(Asteriscos Tv). La última Encuesta de la Deuda Social que realiza la UCA concluyó que en la Argentina urbana del Bicentenario todavía el 12% de los hogares, un 17% de la población, al menos 1 de cada 10 familias y 2 de cada 10 residentes que habitan el suelo argentino, viven en una vivienda en situación irregular: vivienda en villa miseria, asentamiento popular sin regularización, ocupación de hecho de casas o edificios, conventillo u hotel de pensión pública.
En este contexto, al menos el 36% no cuenta con conexión a cloacas; el 20% no tiene acceso a gas por red; el 21% no cuenta con calles pavimentadas y el 27% habita en terrenos o calles inundables.
La vivienda en situación irregular, una deuda social estructural que no logra resolverse. Focaliza la marginalidad y la expulsión socio-espacial.
El progreso económico y político-institucional que tuvo el país en la última década, a partir del crecimiento de las exportaciones, la recuperación del mercado interno y el aumento del empleo, mostró sus primeros signos problemáticos en el año 2007, cuando se aceleró el proceso inflacionario y se frenó la creación de nuevos empleos de calidad.
A ese proceso, le siguió una relativa retracción económica y un reflujo en las expectativas sociales durante la primera parte del 2008, cuando el país se vio sacudido por el conflicto agropecuario, el cual impactó de manera negativa sobre algunas importantes economías del interior del país y de manera más generalizada sobre el sistema político.
A fines de 2008 y durante buena parte de 2009, si bien el impacto fue menor al de otros lugares del mundo globalizado, la crisis financiera internacional y su efecto recesivo no dejaron de afectar la economía, el empleo y la calidad de vida de la población. Las medidas político-económicas adoptadas hicieron posible que se mantuviera en pié gran parte de la recuperación lograda durante los años de bonanza.
En este contexto, se observa que incluso con anterioridad a la crisis persisten determinadas deudas sociales estructurales que no logran resolverse por mucho que se multipliquen el crecimiento, e, incluso, las transferencias condicionadas de ingresos a las familias más pobres.
En este contexto, al menos el 36% no cuenta con conexión a cloacas; el 20% no tiene acceso a gas por red; el 21% no cuenta con calles pavimentadas y el 27% habita en terrenos o calles inundables.
La vivienda en situación irregular, una deuda social estructural que no logra resolverse. Focaliza la marginalidad y la expulsión socio-espacial.
El progreso económico y político-institucional que tuvo el país en la última década, a partir del crecimiento de las exportaciones, la recuperación del mercado interno y el aumento del empleo, mostró sus primeros signos problemáticos en el año 2007, cuando se aceleró el proceso inflacionario y se frenó la creación de nuevos empleos de calidad.
A ese proceso, le siguió una relativa retracción económica y un reflujo en las expectativas sociales durante la primera parte del 2008, cuando el país se vio sacudido por el conflicto agropecuario, el cual impactó de manera negativa sobre algunas importantes economías del interior del país y de manera más generalizada sobre el sistema político.
A fines de 2008 y durante buena parte de 2009, si bien el impacto fue menor al de otros lugares del mundo globalizado, la crisis financiera internacional y su efecto recesivo no dejaron de afectar la economía, el empleo y la calidad de vida de la población. Las medidas político-económicas adoptadas hicieron posible que se mantuviera en pié gran parte de la recuperación lograda durante los años de bonanza.
En este contexto, se observa que incluso con anterioridad a la crisis persisten determinadas deudas sociales estructurales que no logran resolverse por mucho que se multipliquen el crecimiento, e, incluso, las transferencias condicionadas de ingresos a las familias más pobres.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario