La Plata es el primer municipio que decidió ‘romper’ con el esquema CEAMSE, y desde hace meses trabaja para desarrollar su propia política en gestión de residuos sólidos urbanos. Reciclado, reutilización y reducción (las 3 R del círculo virtuoso) forman parte de las acciones gubernamentales, además del emplazamiento de una planta propia de tratamiento. Federovisky, funcionario a cargo del tema, explica cómo y por qué los gobiernos locales deben tomar cartas en el asunto.
Cuando en 1977 la dictadura instaló el sistema de coerción municipal que implica que un supraorganismo –el Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado, conocido como Ceamse- monopolice el manejo de los residuos, los gobiernos locales firmaron su renuncia a ejercitar su propia política ambiental.
Más allá de la opinión técnica o política que merezcan las posteriores –y ya democráticas- conducciones del Ceamse, lo concreto es que los municipios quedaron confinados a ser rehenes de una lógica por la cual entregan sus residuos y pagan por un sistema de disposición que decide un tercero. La posibilidad de ejercitar el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, eje de la política ambiental de toda ciudad de más de cien mil habitantes en todo el planeta moderno, quedaba definitivamente eliminada. Ese sistema llegó a su fin. Y los municipios, de a uno, van redescubriendo que la posibilidad de tener política ambiental propia reside en recuperar el manejo de los residuos para encarar otra opción conceptual. Hasta hoy, debido a la marca genética del Ceamse destinada a rellenar terrenos infraurbanos con desperdicios, el residuo es básicamente un desecho: aún cuando se pongan en práctica programas de recolección diferenciada y reciclaje, esa metodología cubre apenas un cuarto del total de la basura que se produce en una ciudad. El resto, sin prácticamente ningún método no testimonial de obtención de valor, se elimina, tal como idearon los cráneos del gobierno militar, alentados por el abogado Guillermo Laura, autor del concepto –entonces pretendidamente moderno- de “cinturón ecológico”. La basura era la materia prima para tapar agujeros.
Desde el gobierno del intendente Pablo Bruera, al confrontarnos con la situación concreta de la orden de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires de dar cierre al relleno sanitario de Ensenada que administra el Ceamse, elegimos recuperar la política ambiental para la ciudad. Y eso significaba poner en marcha un programa serio y consistente en el tiempo de manejo de los residuos sólidos urbanos. La primera decisión fue que, además de exigir a los ciudadanos –mediante la excusa de la educación ambiental- que separaran los residuos, el Estado debía comprometerse claramente en el asunto. Y así fue que La Plata puso en marcha un programa de recolección diferenciada que inicialmente estaba destinado a los residuos secos (potencialmente reciclables que se destinan a las cooperativas de cartoneros) y hoy alcanza a la casi totalidad de la basura que se genera en un hogar y que exige un tipo de tratamiento diferenciado: aceites comestibles usados, medicamentos vencidos, pilas y baterías descartables, residuos informáticos y neumáticos usados.
La segunda decisión, ante la tentación de algunos sectores de repetir la historia y abrir un nuevo relleno sanitario con la resistencia social que hoy genera, fue poner en marcha una alternativa que se convierta en una propuesta de tratamiento con elevada incorporación de tecnología: cambiar la lógica de la eliminación de la basura por el concepto de recuperar de ella todo lo que se pueda. La Plata trabajó con los municipios de la zona (Berisso, Ensenada, Brandsen y Punta Indio) en un esquema de regionalización. Asimismo, se avanzó con la provincia de Buenos Aires, y sus autoridades políticas y ambientales, en un modelo de apoyo financiero para instalar la primera planta de tratamiento con recuperación de residuos de todo el país.
La Plata fue el eje de la convocatoria a una licitación de carácter inusual: el objetivo era seleccionar la mejor propuesta tecnológica y no –apenas- la más conveniente económicamente. El pliego de la licitación incluyó enormes exigencias en ese sentido: quien hiciera una propuesta debía integrar una planta de separación y selección de alta sofisticación tecnológica; debía incorporar un sistema de valorización de la fracción no reciclable; debía presentar un sistema de recuperación de la materia orgánica para obtener abono y, principalmente, no podía presentar un modelo en el que el rechazo superara el treinta por ciento del total.
El proceso licitatorio, además, fue cristalino y participativo: se conformó un comité consultivo de evaluación integrado por todas las ONGs ambientalistas que decidieran integrarlo (finalmente participaron diez organizaciones), más las universidades y demás organismos técnicos. Todos hicieron una evaluación de las propuestas recibidas.
La propuesta finalmente seleccionada es altamente superadora de cualquier realidad de tratamiento de residuos que hoy exista en el país. Reintegra al sistema de reciclaje cerca del 25 por ciento del residuo, recupera en forma de compostaje la totalidad de la fracción orgánica (cerca de un 40 por ciento del total), produce un combustible sólido recuperado con la fracción inorgánica que permite su uso en cementeras o usinas eléctricas en reemplazo del carbón, con el aporte a la reducción de gases de invernadero que eso supone. Y no tiene relleno sanitario: el rechazo final, calculado en un 15 al 20 por ciento del total, se inertiza y se utiliza para la restauración de canteras. Concretamente, el cien por ciento del residuo que se genera en La Plata tendrá algún tipo de utilidad.
Todo esto supone un cambio cualitativo y cultural muy profundo para un sistema que lleva casi treinta y cuatro años de reinado.
Pero se impone un avance. Se impone una política ambiental moderna, eficiente y en manos de los gobiernos locales, aquellos que más próximos están de la gente. (Informe Digital Metropolitano).
Cuando en 1977 la dictadura instaló el sistema de coerción municipal que implica que un supraorganismo –el Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado, conocido como Ceamse- monopolice el manejo de los residuos, los gobiernos locales firmaron su renuncia a ejercitar su propia política ambiental.
Más allá de la opinión técnica o política que merezcan las posteriores –y ya democráticas- conducciones del Ceamse, lo concreto es que los municipios quedaron confinados a ser rehenes de una lógica por la cual entregan sus residuos y pagan por un sistema de disposición que decide un tercero. La posibilidad de ejercitar el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, eje de la política ambiental de toda ciudad de más de cien mil habitantes en todo el planeta moderno, quedaba definitivamente eliminada. Ese sistema llegó a su fin. Y los municipios, de a uno, van redescubriendo que la posibilidad de tener política ambiental propia reside en recuperar el manejo de los residuos para encarar otra opción conceptual. Hasta hoy, debido a la marca genética del Ceamse destinada a rellenar terrenos infraurbanos con desperdicios, el residuo es básicamente un desecho: aún cuando se pongan en práctica programas de recolección diferenciada y reciclaje, esa metodología cubre apenas un cuarto del total de la basura que se produce en una ciudad. El resto, sin prácticamente ningún método no testimonial de obtención de valor, se elimina, tal como idearon los cráneos del gobierno militar, alentados por el abogado Guillermo Laura, autor del concepto –entonces pretendidamente moderno- de “cinturón ecológico”. La basura era la materia prima para tapar agujeros.
Desde el gobierno del intendente Pablo Bruera, al confrontarnos con la situación concreta de la orden de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires de dar cierre al relleno sanitario de Ensenada que administra el Ceamse, elegimos recuperar la política ambiental para la ciudad. Y eso significaba poner en marcha un programa serio y consistente en el tiempo de manejo de los residuos sólidos urbanos. La primera decisión fue que, además de exigir a los ciudadanos –mediante la excusa de la educación ambiental- que separaran los residuos, el Estado debía comprometerse claramente en el asunto. Y así fue que La Plata puso en marcha un programa de recolección diferenciada que inicialmente estaba destinado a los residuos secos (potencialmente reciclables que se destinan a las cooperativas de cartoneros) y hoy alcanza a la casi totalidad de la basura que se genera en un hogar y que exige un tipo de tratamiento diferenciado: aceites comestibles usados, medicamentos vencidos, pilas y baterías descartables, residuos informáticos y neumáticos usados.
La segunda decisión, ante la tentación de algunos sectores de repetir la historia y abrir un nuevo relleno sanitario con la resistencia social que hoy genera, fue poner en marcha una alternativa que se convierta en una propuesta de tratamiento con elevada incorporación de tecnología: cambiar la lógica de la eliminación de la basura por el concepto de recuperar de ella todo lo que se pueda. La Plata trabajó con los municipios de la zona (Berisso, Ensenada, Brandsen y Punta Indio) en un esquema de regionalización. Asimismo, se avanzó con la provincia de Buenos Aires, y sus autoridades políticas y ambientales, en un modelo de apoyo financiero para instalar la primera planta de tratamiento con recuperación de residuos de todo el país.
La Plata fue el eje de la convocatoria a una licitación de carácter inusual: el objetivo era seleccionar la mejor propuesta tecnológica y no –apenas- la más conveniente económicamente. El pliego de la licitación incluyó enormes exigencias en ese sentido: quien hiciera una propuesta debía integrar una planta de separación y selección de alta sofisticación tecnológica; debía incorporar un sistema de valorización de la fracción no reciclable; debía presentar un sistema de recuperación de la materia orgánica para obtener abono y, principalmente, no podía presentar un modelo en el que el rechazo superara el treinta por ciento del total.
El proceso licitatorio, además, fue cristalino y participativo: se conformó un comité consultivo de evaluación integrado por todas las ONGs ambientalistas que decidieran integrarlo (finalmente participaron diez organizaciones), más las universidades y demás organismos técnicos. Todos hicieron una evaluación de las propuestas recibidas.
La propuesta finalmente seleccionada es altamente superadora de cualquier realidad de tratamiento de residuos que hoy exista en el país. Reintegra al sistema de reciclaje cerca del 25 por ciento del residuo, recupera en forma de compostaje la totalidad de la fracción orgánica (cerca de un 40 por ciento del total), produce un combustible sólido recuperado con la fracción inorgánica que permite su uso en cementeras o usinas eléctricas en reemplazo del carbón, con el aporte a la reducción de gases de invernadero que eso supone. Y no tiene relleno sanitario: el rechazo final, calculado en un 15 al 20 por ciento del total, se inertiza y se utiliza para la restauración de canteras. Concretamente, el cien por ciento del residuo que se genera en La Plata tendrá algún tipo de utilidad.
Todo esto supone un cambio cualitativo y cultural muy profundo para un sistema que lleva casi treinta y cuatro años de reinado.
Pero se impone un avance. Se impone una política ambiental moderna, eficiente y en manos de los gobiernos locales, aquellos que más próximos están de la gente. (Informe Digital Metropolitano).
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