que sería -si se llegase a promulgar- una norma discriminatoria hacia el resto de los adictos a otras drogas, como ser paco, cocaína, crack, éxtasis, burundanga, etc., los que hasta podrían recurrir al Instituto Nacional Contra la Discriminación, el Racismo y la Intolerancia Racial, Religiosa o Ideológica (INADI) para hacer cesar la discriminación. (Sí, aunque usted sienta que no acierta a definir si es para reír o para llorar).
Pero, superado este primer escalón, cabe preguntarse de qué manera el Estado podrá controlar si, en el jardín de casa o en algún macetero en la azotea de un domicilio particular, la cantidad de plantas que se cultivan responde exactamente a las pautas de consumo personal o si, subrepticiamente, puede implicar una intención comercial.
El segundo escollo se presenta en aquellos que, por vivir en un pequeño departamento, carecen de espacio para dedicarse al cultivo de plantas de cannabis sativa. ¿Se permitirá alquilar el jardín de un vecino para hacerlo? En este caso, el pago por el alquiler del jardín ¿entrará o no en la calificación de "comercialización" dado que el vecino estaría comerciando con el jardín y no con las plantas? ¿Se permitirá compartir la plantación con otro adicto que sí posee espacio para ese cultivo? ¿Cómo se podrá determinar si se trata de un compartir ad honorem, sin interés dinerario de por medio? ¿Se exigirá algún tipo de declaración jurada de las partes? ¿Cómo se las arreglará un adicto que consuma más que lo que le brinde su propia producción? ¿O si carece de lo que los británicos llaman green fingers (dedos verdes), para significar que tienen talento para cultivar plantas? ¿Se contemplará la posibilidad de que, en este caso, contrate a un jardinero experto sin que el mismo corra riesgo de terminar sancionado?
El tercer escollo se refiere a cómo obtener las semillas y/o plantines para iniciar un cultivo propio. Espero, por el bien de viveros y comercios de plantas, que no se considere delito venderlos al público-adicto. Porque, si así fuera, al adicto sólo le restaría publicar un aviso en algún diario o vía Internet para ubicar a alguien que pueda proveerlo de semillas o plantines para poder iniciarse como productor independiente y personal.
Una duda que surge de mi ignorancia del texto de la iniciativa: ¿El proyecto incluirá alguna línea de créditos blandos, otorgada por bancos oficiales, para los futuros productores independientes personales de cultivos de cannabis sativa? ¿Será alcanzada esta producción por el régimen de retenciones al agro?
UN EJEMPLO TRAIDO DE… LAS HOJAS
Imagine el lector que, por algún motivo, se prohibiese la venta comercial de pescado, pero no su consumo a título personal. Obviamente, no todas las personas pueden disponer de los elementos (caña, sedal, anzuelos, eventualmente un reel, carnada, etc.) como para proveerse de su propia pesca. ¿Qué debería hacer una persona en esa situación si le gusta comer pescado? ¿Deberá comprar los elementos necesarios y hacer un cursillo para aprender a pescar?
En una sociedad como la nuestra, con tan elevado nivel de dependencia, para la persona común es toda una complicación tener que proveerse -sin recurrir a un comercio- de los alimentos que desea y/o necesita ingerir. ¿Se ha investigado profundamente el tema como para determinar que, en el caso de las adicciones a las drogas, la cuestión funcionaría de forma diferente, que el adicto podría -real y totalmente- independizarse de la intervención del comercio?
CAUSA Y EFECTO
Nuevamente dejando, por el momento, de lado el tema de las garantías individuales y de la no-intervención en los actos privados, nadie puede dudar que, al presente, una persona que sea sorprendida con una cantidad de droga que pueda imputarse al uso personal, es porque a alguien se la compró. Y el vendedor, conocido como dealer, sí está comerciando con material prohibido, está cometiendo un ilícito. Por lo tanto, de alguna forma, el consumidor es -voluntaria o involuntariamente, a causa de una adicción- un cómplice del dealer, es el que le brinda las ganancias que hacen atractivo y rentable ese ilegal negocio. Aun suponiendo que el adicto a la marihuana logre su autoabastecimiento, ¿Qué sucederá con los adictos al paco, al éxtasis, a la burundanga, etc.? Despenalizados como consumidores seguirán adquiriendo sus drogas en el circuito ilegal, alimentando al negocio del narcotráfico. Hasta donde sé, la legislación penal vigente sanciona al cómplice -se lo considere necesario o secundario- aunque de forma más liviana que el autor y/o instigador de un delito; aun motivado por su adicción, el consumidor es, involuntariamente, cómplice del narcodelincuente.
Según surge de los comentarios oficiales, la intención del Gobierno sería eliminar la actual calidad de cómplice o posibilidad de sanción penal a quien posea la adicción. El problema, según mis limitadas posibilidades de comprensión, radica en cómo se va a lograr que, de sancionarse ese proyecto de ley, que no se transforme en una disimulada cobertura para el narcotráfico[ii]. El Estado -ahora y en el pasado- ha demostrado no ser precisamente eficiente en el ejercicio de los debidos controles. Casos como los de Banco de la Nación Argentina-IBM, República Cromañón, Skanska, Siemens, tránsito automotor, desempeño de concesionarios de servicios públicos, faltante de monedas y tantos otros son claro ejemplo de la incapacidad de los estamentos oficiales en orden a cumplir cabalmente su responsabilidad como controlador, para evitar desde irregularidades hasta delitos o tragedias.
El saber popular sostiene -acertadamente en la mayoría de los casos- que "de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno".
Me gustaría que, en este caso, los funcionarios interesados en el avance de esta iniciativa brinden a la sociedad las indispensables garantías de que no la están haciendo marchar hacia un infierno mayor que el actual y que, al mismo tiempo, asuman a título personal, si fuese necesario, la responsabilidad de las consecuencias si la medida terminase demostrándose errada.
¡Hasta la próxima, semejante,… y gracias por su paciencia! (PUNTO CERO).
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