lunes, octubre 13, 2008

Pergamino. La necesidad de contar con una alcaidía, otra vez en el tapete

PERGAMINO, Octubre 13, (PUNTO CERO-La Opinión). La presidencia de la Cámara de Apelaciones de Pergamino realizó visitas a las seccionales policiales donde se alojan detenidos y mostró su preocupación por la situación. En los últimos días se registraron hechos de violencia en las comisarías Primera y Tercera, con el saldo de reos y oficiales lesionados. Hubo envío de presos a unidades penitenciarias.
La superpoblación de detenidos en los calabozos de las comisarías locales ha vuelto a ser un tema de preocupación para las autoridades policiales, judiciales y políticas.
En los últimos días se suscitaron dos reyertas (una en la Primera y la restante en la Tercera) que dejaron como saldo a reos y oficiales lesionados y ello puso otra vez sobre el tapete las deficiencias existentes en esta materia. Condiciones precarias de alojamiento generan hacinamiento, mal humor, violencia, un clima propenso a contraer enfermedades, y todo ello lo padecen tanto los detenidos como los policías que, sin estar preparados para ello, hacen las veces de guardianes penitenciarios.
Cuando se habla de este tema surge nuevamente el planteo de que es una necesidad imperiosa la construcción de una alcaidía para Pergamino. Un Departamento Judicial debe tener un lugar específico para albergar a los detenidos. En la actualidad las comisarías actúan como mini alcaidías, lo que para algunos es una “bomba de tiempo”.
Visita de la Cámara
La presidencia de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y de Garantías en lo Penal de Pergamino realiza periódicas visitas institucionales a las comisarías, a fin de examinar las condiciones de alojamiento de los detenidos en dichas dependencias. Las últimas visitas se efectuaron el 26 de septiembre en la seccional Tercera y el 3 de este mes a las seccionales Primera, Segunda y la Comisaría de Colón.
En las dependencias pergaminenses se pudo comprobar que, sin excepción, la cantidad de detenidos excede la capacidad de alojamiento, según se informó.
En todos los casos se advirtió un notorio déficit en ventilación y luz natural, siendo destacable además que en la seccional Primera son recurrentes los problemas derivados del taponamiento de conductos cloacales, ello debido a que al construir nuevos calabozos y remodelar los existentes no se tuvo en cuenta la ampliación de los desagües.
En las respectivas fechas de visitas se contabilizaron 14 detenidos en la Tercera, 29 en la Primera, 4 en la Segunda y 8 en Colón.
En cada una de las oportunidades se recibieron inquietudes de los detenidos, ordenándose revisaciones médicas en algunos casos, acordando entrevistas con los jueces intervinientes en otros, y requiriéndoles opiniones sobre diversos tópicos, como calidad de comida, disponibilidad de agua caliente, régimen de visitas y, también, acerca de si estaban dispuestos a trasladarse a unidades del servicio penitenciario o preferían continuar en el lugar. De acuerdo a lo informado, hubo coincidencia plena en cuanto a la voluntad de permanecer alojados en sede policial. Tal parecer se basa en que el traslado implicaría perder el contacto familiar, con el correlativo endurecimiento del régimen penitenciario.
De esas visitas -que se produjeron antes que los episodios de violencia que se registraron en los últimos días- se labraron actas pormenorizadas que fueron elevadas a la Procuración General y a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, formulándose las observaciones del caso.
La Cámara dispuso asimismo hacer saber a la Jefatura de Policía Distrital que deberá reducirse la población alojada en las dependencias locales a límites compatibles con las condiciones de alojamiento. Para garantizar que ello fuera posible se requirió del Servicio Penitenciario que otorgara cupos para efectuar traslados de detenidos a unidades carcelarias, gestión que tuvo inmediato acogimiento y posibilitó disminuir drásticamente el número de detenidos. Por ejemplo, en el caso de la seccional Tercera la población se redujo a la mitad.
Asimismo, se encomendó a los jueces del fuero penal que -en la medida en que el trámite de los procesos lo hiciera posible o aconsejable- dispongan traslados de los procesados a unidades penitenciarias.Fue también anoticiada de dichas visitas la Defensoría General, cuya titular se constituyó personalmente en las dependencias y, a consecuencia de ello, dedujo una acción de hábeas corpus ante el Juzgado de Garantías de turno.

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