Los cruces entre Nación y Ciudad por el saneamiento de la zona ribereña y la construcción de viviendas sociales todavía continúan. Pero en rigor de verdad, y aunque ya hubo un primer desalojo de tres familias, las autoridades no iniciaron el censo que la ley exige para poder darle una solución habitacional a las personas que residen a la vera del río. El temor de que se produzca allí un “nuevo Parque Indoamericano”.
“En una imagen, el Riachuelo representa lo peor de la Argentina: la especulación, la negligencia y la corrupción política que deja paso libre a la contaminación”, sintetizó a LPO Enrique Viale, el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
Es que en los últimos días, y con el anuncio del ministro Amado Boudou sobre la construcción de 17 mil viviendas para los habitantes del camino de sirga -una figura legal que establece en 35 metros las márgenes de un río que deben quedar libres- , se reavivó la polémica por el siempre postergado saneamiento del Riachuelo.
Lo cierto es que más allá de los anuncios mediáticos y los cruces de chicanas, existe una sentencia judicial, dictada por la Corte Suprema, en julio de 2008, que obliga a los Estados nacional, provincial y municipal a proceder al urgente saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
A su vez, el Juez Federal de Quilmes Luis Armella -en quien la Corte delegó el control de la aplicación del fallo- había puesto como plazo máximo el 1 de febrero de 2011, para la presentación de un plan de características excepcionales que haga "efectivo y urgente" el cumplimiento de acciones necesarias para erradicar "total y definitivamente" las viviendas precarias que se encuentren sobre el talud del río y en la zona de restricción establecida como "camino de sirga".
Por esta intervención judicial, a mediados de enero comenzaron los desalojos. Pero “sotto voce” y sin censo, porque los dirigentes temen que si se difunde que la zona se está desocupando, los punteros políticos de las villas aledañas podrían “aprovechar” la situación y movilizar hacia allí a su gente. “El miedo es que los kilómetros que bordean al Riachuelo se transformen en un nuevo Parque Indoamericano”, señaló a LPO una fuente cercana a ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo).
El primer desalojo, sin censo previo
El pasado miércoles 13 de enero, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó un operativo en la llamada Villa Richuelo. Frente a la presencia de Gendarmería, Policía Federal y Policía Metropolitana, tres familias debieron abandonar las casillas precarias en las que residían y sobre las que ese mismo día pasó la topadora.
Según denunciaron a LPO fuentes de la Defensoría General de la Ciudad, esta gente se encuentra ahora en situación de calle. Es decir, una vez que se los desalojó de sus viviendas, la cartera porteña de Desarrollo Social se desentendió de ellos, incumpliendo con la relocalización que exige el fallo de la Corte Suprema.
Tampoco cobraron un subsidio. Es que Ciudad ofrece 700 pesos por grupo familiar y la Defensoría reclama 6.300; y hasta ahora no hubo un punto de acuerdo.
“Por supuesto que hay que dar cumplimiento a la liberación del camino de sirga, y que es necesario que esas personas dejen de vivir en un lugar plagado de contaminación; pero hay un protocolo de desalojo que exige un censo previo, la revisión de menores, la presencia de asesores tutelares y la relocalización. Aquí, está a la vista, que en la Ciudad nada de esto se cumplió”, detallan desde el organismo de Justicia.
Según fuentes de la Ciudad, la realización del censo es siempre un dolor de cabeza para las autoridades. Tal es así, que 2006 hasta se recurrió a una mentira y se les dijo a los habitantes de Villa Cartón que se los censaba para un Programa de Emergencia Alimentaria, cuando en realidad, se trataba de un censo poblacional. La estrategia no funcionó porque luego los resultados no sirvieron.
Los anuncios repetidos
“Lo de Boudou es pura política, de hecho es casi igual a lo que prometió Romina Picolotti en 2006”, se quejó el ambientalista Enrique Viale y cuestionó que un anuncio de semejantes características sólo complica el funcionamiento interno de la autoridad de aplicación del saneamiento, el órgano tripartito que conforma el ACUMAR.
Hace ya más de cuatro años, la ex titular de la cartera de Medio Ambiente había presentado un plan que pretendía construir viviendas para 10.745 familias. A enero de 2011, sólo se construyeron 5.010 y otras 3.840 están en ejecución.
En este nuevo plan, el Gobierno Nacional comprometió 3.173 millones de pesos para la construcción de 17.771 viviendas sociales, en la Capital y en territorio bonaerense. La propuesta incluye a 2.384 familias que habitan sobre el camino de sirga (571 de la provincia de Buenos Aires y 1.813 de la ciudad); y otras 15.387 familias que se ubican fuera de esa área restringida (14.673 de la provincia de Buenos Aires y 714 de la ciudad).
“Pero las inversiones no deberían pensarse en función del posicionamiento para el candidato de turno. El planteo de que ACUMAR se ocupe del saneamiento del Riachuelo es justamente lo opuesto a lo que está pasando”, reclamó Viale.
Para la administración macrista, también hubo críticas. “Las más de 1200 familias que viven en el asentamiento Luján, en el Pueblito, Puente Bosch , villa 26 y villa 21-24 son responsabilidad primaria e indelegable del gobierno porteño", indicó Alejandro Franco, el abogado patrocinante de los habitantes de la villa 26; y agregó “en los cinco años en que se fijó la emergencia sanitaria y ambiental para la cuenca, no se trasladó ni reubicó ni una sola familia o persona, y, por supuesto, no existe un seguimiento sobre la salud de esta gente, como expresa la ley”.
Sobre esta cuestión, Viale recordó un índice dramático: en una simple comparativa con la media de la Ciudad, la tasa de mortalidad se triplica en los habitantes radicados en las orillas del río. (La Política OnLine).
Es que en los últimos días, y con el anuncio del ministro Amado Boudou sobre la construcción de 17 mil viviendas para los habitantes del camino de sirga -una figura legal que establece en 35 metros las márgenes de un río que deben quedar libres- , se reavivó la polémica por el siempre postergado saneamiento del Riachuelo.
Lo cierto es que más allá de los anuncios mediáticos y los cruces de chicanas, existe una sentencia judicial, dictada por la Corte Suprema, en julio de 2008, que obliga a los Estados nacional, provincial y municipal a proceder al urgente saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
A su vez, el Juez Federal de Quilmes Luis Armella -en quien la Corte delegó el control de la aplicación del fallo- había puesto como plazo máximo el 1 de febrero de 2011, para la presentación de un plan de características excepcionales que haga "efectivo y urgente" el cumplimiento de acciones necesarias para erradicar "total y definitivamente" las viviendas precarias que se encuentren sobre el talud del río y en la zona de restricción establecida como "camino de sirga".
Por esta intervención judicial, a mediados de enero comenzaron los desalojos. Pero “sotto voce” y sin censo, porque los dirigentes temen que si se difunde que la zona se está desocupando, los punteros políticos de las villas aledañas podrían “aprovechar” la situación y movilizar hacia allí a su gente. “El miedo es que los kilómetros que bordean al Riachuelo se transformen en un nuevo Parque Indoamericano”, señaló a LPO una fuente cercana a ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo).
El primer desalojo, sin censo previo
El pasado miércoles 13 de enero, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizó un operativo en la llamada Villa Richuelo. Frente a la presencia de Gendarmería, Policía Federal y Policía Metropolitana, tres familias debieron abandonar las casillas precarias en las que residían y sobre las que ese mismo día pasó la topadora.
Según denunciaron a LPO fuentes de la Defensoría General de la Ciudad, esta gente se encuentra ahora en situación de calle. Es decir, una vez que se los desalojó de sus viviendas, la cartera porteña de Desarrollo Social se desentendió de ellos, incumpliendo con la relocalización que exige el fallo de la Corte Suprema.
Tampoco cobraron un subsidio. Es que Ciudad ofrece 700 pesos por grupo familiar y la Defensoría reclama 6.300; y hasta ahora no hubo un punto de acuerdo.
“Por supuesto que hay que dar cumplimiento a la liberación del camino de sirga, y que es necesario que esas personas dejen de vivir en un lugar plagado de contaminación; pero hay un protocolo de desalojo que exige un censo previo, la revisión de menores, la presencia de asesores tutelares y la relocalización. Aquí, está a la vista, que en la Ciudad nada de esto se cumplió”, detallan desde el organismo de Justicia.
Según fuentes de la Ciudad, la realización del censo es siempre un dolor de cabeza para las autoridades. Tal es así, que 2006 hasta se recurrió a una mentira y se les dijo a los habitantes de Villa Cartón que se los censaba para un Programa de Emergencia Alimentaria, cuando en realidad, se trataba de un censo poblacional. La estrategia no funcionó porque luego los resultados no sirvieron.
Los anuncios repetidos
“Lo de Boudou es pura política, de hecho es casi igual a lo que prometió Romina Picolotti en 2006”, se quejó el ambientalista Enrique Viale y cuestionó que un anuncio de semejantes características sólo complica el funcionamiento interno de la autoridad de aplicación del saneamiento, el órgano tripartito que conforma el ACUMAR.
Hace ya más de cuatro años, la ex titular de la cartera de Medio Ambiente había presentado un plan que pretendía construir viviendas para 10.745 familias. A enero de 2011, sólo se construyeron 5.010 y otras 3.840 están en ejecución.
En este nuevo plan, el Gobierno Nacional comprometió 3.173 millones de pesos para la construcción de 17.771 viviendas sociales, en la Capital y en territorio bonaerense. La propuesta incluye a 2.384 familias que habitan sobre el camino de sirga (571 de la provincia de Buenos Aires y 1.813 de la ciudad); y otras 15.387 familias que se ubican fuera de esa área restringida (14.673 de la provincia de Buenos Aires y 714 de la ciudad).
“Pero las inversiones no deberían pensarse en función del posicionamiento para el candidato de turno. El planteo de que ACUMAR se ocupe del saneamiento del Riachuelo es justamente lo opuesto a lo que está pasando”, reclamó Viale.
Para la administración macrista, también hubo críticas. “Las más de 1200 familias que viven en el asentamiento Luján, en el Pueblito, Puente Bosch , villa 26 y villa 21-24 son responsabilidad primaria e indelegable del gobierno porteño", indicó Alejandro Franco, el abogado patrocinante de los habitantes de la villa 26; y agregó “en los cinco años en que se fijó la emergencia sanitaria y ambiental para la cuenca, no se trasladó ni reubicó ni una sola familia o persona, y, por supuesto, no existe un seguimiento sobre la salud de esta gente, como expresa la ley”.
Sobre esta cuestión, Viale recordó un índice dramático: en una simple comparativa con la media de la Ciudad, la tasa de mortalidad se triplica en los habitantes radicados en las orillas del río. (La Política OnLine).
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