La medida respondió a un pedido de la querella, tras las confesiones del genocida en el libro Disposición Final.
El viernes, con el mayor de los secretos y sin ningún tipo de filtración a la prensa, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó los domicilios de Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy y Santiago Omar Riveros. En los tres allanamientos, ordenados por la jueza federal de San Martín Alicia Vence en el marco de la causa “Campo de Mayo” (4012/03), se secuestró documentación muy sensible que será investigada por el juzgado.
Entre el material incautado hay carpetas con la leyenda “estrictamente secreto y confidencial”, cassettes de video y de audio, un sobre cerrado que Videla pensaba enviarle a Riveros, partes de inteligencia, y documentos oficiales de la dictadura que llevan el rótulo “secreto”, como “las Pautas de la Junta Militar al Poder Ejecutivo Nacional para ejercicio de la acción de gobierno”.
Los documentos fueron secuestrados en el departamento de Videla –preso en la unidad penitenciaria de Campo de Mayo–, de Cabildo 639, como también en las viviendas de Riveros y Harguindeguy, ubicadas en 3 de Febrero 1950 y en Eva Perón 1331, de Los Polvorines.
Los allanamientos fueron solicitados por Vence, titular del Juzgado Federal Nº 1 de San Martín. La orden de la magistrada había sido “proceder al secuestro de toda la documentación” relacionada con los hechos delictivos cometidos durante la última dictadura. Lo mismo pidió con respecto a “cualquier otro elemento de interés” para la investigación. El pedido para allanar los domicilios de Videla, Riveros (ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo, máximo responsable de la represión en la llamada “zona 4”, que abarcaba toda el norte del conurbano hasta Zárate y Campana) y Harguindeguy (ex ministro del Interior de la dictadura) surgió de una presentación del abogado Pablo Llonto, representante de varios grupos de familias de desaparecidos y querellante en la causa.
Los allanamientos del viernes, que se conocieron recién ayer, pueden ser leídos como la primera repercusión en la justicia de las confesiones de Videla que aparecen en el libro Disposición Final, del periodista Ceferino Reato. Según contó el propio autor, los dichos de Videla que figuran en el libro surgieron de más de 20 horas de conversaciones mantenidas con el genocida en el lugar de reclusión. “No hay listas con el destino final de los desaparecidos. Podría haber listas parciales, pero desprolijas”, le dijo Videla a Reato. El libro aporta un dato muy fuerte que el autor podría haber profundizado más: el dictador le contó que entre enero y febrero de 1976, las FF AA conformaron la lista de las personas que debían ser detenidas inmediatamente después del golpe, según su lugar de residencia o trabajo. El propio Videla contó que personal de inteligencia de las FF AA confeccionó las listas pero que en la tarea –que era individualizar a las futuras víctimas– también colaboraron “empresarios, ejecutivos, sindicalistas, funcionarios, profesores, dirigentes políticos y estudiantiles”, que aportaron más nombres. La identidad de esos cómplices civiles aún no se conoce.
Tras la difusión del contenido del libro Disposición Final, Llonto pidió a la jueza que citara a Reato para que prestara declaración testimonial. Lo hizo en representación de todos los grupos de damnificados que patrocina, como las familias Santucho, Muñiz Barreto, Caretti, los familiares de los desaparecidos en Zárate y Campana, y aquellos ligados a la contraofensiva montonera. “Sin necesidad de violar el secreto profesional, que para los periodistas está protegido por la Constitución, le pedimos a la jueza que citara a Reato para que ponga a disposición las 20 horas de grabación con Videla que según él habría realizado”, contó Llonto a Tiempo Argentino. “En el escrito también pedimos que hiciera un allanamiento en la casa de Videla, de la Avenida Cabildo, para secuestrar toda la documentación que tuviera que ver con la época en búsqueda de las listas (de desaparecidos).
Porque el propio Videla, en el libro, dice que había carpetas y admite que, en alguna oportunidad, él tuvo carpetas y papeles relacionados con algunos casos”, explicó el abogado. Lo que seguirá, ahora, es la revisión minuciosa del material incautado. En los tribunales federales de San Martín puede estar esperando un tesoro: un tesoro de información para llegar a la verdad.
El dato Causa 4012
“Los allanamientos están vinculados con la causa de Campo de Mayo, la causa 4012”, confirmó a Tiempo Argentino la jueza federal Alicia Vence. (Info Glaciar).
El viernes, con el mayor de los secretos y sin ningún tipo de filtración a la prensa, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó los domicilios de Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy y Santiago Omar Riveros. En los tres allanamientos, ordenados por la jueza federal de San Martín Alicia Vence en el marco de la causa “Campo de Mayo” (4012/03), se secuestró documentación muy sensible que será investigada por el juzgado.
Entre el material incautado hay carpetas con la leyenda “estrictamente secreto y confidencial”, cassettes de video y de audio, un sobre cerrado que Videla pensaba enviarle a Riveros, partes de inteligencia, y documentos oficiales de la dictadura que llevan el rótulo “secreto”, como “las Pautas de la Junta Militar al Poder Ejecutivo Nacional para ejercicio de la acción de gobierno”.
Los documentos fueron secuestrados en el departamento de Videla –preso en la unidad penitenciaria de Campo de Mayo–, de Cabildo 639, como también en las viviendas de Riveros y Harguindeguy, ubicadas en 3 de Febrero 1950 y en Eva Perón 1331, de Los Polvorines.
Los allanamientos fueron solicitados por Vence, titular del Juzgado Federal Nº 1 de San Martín. La orden de la magistrada había sido “proceder al secuestro de toda la documentación” relacionada con los hechos delictivos cometidos durante la última dictadura. Lo mismo pidió con respecto a “cualquier otro elemento de interés” para la investigación. El pedido para allanar los domicilios de Videla, Riveros (ex comandante de Institutos Militares de Campo de Mayo, máximo responsable de la represión en la llamada “zona 4”, que abarcaba toda el norte del conurbano hasta Zárate y Campana) y Harguindeguy (ex ministro del Interior de la dictadura) surgió de una presentación del abogado Pablo Llonto, representante de varios grupos de familias de desaparecidos y querellante en la causa.
Los allanamientos del viernes, que se conocieron recién ayer, pueden ser leídos como la primera repercusión en la justicia de las confesiones de Videla que aparecen en el libro Disposición Final, del periodista Ceferino Reato. Según contó el propio autor, los dichos de Videla que figuran en el libro surgieron de más de 20 horas de conversaciones mantenidas con el genocida en el lugar de reclusión. “No hay listas con el destino final de los desaparecidos. Podría haber listas parciales, pero desprolijas”, le dijo Videla a Reato. El libro aporta un dato muy fuerte que el autor podría haber profundizado más: el dictador le contó que entre enero y febrero de 1976, las FF AA conformaron la lista de las personas que debían ser detenidas inmediatamente después del golpe, según su lugar de residencia o trabajo. El propio Videla contó que personal de inteligencia de las FF AA confeccionó las listas pero que en la tarea –que era individualizar a las futuras víctimas– también colaboraron “empresarios, ejecutivos, sindicalistas, funcionarios, profesores, dirigentes políticos y estudiantiles”, que aportaron más nombres. La identidad de esos cómplices civiles aún no se conoce.
Tras la difusión del contenido del libro Disposición Final, Llonto pidió a la jueza que citara a Reato para que prestara declaración testimonial. Lo hizo en representación de todos los grupos de damnificados que patrocina, como las familias Santucho, Muñiz Barreto, Caretti, los familiares de los desaparecidos en Zárate y Campana, y aquellos ligados a la contraofensiva montonera. “Sin necesidad de violar el secreto profesional, que para los periodistas está protegido por la Constitución, le pedimos a la jueza que citara a Reato para que ponga a disposición las 20 horas de grabación con Videla que según él habría realizado”, contó Llonto a Tiempo Argentino. “En el escrito también pedimos que hiciera un allanamiento en la casa de Videla, de la Avenida Cabildo, para secuestrar toda la documentación que tuviera que ver con la época en búsqueda de las listas (de desaparecidos).
Porque el propio Videla, en el libro, dice que había carpetas y admite que, en alguna oportunidad, él tuvo carpetas y papeles relacionados con algunos casos”, explicó el abogado. Lo que seguirá, ahora, es la revisión minuciosa del material incautado. En los tribunales federales de San Martín puede estar esperando un tesoro: un tesoro de información para llegar a la verdad.
El dato Causa 4012
“Los allanamientos están vinculados con la causa de Campo de Mayo, la causa 4012”, confirmó a Tiempo Argentino la jueza federal Alicia Vence. (Info Glaciar).
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