Los empresarios nucleados en la Confederación General Empresaria (CGERA) cuestionan la “disparidad de tasas en la comparación entre las Pymes y las grandes empresas” debido al concepto de siniestralidad por sector, e intentan que ocurra con las ART algo similar a lo sucedido con las AFJP.
En el marco del la 8° Semana de la Salud y la Seguridad en el Trabajo organizada por el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación, los empresarios nucleados en la Confederación General Empresaria (CGERA) por intermedio de su secretario Raúl Zylbersztein, propusieron “derogar el fracaso”, que constituye la ley vigente de Riesgos del Trabajo.
Remarcaron los esfuerzos de Gonzáles Gaviola y el equipo de la Superintendencia, “quienes desde una entidad de aplicación, sin potestad de modificar leyes, tratan de enderezar lo que nació torcido”.
Luego de firmar junto a la CGT, CTA, UIA y CAME un convenio para implementar la “Estrategia Argentina de Salud y Seguridad en el Trabajo 2011-2015” en el Ministerio de Trabajo, la CGERA realizó aportes para generar un cambio en el sistema.
Zylbersztein remarcó “que la nueva ley debe contemplar en primer lugar la prevención de los accidentes; luego la inmediata y eficiente atención del damnificado; reparar el daño de manera justa sin necesidad de litigios que dilatan la cobranza, y finalmente proteger a los puestos de trabajo, ya que la actual ley deja en estado de indefensión ante la diferencia del reclamo judicial”.
“La Ley fue creada bajo el paradigma de los ‘90, donde el centro no era la producción sino lo financiero, y es así que tiene como protagonistas a entidades financieras, como lo son las empresas de seguros, que hacen inspecciones en sus propios clientes y brindan asistencia de salud, lo que constituye un serio conflicto de intereses y constituye una dilapidación de recursos, ya que también brindan salud las obras sociales” manifestó el dirigente de la CGERA, quien agregó: “El trabajador tiene el derecho a ser atendido donde él eligió, es decir en su obra social, y los recursos que se gastan en salud y su administración servirían para fortalecer el servicio de las obras sociales sindicales y además, poder brindar una atención especializada de acuerdo a los siniestros particulares de cada sector productivo”.
Zylbersztein cuestionó la “disparidad de tasas en la comparación entre las PYMES y las grandes empresas” debido al concepto de siniestralidad por sector y propuso “un sistema solidario, donde la siniestralidad sea tomada por sobre el universo de los trabajadores con una alícuota única para todos” y construir un “fondo solidario” como cobertura. Comparó esta iniciativa con la llevada adelante con la ANSES y las AFJP.
“Hoy los trabajadores PYMES corren el riesgo de tener una bonita sentencia, pero la empresa no tener los recursos para afrontarla, con lo cual quiebra la empresa, se pierden los puestos de trabajo y el trabajador se queda sin la totalidad de la indemnización que le corresponde”, añadió.
“Este fondo constituiría una garantía de cobro, independientemente de la capacidad de pago de la empresa”, pues “la siniestralidad debe ser tomada por empresa, castigando con sobretasas el incumplimiento de la normativa y scoring de siniestros”. (Empresas News).
En el marco del la 8° Semana de la Salud y la Seguridad en el Trabajo organizada por el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación, los empresarios nucleados en la Confederación General Empresaria (CGERA) por intermedio de su secretario Raúl Zylbersztein, propusieron “derogar el fracaso”, que constituye la ley vigente de Riesgos del Trabajo.
Remarcaron los esfuerzos de Gonzáles Gaviola y el equipo de la Superintendencia, “quienes desde una entidad de aplicación, sin potestad de modificar leyes, tratan de enderezar lo que nació torcido”.
Luego de firmar junto a la CGT, CTA, UIA y CAME un convenio para implementar la “Estrategia Argentina de Salud y Seguridad en el Trabajo 2011-2015” en el Ministerio de Trabajo, la CGERA realizó aportes para generar un cambio en el sistema.
Zylbersztein remarcó “que la nueva ley debe contemplar en primer lugar la prevención de los accidentes; luego la inmediata y eficiente atención del damnificado; reparar el daño de manera justa sin necesidad de litigios que dilatan la cobranza, y finalmente proteger a los puestos de trabajo, ya que la actual ley deja en estado de indefensión ante la diferencia del reclamo judicial”.
“La Ley fue creada bajo el paradigma de los ‘90, donde el centro no era la producción sino lo financiero, y es así que tiene como protagonistas a entidades financieras, como lo son las empresas de seguros, que hacen inspecciones en sus propios clientes y brindan asistencia de salud, lo que constituye un serio conflicto de intereses y constituye una dilapidación de recursos, ya que también brindan salud las obras sociales” manifestó el dirigente de la CGERA, quien agregó: “El trabajador tiene el derecho a ser atendido donde él eligió, es decir en su obra social, y los recursos que se gastan en salud y su administración servirían para fortalecer el servicio de las obras sociales sindicales y además, poder brindar una atención especializada de acuerdo a los siniestros particulares de cada sector productivo”.
Zylbersztein cuestionó la “disparidad de tasas en la comparación entre las PYMES y las grandes empresas” debido al concepto de siniestralidad por sector y propuso “un sistema solidario, donde la siniestralidad sea tomada por sobre el universo de los trabajadores con una alícuota única para todos” y construir un “fondo solidario” como cobertura. Comparó esta iniciativa con la llevada adelante con la ANSES y las AFJP.
“Hoy los trabajadores PYMES corren el riesgo de tener una bonita sentencia, pero la empresa no tener los recursos para afrontarla, con lo cual quiebra la empresa, se pierden los puestos de trabajo y el trabajador se queda sin la totalidad de la indemnización que le corresponde”, añadió.
“Este fondo constituiría una garantía de cobro, independientemente de la capacidad de pago de la empresa”, pues “la siniestralidad debe ser tomada por empresa, castigando con sobretasas el incumplimiento de la normativa y scoring de siniestros”. (Empresas News).
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