"Las complicidades internas y la crisis del sistema penitenciario, imponen que el Ministro de Justicia se presente en el Congreso a dar explicaciones"
Los Diputados del GEN/FAP Margarita Stolbizer y Gerardo Milman solicitaron que se cite al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak para que brinde las explicaciones necesarias sobre la fuga de 13 presos de la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza, que forma parte del Servicio Penitenciario Federal.
"La fuga fue advertida en un recuento rutinario de presos. Hicieron un boquete de 70 metros, durante varios días, pasaron varias postas de control. Pero el servicio no sabe ni siquiera informar a qué hora se habría producido. Han denunciado complicidades internas y externas. Es una situación de extrema gravedad que debe ser aclarada por el Ministro ante los Diputados. Esta fuga tiene como antecedente la que protagonizaron los condenados por crímenes de lesa humanidad que estaban alojados en el Hospital Militar de Palermo."
"También queremos saber cuáles son los fundamentos para haber resuelto el pago de compensaciones por información, qué valoración tiene el Ministro sobre la eficacia de estas medidas y cuáles son sus riesgos. Y también queremos conocer por qué se han dejado de lado las impugnaciones existentes sobre el designado Director del servicio, Alejandro Marambio."
"Mientras que la sociedad muchas veces empuja las respuestas demagógicas de funcionarios y candidatos para instalar la cárcel como respuesta al complejo problema de la inseguridad, el sistema penitenciario vuelve a demostrar sus vulnerabilidades y su eficacia en términos de evitar y disminuir los índices delictivos."
"Y también queremos discutir con el Ministro cuál es la política carcelaria del gobierno, cómo piensan eliminar la corrupción y la concepción represiva dentro del sistema."
Para eso, Stolbizer y Milman presentan sus propuestas: Crear un nuevo sistema penitenciario federal para reemplazar el actual, con una lógica de respeto a los derechos humanos, la resocialización como objetivo y una estructura civil reemplazando la militar; Control externo y social de las cárceles y acceso a la información sobre su presupuesto, eliminando su autonomía en este aspecto; Generar auditorías permanentes de la OEA sobre la población carcelaria; Establecer mecanismos participativos y de control social y parlamentario sobre la designación de los responsables del servicio; Implementar seriamente programas de reinserción basados en el acceso a la educación en todos sus niveles, la enseñanza de oficios, la capacitación profesional y la salida laboral.
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