BUENOS AIRES, Diciembre 14, (PUNTO CERO-Infoban) No es casualidad que los intendentes más jóvenes de la región, coincidan en un punto conflictivo para los intendentes mas conservadores del norte bonaerense, pero si lo es que sea tema de agenda política de Posse y Massa.
El intendente de Tigre, Sergio Massa, en el final de su campaña había fijado su punto de vista sobre la construcción indiscriminada de edificios en altura en la zona costera; por su parte, Gustavo Posse hizo hincapié en una reciente conferencia de prensa luego de su asunción como Intendente, sobre la necesidad de mantener el valor de las zonas del bajo, especialmente Libertador, evitando un perjuicio a los vecinos, autorizando edificación en altura.
La explicación no es menor: La necesidad de inversiones es, sin duda una prioridad de cualquier comunidad, no sólo por el trabajo que demanda la construcción, sino por la vida que otorga a los barrios. Pero ello no es óbice para autorizar inversiones a cualquier costo y en cualquier lugar.
Las inversiones deben ser direccionadas desde el gobierno a aquellos espacios que se encuentran más postergados, no a los que se encuentran más “aggiornados”. Este error estratégico y conceptual, viene provocando el rechazo de vastos sectores de la capital y de su vecina, Vicente López.
La falta de planificación, no sólo conlleva corrupción, de la mano de las excepciones y la discrecionalidad, sino que afecta patrimonialmente a los que quizá, sean los mejores contribuyentes de cada municipio, los de mejor poder adquisitivo, con propiedades de alto valor.
Equivocar el rumbo, implica no sólo destruir el entorno de los barrios de la franja costera, sino desvalorizar las propiedades existentes, favoreciendo especulaciones inmobiliarias, y alterando la calidad de vida de los vecinos, que hacen al sostenimiento económico de la comuna con sus impuestos, y al sostenimiento de la comunidad comercial, con su capacidad de consumo.
La determinación de Posse de fomentar el desarrollo de sectores postergados del partido, tiene doble beneficio: se moviliza la economía y el empleo local, y se valorizan las propiedades y se beneficia al comercio, aportando mayor densidad de población, a una zona con infraestructura de servicios conforme a las necesidades de los emprendedores y de los emprendimientos.
Por el lado de Tigre, las siluetas de las palmeras, se ven ensombrecidas por las moles de cemento, en zonas donde el paisaje turístico peligra ante el avance de la ambición de constructores y lobbistas, muchos de ellos enquistados históricamente en el poder.
No es menor el dato: Tanto en Vicente López como en Tigre, amigos del poder, propios y extraños, compraron terrenos con FOT y FOS que los hacían inviables para cualquier emprendimiento, y diligentemente recibían beneficios que multiplicaban el valor de la propiedad, convirtiéndola en apta para edificios de gran altura.
No es casual que en el caso de Vicente López, las excepciones se conviertan en la regla, ni lo era en Tigre, o mas recientemente en San Fernando, planificar desde el ejecutivo por anomia.
La necesidad de una planificación urbana, ligada a los servicios, los accesos, el plan ambiental y el respeto por los que ya están, e hicieron la identidad de sus barrios dentro de un marco legal, son el principal fundamento para evitar la tentación de los números inmobiliarios.
Hay que recordar que con un costo estimado de 1.500 dolares el metro cuadrado de categoría, el precio de venta implica un beneficio del 100%. La tajada es grande. Un par de pisos mas implican para un desarrollo 300 o 400 metros cuadrados, y un beneficio que alcanzaría medio millón de dolares.
Cuando una ordenanza de excepción autoriza una decena de pisos extras, si estudios de impacto ambiental ni urbanístico, o cuando un decreto hace lo propio, ocultan un beneficio millonario que no se presume ingenuo, ni propio de cándidos legisladores.
El intendente de Tigre, Sergio Massa, en el final de su campaña había fijado su punto de vista sobre la construcción indiscriminada de edificios en altura en la zona costera; por su parte, Gustavo Posse hizo hincapié en una reciente conferencia de prensa luego de su asunción como Intendente, sobre la necesidad de mantener el valor de las zonas del bajo, especialmente Libertador, evitando un perjuicio a los vecinos, autorizando edificación en altura.
La explicación no es menor: La necesidad de inversiones es, sin duda una prioridad de cualquier comunidad, no sólo por el trabajo que demanda la construcción, sino por la vida que otorga a los barrios. Pero ello no es óbice para autorizar inversiones a cualquier costo y en cualquier lugar.
Las inversiones deben ser direccionadas desde el gobierno a aquellos espacios que se encuentran más postergados, no a los que se encuentran más “aggiornados”. Este error estratégico y conceptual, viene provocando el rechazo de vastos sectores de la capital y de su vecina, Vicente López.
La falta de planificación, no sólo conlleva corrupción, de la mano de las excepciones y la discrecionalidad, sino que afecta patrimonialmente a los que quizá, sean los mejores contribuyentes de cada municipio, los de mejor poder adquisitivo, con propiedades de alto valor.
Equivocar el rumbo, implica no sólo destruir el entorno de los barrios de la franja costera, sino desvalorizar las propiedades existentes, favoreciendo especulaciones inmobiliarias, y alterando la calidad de vida de los vecinos, que hacen al sostenimiento económico de la comuna con sus impuestos, y al sostenimiento de la comunidad comercial, con su capacidad de consumo.
La determinación de Posse de fomentar el desarrollo de sectores postergados del partido, tiene doble beneficio: se moviliza la economía y el empleo local, y se valorizan las propiedades y se beneficia al comercio, aportando mayor densidad de población, a una zona con infraestructura de servicios conforme a las necesidades de los emprendedores y de los emprendimientos.
Por el lado de Tigre, las siluetas de las palmeras, se ven ensombrecidas por las moles de cemento, en zonas donde el paisaje turístico peligra ante el avance de la ambición de constructores y lobbistas, muchos de ellos enquistados históricamente en el poder.
No es menor el dato: Tanto en Vicente López como en Tigre, amigos del poder, propios y extraños, compraron terrenos con FOT y FOS que los hacían inviables para cualquier emprendimiento, y diligentemente recibían beneficios que multiplicaban el valor de la propiedad, convirtiéndola en apta para edificios de gran altura.
No es casual que en el caso de Vicente López, las excepciones se conviertan en la regla, ni lo era en Tigre, o mas recientemente en San Fernando, planificar desde el ejecutivo por anomia.
La necesidad de una planificación urbana, ligada a los servicios, los accesos, el plan ambiental y el respeto por los que ya están, e hicieron la identidad de sus barrios dentro de un marco legal, son el principal fundamento para evitar la tentación de los números inmobiliarios.
Hay que recordar que con un costo estimado de 1.500 dolares el metro cuadrado de categoría, el precio de venta implica un beneficio del 100%. La tajada es grande. Un par de pisos mas implican para un desarrollo 300 o 400 metros cuadrados, y un beneficio que alcanzaría medio millón de dolares.
Cuando una ordenanza de excepción autoriza una decena de pisos extras, si estudios de impacto ambiental ni urbanístico, o cuando un decreto hace lo propio, ocultan un beneficio millonario que no se presume ingenuo, ni propio de cándidos legisladores.
Sin reglas claras, por último, los propios inversores serán víctimas de la metodología, cuando el terreno de enfrente, se consolide en el próximo beneficiario de otra excepción. Allí, entonces su edificio de lujo con vista al río, tendrá vista al lavadero de los que, ahora, tienen vista al río. (PUNTO CERO-Infoban).
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