La Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires le dio impulso a la denuncia contra la Dra. Silvia Inés Montserrat, titular del Juzgado de Familia del departamento judicial de Azul, con asiento en la ciudad de Tandil, que fue remitida ahora a la Secretaría Permanente de Jurado de Enjuiciamiento.
La presentación denuncia irregularidades procesales en la causa 2650, caratulada como “N.N. s/ protección de Personas”, que tramitó en dicho juzgado, vulnerando los Derechos reconocidos en la Convención del Niño.
La magistrado es acusada por haber impedido el contacto de Rossana Benítez Parodi, una mujer de nacionalidad paraguaya, con su bebé recién nacido.
Parodi, madre de 6 hijos, y viuda del padre de los 5 primeros, producto de su situación económica apremiante había considerado dar el bebé por nacer en adopción. Luego comunicó a la justicia que no lo haría y posteriormente buscó asesoramiento para entregarlo a una familia de su misma nacionalidad, y con quien ella tenía relación desde años anteriores.
Al momento de buscar el camino legal para cumplimentar los trámites, la mujer no contó con la intervención necesaria del Asesor de menores, no se le brindó contención, ni acompañamiento.
El problema se origina cuando Parodi rectifica junto a la Secretaria de la Defensoría oficial, su voluntad de dar en adopción, hecho que le fue comunicado al juzgado que preside la Dra. Montserrat, y a su vez, al hospital para que se efectivizara el alta médica. A pesar de esto, la Jueza, de manera unilateral y sin darle intervención al asesor, ordenó la “guarda institucional” del bebé dentro del área del Servicio de Neonatología del Hospital Municipal Ramón Santamarina requiriendo que se separara al bebé de su madre, e impidiendo el contacto entre ambos, lo que de por sí, ya configuraría un delito tipificado en la ley penal 24.270.
“La magistrada abusa del poder de decidir, con omnipresencia y con tiranía”, señala la denuncia que hace hincapié en “la falta de intervención de los órganos que resultan ser competentes”. En tanto, relata además que el contacto se impidió “desde el mismo momento del último pujo de su madre al parirlo” y que al niño “se le arrebató en ese mismo instante la posibilidad de sentir el calor de su madre”.
En este sentido, el titular de la Comisión Bicameral, el diputado Gabriel Villegas sostuvo que “el pedido de juicio político fue analizado exhaustivamente y creemos que la jueza ha incumplido con su deber, no propiciando la relación madre-hijo que es un derecho natural del ser humano”, y agregó: “creo que esta magistrada ha violado derechos humanos inalienables”.
Por otra parte, cabe destacar, que la decisión de la Dra. Montserrat no demuestra, de acuerdo al expediente, haber sido tomada en base a ningún tipo de estudio socio económico, familiar ni psicológico de la madre, a quien nunca se le brindó el debido asesoramiento, ni tampoco contención alguna.
Al momento de presentarse la denuncia contra la magistrado, el bebé permanecía en el “Hogar Fantasía de Colores”.
Según lo expresado por Ezequiel Belauzaran, Asesor de menores, “resulta de gravedad institucional que sea la magistrado quien obvie sujetarse infundadamente a normas de carácter procesal insoslayables” y agregó además: “esta no es la primera vez que lo he advertido”.
En tanto, Villegas remarcó que “la Comisión Bicameral trabaja todos los días en búsqueda de lograr satisfacer los reclamos de la ciudadanía, que cada vez son mayores”.
“Hoy la gente se atreve más a denunciar y esto es bueno para la salud de las instituciones”, señaló el Presidente de la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires .
La presentación denuncia irregularidades procesales en la causa 2650, caratulada como “N.N. s/ protección de Personas”, que tramitó en dicho juzgado, vulnerando los Derechos reconocidos en la Convención del Niño.
La magistrado es acusada por haber impedido el contacto de Rossana Benítez Parodi, una mujer de nacionalidad paraguaya, con su bebé recién nacido.
Parodi, madre de 6 hijos, y viuda del padre de los 5 primeros, producto de su situación económica apremiante había considerado dar el bebé por nacer en adopción. Luego comunicó a la justicia que no lo haría y posteriormente buscó asesoramiento para entregarlo a una familia de su misma nacionalidad, y con quien ella tenía relación desde años anteriores.
Al momento de buscar el camino legal para cumplimentar los trámites, la mujer no contó con la intervención necesaria del Asesor de menores, no se le brindó contención, ni acompañamiento.
El problema se origina cuando Parodi rectifica junto a la Secretaria de la Defensoría oficial, su voluntad de dar en adopción, hecho que le fue comunicado al juzgado que preside la Dra. Montserrat, y a su vez, al hospital para que se efectivizara el alta médica. A pesar de esto, la Jueza, de manera unilateral y sin darle intervención al asesor, ordenó la “guarda institucional” del bebé dentro del área del Servicio de Neonatología del Hospital Municipal Ramón Santamarina requiriendo que se separara al bebé de su madre, e impidiendo el contacto entre ambos, lo que de por sí, ya configuraría un delito tipificado en la ley penal 24.270.
“La magistrada abusa del poder de decidir, con omnipresencia y con tiranía”, señala la denuncia que hace hincapié en “la falta de intervención de los órganos que resultan ser competentes”. En tanto, relata además que el contacto se impidió “desde el mismo momento del último pujo de su madre al parirlo” y que al niño “se le arrebató en ese mismo instante la posibilidad de sentir el calor de su madre”.
En este sentido, el titular de la Comisión Bicameral, el diputado Gabriel Villegas sostuvo que “el pedido de juicio político fue analizado exhaustivamente y creemos que la jueza ha incumplido con su deber, no propiciando la relación madre-hijo que es un derecho natural del ser humano”, y agregó: “creo que esta magistrada ha violado derechos humanos inalienables”.
Por otra parte, cabe destacar, que la decisión de la Dra. Montserrat no demuestra, de acuerdo al expediente, haber sido tomada en base a ningún tipo de estudio socio económico, familiar ni psicológico de la madre, a quien nunca se le brindó el debido asesoramiento, ni tampoco contención alguna.
Al momento de presentarse la denuncia contra la magistrado, el bebé permanecía en el “Hogar Fantasía de Colores”.
Según lo expresado por Ezequiel Belauzaran, Asesor de menores, “resulta de gravedad institucional que sea la magistrado quien obvie sujetarse infundadamente a normas de carácter procesal insoslayables” y agregó además: “esta no es la primera vez que lo he advertido”.
En tanto, Villegas remarcó que “la Comisión Bicameral trabaja todos los días en búsqueda de lograr satisfacer los reclamos de la ciudadanía, que cada vez son mayores”.
“Hoy la gente se atreve más a denunciar y esto es bueno para la salud de las instituciones”, señaló el Presidente de la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires .
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